EscucharLa pensión exclusiva de los funcionarios del Banco Nacional (BN) le cuesta ¢530 millones mensuales a la institución, para un total de ¢6.360 millones al año, según admitieron representantes de los pensionados que acudieron este miércoles a la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales a defender lo que consideran es un derecho.
La suma anual equivale a la tercera parte de las ganancias netas reportadas por el BN en el 2021 (por un total de de ¢19.152 millones), año en que la banca en general obtuvo un récord en sus utilidades.
La información surgió en el marco de la discusión del proyecto de ley para eliminar las pensiones que cinco instituciones públicas les regalan a sus funcionarios con dinero estatal, entre estas el BN. Esas pensiones son distintas a las del régimen del IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Luis Ángel Gómez Briones, de la Asociación de Pensionados del BN, les explicó a los diputados del foro que el fondo se nutre del aporte del 10% del Banco sobre el salario de los trabajadores y de entre un 5% y un 7% del aporte de cada empleado sobre sus remuneraciones.
Como la planilla de los 5.200 funcionarios de esa entidad bancaria le cuesta ¢5.300 millones mensuales, el aporte del BN al fondo de esa pensión recibe ¢530 millones mensuales y ¢6.360 millones al año.
La respuesta se la dio Gómez a la diputada oficialista Luz Mary Alpízar, quien le preguntó a cuánto equivalía el aporte del banco al fondo de pensiones. Según apuntó la legisladora, de no tener que cubrir estas jubilaciones adicionales, los recursos quedarían como ganancias del BN para beneficio de todos los costarricenses, por ser un banco estatal.
En su réplica, el jubilado sostuvo que, si quedaran en la liquidez del banco, el beneficio en la rebaja en las tasas de interés sería casi nulo.
BCCR había emitido criterio positivo
Durante la discusión, el diputado David Segura, de la bancada de Nueva República, les señaló a los representantes de los trabajadores del BN que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó apoyar el cierre de esas pensiones, por los pasivos contingentes (hecho pasado que puede representar obligación futura) que representan para el Estado.
“Se trata de un proyecto oportuno que da un paso importante para eliminar privilegios injustificados a cargo de los presupuestos de instituciones públicas y que representan pasivos contingentes para el Gobierno Central”, señaló BCCR en octubre del 2020.
En su aval al proyecto, la Junta Directiva del Central estimó que la iniciativa aborda la problemática actual de los regímenes de pensiones complementarios especiales y la forma en que se ha desvirtuado su objetivo original, al propiciar desigualdades y privilegios en instituciones particulares, respecto del resto de cotizantes, lo que fragmenta la cohesión social.
“Los fondos que el proyecto de ley propone derogar representan una contingencia pasiva fiscal, en caso de materializarse una insolvencia, dado que el Estado tendría que capitalizarlos de forma solidaria. Tres de los cuatro fondos denominados de beneficio definido, muestran desequilibrios actuariales, los cuales en conjunto superan el billón de colones”, expuso el BCCR.
El diputado Segura les cuestionó a los representantes de los jubilados cómo el fondo tenía un déficit de ¢45.763 millones en diciembre 2019, de acuerdo con un informe de la Superintendencia de Pensiones (Supen) y que, ahora, la Asociación sostiene que tiene un superávit de ¢12.000 millones.
“Hubo una reforma en el reglamento del IVM y, entonces, pasó a 65 años las jubilaciones. El reglamento del banco dice que la persona se pensiona con el IVM. Eso le aportó suficiente solvencia a la hora de hacer el cálculo actuarial. También, pasó la sucesión a un 50%, antes estaba en 65%. Eso también le dio suficiente capacidad de fondos para salir en el estudio actuarial del 2021 con una solvencia bastante satisfactoria”, citó Héctor Mora Porras, representante de los pensionados, como las razones que provocaron el superávit.
Otras son la eliminación del pago de renta por las ganancias aprobada dentro de la reforma tributaria del 2018 y que el aporte de los empleados va pasando gradualmente del 5% al 7%.
En general, los miembros de la Asociación de pensionados del BN defendieron la existencia de un fondo de pensiones creado con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
Gómez resaltó resaltó que este beneficia a 1.600 jubilados, razón por la cual pidió que el régimen exclusivo tenga continuidad en el tiempo debido a que es un programa vigente desde 1937.
Mora, por su parte, añadió que la cartera de inversión del fondo asciende a unos ¢175.000 millones y destina ¢80.000 millones en el pago de pensiones en curso. Insistió en que este tiene solvencia para continuar.
Dijo que cerrarlo, como lo indica el proyecto, provocaría complicaciones. Una de ellas es la distribución de los recursos de los agremiados, en caso de que los trabajadores decidan no girar los recursos al ROP; como lo propone la iniciativa.
El representante de los jubilados de este régimen del BN pidió tener mucho cuidado para que, en caso de liquidación y entrega de recursos a los trabajadores activos, no se desfinancie el fondo que cubre a los ya pensionados.
“Lo que no queremos nosotros los pensionados es que, al devolver esos fondos, se reconozcan rendimientos (a los trabajadores)”, dijo Mora. “Que se nos garantice que vamos a seguir hasta que muramos con la pensión y tener claridad sobre la sucesión. Si no alcanza la plata, me parece que el banco tiene la responsabilidad de asumir cualquier faltante que ocurra”, demandó Mario Sánchez Corrales, representante de los trabajadores.
Además, indicó Mora, liquidar los recursos implicaría salir al mercado a vender alrededor de ¢36.000 millones que tienen invertidos en deuda pública del Gobierno. Como son títulos de deuda que a diario se revaloran en el mercado, no se sabe si el trabajador recibiría el monto que se le ofrecería en la liquidación.
El proyecto en discusión eliminaría las pensiones exclusivas financiada con fondos públicos en cinco instituciones: en el Banco Nacional, Banco de Costa Rica (BCR), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
