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El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) vetó al empresario audiovisual Christian Bulgarelli Rojas y a su empresa RMC La Productora de su lista de proveedores, por siete años, al considerar que incurrió en prácticas prohibidas de fraude y colusión al obtener un contrato de $405.000 para dar servicios de comunicación al gobierno de Rodrigo Chaves.
Dicho contrato fue financiando con fondos donados por el BCIE al gobierno durante el primer año de mandato de Chaves
“El proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con la exfuncionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica”, dice el pronunciamiento del Banco.
El BCIE rechazó investigar la participación de funcionarios como el mandatario Rodrigo Chaves y el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho presidencial. Esto a pesar de que audios revelados por Patricia Navarro, quien fuera ministra de Comunicación en los primeros cuatro meses de la administración, confirman que Chaves y Rodríguez estaban al tanto de que Bulgarelli sería contratado meses antes de que el contrato del Banco saliera a concurso.
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Al empresario se le adjudicó la licitación pública 032/2022 en agosto del 2022, lo que implicaba un contrato inicial de $300.000, que luego se amplió en $105.000 adicionales. Al año siguiente, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó a Bulgarelli como asesor del presidente, Rodrigo Chaves.
En agosto del 2023, La Nación dio a conocer que las bases del concurso que ganó Bulgarelli eran idénticas a las que él había ayudado a redactar, para la “consultoría estratégica” sobre producción de mensajes y análisis de tendencias de opinión.
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Luego, en octubre, el empresario admitió, en una entrevista con este periódico, que él redactó los requisitos del concurso que luego ganó con el Banco Centroamericano. El abogado que lleva su caso aseguró que se trata de un “linchamiento político” y que demandarán al Banco.
La decisión del BCIE se da a conocer un día después de que la Comisión Investigadora de los Contratos de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) de la Asamblea Legislativa aprobó el informe de la investigación en el cual pidieron al Ministerio Público investigar el manejo de la donación del Banco Centroamericano.
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Según el BCIE, la decisión de vetar a Bulgarelli y a su empresa deriva de su Sistema de Integridad y como consecuencia de la investigación interna que realizó, cuyos resultados remitirá al Ministerio Público.
Añadió que se reserva el derecho de iniciar las acciones que correspondan, a efecto de requerir al proveedor la restitución de los fondos utilizados, así como la restitución de los gastos o costos vinculados con las investigaciones realizadas.
Abogado de Bulgarelli: ‘Es un linchamiento político’
Cristian Arguedas, abogado de Bulgarelli, afirmó que la resolución no le toma por sorpresa debido, según dijo, a la forma irregular como el BCIE llevó a cabo lo que él considera como un “linchamiento” contra su cliente.
El jurista sostuvo que no hay pruebas de colusión o fraude alguno y señaló que este es un “tema político” en el que el Banco quiere manejar una narrativa que responda a otros intereses, con “falta de seriedad”.
“Cuando usted ve la comunicación o la resolución, no dice cuáles fueron las supuestas prácticas de colusión o de fraude, o no dice con quién mi cliente conversó a lo interno del banco, no dice a qué funcionario llamó, no dice a quién le mandó correos, no dice a quién le pidió algo”, aseveró Arguedas.
“La colusión se dio en otro nivel. Don Christian Bulgarelli nunca hizo ningún acto de ese tipo, y eso mismo lo afirmó el bufete BLP, que fue contratado por el Banco Centroamericano para hacer una investigación y rindió un informe, pero como esto es un tema político, entonces el papel aguanta lo que le pongan”, continuó el defensor.
Agregó que el empresario audiovisual demandará al BCIE “por todo este mamarracho de proceso sancionador, que lo que hace es un linchamiento político”.
Como consecuencia de estar en la lista de contrapartes prohibidas, ni Bulgarelli ni su empresa podrán ser adjudicatarios, ni ser sujetos de ampliación de contratos, ni podrán entablar nuevas relaciones contractuales, de negocios, laborales o similares con el BCIE, incluyendo operaciones que se ejecuten con recursos del BCIE o fondos que ese banco administre.
