Costa Rica afronta un deterioro de las libertades de expresión y prensa, que se evidencia en los ataques verbales de este gobierno hacia determinados medios de comunicación y periodistas, además de la negativa de instituciones de facilitar información de interés público.
Este fue uno de los hallazgos que reveló el Informe Estado de la Nación este jueves, en el capítulo Fortalecimiento de la Democracia-Balance 2023. Según el estudio, una forma de analizar el estado de la libertad de prensa y expresión es estudiar la cantidad de denuncias por vulneración de estos derechos.
En ese sentido, el año 2022 contabilizó cifras récord en cantidad de recursos de amparo interpuestos en defensa de dichas libertades. Desde que se creó la Sala Constitucional, en 1989, hasta el 2013, ese tribunal recibía menos de 100 casos por año. Sin embargo, este 2022 se presentaron 358 recursos.
Añadieron que otra muestra del deterioro de la libertad de expresión y prensa es la caída de 15 puestos que experimentó Costa Rica del 2022 a 2023 en la Clasificación Mundial de Liberad de Prensa, elaborada anualmente por la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF). El país pasó del puesto 8 al 23.
El informe de RSF, publicado en mayo del 2023, señala que la polarización y la inestabilidad institucional, que afecta a varios países de la región, fomentan la hostilidad y los recelos hacia los medios.
“El uso de la desinformación y la propaganda, casi siempre ligado a la violencia en las redes sociales contra periodistas y medios, se está normalizando y es ya un elemento en toda regla de la estrategia de los líderes políticos, que refuerzan así su control sobre el discurso público″, detalló el Informe Estado de la Nación.
“Costa Rica, que se mantenía como el último bastión de la región con una situación ‘buena’, ha cambiado de categoría tras caer 5 puntos, debido a un retroceso muy marcado de su puntuación política”, agregó el estudio.
No obstante, los investigadores recalcaron que pese a los intentos del Poder Ejecutivo por estigmatizar a la prensa crítica, el periodismo está protegido por la legislación del país, y la Sala Constitucional ha garantizado la protección de la confidencialidad de las fuentes y la defensa de una prensa libre en democracia.
Precisamente el pasado mes de mayo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó el informe de Reporteros Sin Fronteras, lo minimizó al indicar que es una organización gremial integrada por medios de comunicación y periodistas, y afirmó que responde a los intereses de sus financistas.
La investigación también destacó las declaraciones emitidas por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) a propósito de la sentencia N.° 2023-012085 de la Sala IV, que señala que la utilización de lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa.
El Colper explicó que la función del periodismo es relatar hechos de interés público y pedir cuentas a quienes desde el poder del Estado lideran al país. Asimismo, detalló que un clima hostil hacia la prensa genera mayor vulnerabilidad y riesgo para los periodistas, lo cual podría producir autocensura, autolimitación o autocontención.
El Informe Estado de la Nación recordó que, dada la naturaleza de los medios de comunicación y los gobiernos, la relación entre ellos tiende a ser, por lo general, tensa y conflictiva. Es normal que el escrutinio de la prensa y las reacciones de los gobiernos generen fricciones. Sin embargo, se destacó que en una democracia ambas partes no deberían recurrir a ataques sistemáticos y abusos para anular a sus oponentes.
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