Escuchar“Proteger refugiados no es solamente un acto humanitario, sino que es una obligación internacional que tiene Costa Rica”, afirmó Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, luego de que la Sala IV encontró una disposición que viola los derechos humanos en el decreto emitido en diciembre por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre el tratamiento a los refugiados.
Al resolver un recurso de hábeas corpus de un ciudadano nicaragüense a quien le prohibieron asistir a una actividad académica en Colombia, el Tribunal calificó de inconstitucional la decisión de prohibir que los solicitantes de refugio salgan de Costa Rica. Chaves argumentaba que, si una persona sale del país, no hay una necesidad real de protección internacional por parte del Estado costarricense.
Ante la sentencia, el mandatario indicó el pasado 17 de febrero que corregirán el decreto y que “no es el fin del mundo”.
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La funcionaria de Amnistía Internacional recordó que Costa Rica tiene obligaciones internacionales de proveer protección a las personas que la necesiten, debido a que el país es signatario de la Convención de Refugiados de 1951. Además, es parte de acuerdos regionales, como la declaración de Cartagena, un instrumento internacional para refugiados de América Central, México y Panamá.
Esta normativa pone a Costa Rica en la obligación de colaborarle a las personas que necesitan salir de sus países y encontrar refugio en algún lugar.
Es importante “no limitar el derecho, porque finalmente lo único que genera es que las personas tomen rutas más riesgosas. La gente tiene que escapar. (Chaves) lo que necesita más bien es ordenar que las personas puedan acceder a su derecho a solicitar asilo de una manera transparente, ágil y eficiente.
“De manera que no se convierta en una carga para el Estado, sino se convierta en una oportunidad de que los recursos lleguen de la comunidad internacional para que pueda responder frente a la crisis humanitaria”, explicó Guevara.
La Directora de Amnistía Internacional considera que Costa Rica está bien posicionada para llamar a la comunidad internacional a que siga coadyuvando en los esfuerzos que se realizan a diario por ayudar a los refugiados.
Guevara también cree que es necesario continuar con el “espíritu de responsabilidad compartida” que hay en el país y que este llamado a la comunidad internacional permita a Costa Rica tener recursos financieros, técnicos y humanos para responder de la mejor manera a la crisis humanitaria que afrontan los países de la región.
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Chaves insiste en que migrantes económicos se aprovechan de las condiciones migratorias de Costa Rica y por eso el decreto también establece multas para los patronos que contraten a extranjeros solicitantes de refugio que no cuenten con un permiso de trabajo, entre otras medidas.
“Una de las cosas que pensó el Gobierno es ‘bueno, si usted busca refugio, tiene que salir de su país para refugiarse en Costa Rica, ¿qué tiene que hacer a su propio país de vuelta?”, señaló.
Antes del decreto de la administración Chaves Robles, los solicitantes sí podían salir de país, previo aviso a Migración, con la presentación de un formulario. De acuerdo con los datos otorgados por el mismo gobierno, el país tiene pendientes 200.000 solicitudes de refugio.
