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Uno de los acusados por la Fiscalía en el caso de Bancrédito es un alto funcionario del gobierno actual. Se trata del subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera.
El Gobierno lo ratificó en su puesto en octubre del 2022, según un comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda cuando el Consejo de Gobierno nombró a José Antonio Vásquez como tesorero nacional.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, declaró esta mañana que no puede referirse al tema porque no conoce los detalles de la acusación. “Al día de hoy, el Ministerio de Hacienda no ha sido notificado formalmente”, declaró.
Mauricio Arroyo es el único de los acusados por el caso Bancrédito al que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) achaca más de un delito.
En su caso, el Ministerio Público lo acusa de un delito de influencia en contra de la Hacienda Pública y de seis delitos de falsedad ideológica.
Los demás acusados encaran el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. Se trata del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís; el exministro de Hacienda, Helio Fallas; el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; y la extesorera nacional, Martha Cubillo.
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Tanto la falsedad ideológica como la influencia en perjuicio de la Hacienda Pública son castigados con una pena de dos a ocho años de prisión.
Según el artículo 367 del Código Penal, la falsedad ideológica consiste en “insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
En tanto, el delito de influencia contra la Hacienda lo cometen los funcionarios que, al intervenir en razón de su cargo, “influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”.
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De vacaciones
La Nación trató de contactar al subtesorero nacional a través del Ministerio de Hacienda para obtener su reacción ante las acusaciones. No obstante, la oficina de prensa informó que el funcionario se encuentra de vacaciones esta semana.
Según la acusación, en el 2017 los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, agrega un comunicado enviado por la Fiscalía este jueves 6 de julio.
Para el Ministerio Público, esta actuación derivó en una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
