La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) y a cuatro miembros de su gobierno, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, por el denominado caso Bancrédito.
La acusación se presentó el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Además de Solís, el resto de los imputados son Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, ex viceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.
Según la acusación, en el 2017 los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
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“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, agrega un comunicado enviado por la Fiscalía este jueves 6 de julio.
Para la Fapta, esta actuación derivó en una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
El delito de influencia en contra de la Hacienda Pública conlleva una pena de dos a ocho años de prisión.
Lo cometen los funcionarios que, al intervenir en razón de su cargo, “influyan, dirijan o condicionen, en cualquier forma, para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda Pública o al interés público, o se utilice cualquier maniobra o artificio tendiente a ese fin”. Así lo establece el artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En el caso del subtesorero nacional, Mauricio Arroyo, la Fiscalía también lo acusó de seis presuntos delitos de falsedad ideológica, en concurso material.
Según explica el Ministerio Público, el concurso material ocurre cuando una persona comete más de un delito, en diferentes momentos. En estos casos, se sanciona sumando las penas que corresponden a cada delito, sin que esta suma pueda superar el triple de la pena mayor impuesta.
Detalles del caso
En junio del 2020 la Contraloría General de la República (CGR) denunció ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo en Bancrédito, antes de que este banco público cerrara por falta de liquidez en noviembre del 2018.
En aquel momento, la Contraloría argumentó que las “compras de títulos” hechas entre el 2016 y el 2018, “con el objetivo de solventar los problemas de liquidez” del Bancrédito, al parecer afectaron el flujo de caja del Presupuesto Nacional del 2018, “poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”.
En febrero del 2018, durante una audiencia de la comisión legislativa que investigó el caso de Bancrédito, trascendió que el Gobierno estaba en riesgo de perder ¢131.000 millones que invirtió en esa entidad financiera, entre marzo y abril del 2017, con el objetivo de ayudarle a afrontar su falta de recursos.
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El dinero provenía del Presupuesto Nacional y debía ser recuperado en nueve meses. No obstante, la crisis de Bancrédito no se revirtió, sino que fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en diciembre del 2017, precisamente por incumplir con la devolución de ¢118.000 millones que había invertido Hacienda.
Para principios del 2018, el banco carecía de liquidez para pagar sus obligaciones y el Gobierno se había convertido en su principal acreedor. Las deudas estaban vencidas desde el 22 de diciembre del 2017.
Finalmente, mediante una ley, Bancrédito fue absorbido por el Banco de Costa Rica (BCR) y este le pagó al Ministerio de Hacienda ¢135.000 millones el 10 de diciembre del 2018, con efectivo y certificados a plazo.
Este jueves el Ministerio Público indicó que la acusación se tramita bajo el expediente 20-000115-1218-PE y, dentro del proceso, la Contraloría General de la República presentó una querella (acusación privada) y la Procuraduría General de la República una acción civil resarcitoria (para reclamar por daños y perjuicios sufridos) contra los imputados.
La División Jurídica de la CGR confirmó que la querella se presentó desde el pasado 7 de junio.
Luis Guillermo Solís: ‘Rechazo los cargos que se me imputan’
A las 9:30 a.m., una hora después del anuncio de la Fiscalía, el expresidente Solís se manifestó en su perfil de Facebook para decir que le sorprende la decisión del Ministerio Público, pero que toma la acusación con serenidad. Alegó que durante su administración y en años posteriores ha facilitado las investigaciones que las autoridades han desarrollado y ahora corresponde continuar ante tribunales.
“Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores. Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional.
“Como expresidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y de las garantías propias del Estado de Derecho, acudiré a tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones y no dudo que la justicia prevalecerá por encima de cualquier otro interés”, agregó el exmandatario.
También dejo ver que, como el caso ya se judicializó, cualquier información adicional será atendida por su bufete de abogados.
Colaboró en esta información Esteban Oviedo.