El Ministerio Público allanó este martes el edificio del Ministerio de Hacienda y la casa del exministro de Hacienda y exvicepresidente, Helio Fallas, en el marco de una investigación sobre las inversiones hechas con fondos públicos, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, en el extinto Bancrédito.
La diligencia está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
“Según la información obtenida hasta este momento por la FAPTA, la investigación inició ya que, presuntamente, para dar apariencia de legalidad y con el fin de evitar el cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), se cree que los imputados, durante su gestión en el Gobierno, habrían realizado inversiones con fondos de la Tesorería Nacional en dicha entidad bancaria, a pesar de que, al parecer, conocían que existía una posibilidad muy baja de retorno”, informó el Ministerio Público.
Los investigados son el expresidente Luis Guillermo Solís Rivera y el exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, así como el exministro de la Presidencia y actual embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE), Sergio Alfaro Salas.
También figura en el expediente la extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez, y el actual subtesorero nacional, Mauricio Arroyo Rivera.
El caso se tramita bajo el expediente 20-000115-1218-PE y está abierto por los presuntos delitos de fraude de ley e influencia en contra de la hacienda pública.
La operación judicial de este martes abarca allanamientos en cinco lugares: las casas de Fallas y de Arroyo en Curridabat y Naranjo de Alajuela, respectivamente, así como tres oficinas centrales del Ministerio de Hacienda, en San José.
“El objetivo de los allanamientos es recabar prueba documental y tecnológica relevante para el desarrollo de la investigación”, agregó la Fiscalía en un correo electrónico.
La oficina de Prensa de Hacienda por su parte, precisó que la diligencia judicial se efectuó en el departamento de Tesorería, entre las 8 a. m. y las 11 a. m.
Denuncia de Contraloría
En junio del 2020, La Nación informó de que la Contraloría General de la República (CGR) denunció, ante el Ministerio Público, presuntas irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo en Bancrédito, antes de que este banco público cerrara por falta de liquidez en noviembre del 2018.
En aquel momento, la Contraloría argumentó que las “compras de títulos” hechas entre el 2016 y el 2018, “con el objetivo de solventar los problemas de liquidez” del Bancrédito, al parecer afectaron el flujo de caja del Presupuesto Nacional del 2018, “poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”.
En febrero del 2018, durante una audiencia de la comisión legislativa que investigó el caso de Bancrédito, trascendió que el Gobierno estaba en riesgo de perder ¢131.000 millones que invirtió en esa entidad financiera, entre marzo y abril del 2017, con el objetivo de ayudarle a afrontar su falta de recursos.
El dinero provenía del Presupuesto Nacional y debía ser recuperado en nueve meses. No obstante, la crisis de Bancrédito no se revirtió, sino que fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en diciembre del 2017, precisamente por incumplir con la devolución de ¢118.000 millones que había invertido Hacienda.
Para principios del 2018, el banco carecía de liquidez para pagar sus obligaciones y el Gobierno se había convertido en su principal acreedor. Las deudas estaban vencidas desde el 22 de diciembre del 2017.
Finalmente, mediante una ley, Bancrédito fue absorbido por el Banco de Costa Rica (BCR) y este le pagó al Ministerio de Hacienda ¢135.000 millones el 10 de diciembre del 2018, con efectivo y certificados a plazo.
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El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, también había denunciado a la Contraloría que, cuando el BCR le pagó a Hacienda la inversión hecha en Brancrédito, los recursos fueron usados por el gobierno de Carlos Alvarado en el ejercicio económico del mismo año 2018, sin que la Asamblea Legislativa lo autorizara.
El frenteamplista había solicitado investigar el uso de dos inversiones de corto plazo que Hacienda hizo en el 2017, una por $50 millones y otra por ¢100.000 millones, una vez que el BCR le pagó al gobierno.
En un artículo publicado por este medio, el 22 de abril del 2017, Helio Fallas reconoció que los certificados de depósito a plazo se adquirieron para ayudar a Bancrédito e, incluso, el Gobierno ordenó a la banca estatal, empresas públicas e instituciones autónomas invertir recursos ahí.
“Hemos coordinado con el banco para saber cuáles son las necesidades (de recursos). No solo Hacienda ayuda, también hay otras instituciones (públicas) y del sector privado”, dijo en aquel entonces Fallas.
En esa misma publicación, el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo, detalló que el dinero invertido por la institución provenía de tributos y de la captación de bonos de deuda que se depositan en entidades financieras previo a su uso.
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