“Con esta edad que tengo (74 años), ¡qué me van a dar una pensión! Me voy a morir sin tener una”, exclama Carlos Luis Hidalgo Esquivel, quien habita en el Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente de Tirrases, en Curridabat.
Si bien donde vive no le falta nada, “una platita de más” no le caería mal, asegura. Le serviría para rememorar sus tiempos mozos como músico. “De vez en cuando podría salir a pasear, ir a oír tríos o conjuntos… Diay, hacer cosas bonitas”, prosigue.
Como él, en Costa Rica, 186.895 adultos mayores viven sin una pensión. Se trata del 34,2% de la población total de ancianos del país, que asciende a las 545.097 personas, según la última Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC).
Aunque porcentualmente la cantidad de adultos mayores sin un subsidio por jubilación se ha mantenido estable en los últimos nueve años, en números absolutos el incremento es notorio.
En el 2010, cuando en el país había 356.165 ancianos, 131.245 de ellos (el 36,8%) no tenían pensión. Al 2018, la cifra se ha ensanchado a 55.650 ciudadanos de oro más sin esa ayuda estatal.
El punto más alto se reportó en el 2011, cuando el INEC contabilizó un 37,3% de ancianos sin pensión.
“Yo la solicité hace muchos años, como 15, pero honradamente, como uno tiene que estar muriéndose de hambre para que le den una pensión y yo no estoy así, pues no me la dieron”, cuenta Luz Marina Ávila, una vecina del barrio San Cayetano, en San José.
A sus 85 años, ella trabaja dando clases de corte y confección en la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco). Con la ayuda que le dan sus tres hijas, más ese ingreso, logra salir con los gastos.
Sin embargo, reconoce que un dinero adicional le serviría para vivir “más desahogada”.
“Como no califico (para un subsidio de ese tipo), opté por trabajar, pero yo creo que una persona no tiene que estar viviendo debajo de un puente para que le den una pensión”, exhorta Ávila.
El mismo criterio tiene Mariela Hernández Ramírez, vecina de Tirrases de Curridabat. Su madre, Miriam Ramírez Chavarría, de 65 años, está a la espera de un subsidio.
“A mi mamá le serviría mucho una pensión. Ella tiene problemas auditivos y presión alta. El único ingreso fijo de la casa es la pensión de mi papá. Yo vivo aquí con ellos y con mis tres hijos, pero a uno tuve que sacarlo de estudiar, porque no contamos con ingreso", asegura Hernández.
Zona norte con la mayor incidencia
La región del país donde hay más adultos mayores sin pensión es la Huetar Norte, compuesta por los cantones de Guatuso, San Carlos y una parte de Sarapiquí.
Ahí, la mitad de las personas mayores de 65 años (el 50%), carece de un subsidio por jubilación.
José María Jiménez Montero, vecino de El Progreso de San Ramón, un poblado cercano a Ciudad Quesada, en San Carlos, es uno de ellos.
Con 75 años, aún sigue trabajando como jornalero, pues en dos ocasiones ha presentado la solicitud de pensión ante la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja), pero en ambos casos se la han denegado.
“Se quitan el tiro negándome un derecho que tengo como ciudadano costarricense... No es justo que en este país mucha gente tenga pensiones millonarias, y a mí ni siguiera me han querido dar una”, enfatiza.
La segunda región donde hay más ancianos sin una jubilación es la Chorotega (todo Guanacaste y Upala), con un 37,9% de incidencia.
En tercer lugar está el Valle Central, con un 33,3%. Le siguen la Huetar Caribe (Limón y una parte de Sarapiquí), con un 32,6%, y el Pacífico Central (varios cantones de Puntarenas más San Mateo y Orotina), con un 31,2%.
En el último puesto está la región Brunca (cantones del Sur de Puntarenas y Pérez Zeledón). Ahí, el porcentaje de personas de la tercera edad sin pensión es de 30%.
En Costa Rica, el 21,1% de los ciudadanos de oro están en condición de pobreza. Justamente, ese mismo indicador es el que representa al total de habitantes pobres en el país.
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Cabe destacar que el porcentaje de personas no aseguradas a nivel nacional es tan solo del 14,8%, lo cual representa un acierto para el sistema de seguridad social, principalmente, si se toma en cuenta el vertiginoso crecimiento del segmento de adultos mayores y la reducción de los grupos de edades más jóvenes.
El INEC estima que en el 2048 los ancianos representarán casi el 20% de la población total. Actualmente ocupan el 8%.
¿Por qué no tienen pensión?
Ese 34,2% de quienes no reciben una pensión son personas que no cotizaron para el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
Este cubre a quienes tuvieron un empleo formal y se pensionaron, a quienes debieron acogerse a la jubilación por alguna discapacidad y a los descendientes o cónyuges de un pensionado fallecido.
“Son trabajadores independientes o personas pobres quienes, como no tienen ingresos, no pueden afiliarse”, explicó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja.
Actualmente, este régimen cubre a 1.550.000 cotizantes activos y a 258.645 jubilados.
La pensión mínima pagada por el IVM es de ¢133.414.
“Queda un grupo importante de la población que no está afiliada. Ellos, por lo general, están cubiertos por el régimen no contributivo (RNC), pero deben cumplir algunos requisitos, y lo principal es que estén en pobreza”, amplió Barrantes.
A julio de este 2018, el RNC cobijaba a 119.544 personas. De ellas, 115.424 tenían una pensión de ¢78.000 mensuales –la más baja pagada por este régimen– y 4.120 personas con parálisis cerebral severa recibían ¢274.569 por mes.
Según Barrantes, anualmente se otorgan 5.000 pensiones no contributivas; 4.000 de estas corresponden a la categoría de sucesión y solo 1.000 son nuevas.
El gerente de Pensiones de la Caja reconoce que la cantidad es poca, y afirma que para atender la demanda de quienes están urgidos de un subsidio de este tipo, sería necesario dar el doble de esas jubilaciones, o sea, 10.000 (5.000 por sucesión y 5.000 nuevas).
Por otra parte, de aprobarse la reforma fiscal se generarían unas 3.500 pensiones nuevas para el régimen no contributivo.
Luego del consenso entre los diputados para restablecer el impuesto sobre el valor agregado (IVA) a los bienes de la canasta básica dentro de la reforma tributaria, el cual será del 1%, se acordó destinar el 15% de esa recaudación a las pensiones del RNC.
En la actualidad, 20.000 esperan que la Caja analice su solicitud para acceder a una pensión de ese tipo.
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Jerarca de Supén: ‘Quedó un mundo al descubierto sin opción a una pensión’
El superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, aseguró que quienes hoy carecen de una pensión no son personas en extrema pobreza, sino un segmento para el cual la seguridad social no ha generado alternativas.
“Hemos desarrollado un sistema bastante completo de pensiones contributivas para quienes contribuyen por una pensión, y otro para quienes están en pobreza extrema. Tenemos cubierto el mundo de los contribuyentes y de los extremadamente podres, pero quedó un mundo al descubierto, sin opción a una pensión, que son quienes no contribuyeron pero que no están en pobreza extrema”, aseguró Ramos.
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El superintendente llama a esa problemática “el hueco de la dona”, aludiendo a ese producto de panadería con un hoyo en el centro.
“Quienes están en el hueco de la dona son justamente esas personas que no tienen opción a una pensión, que quedaron en el medio. La gravedad es que el hueco va a aumentar en el tiempo, porque muchos de nuestros adultos mayores hoy pueden recargarse en familiares porque provienen de familias numerosas. Sin embargo, en el futuro vamos a tener menos descendencia y la situación podría ser mucho más crítica”, concluyó el jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Doña Marielos salió adelante gracias a una pensión y a la red de cuido
En la otra cara de la moneda están quienes sí reciben pensión y asistencia social de diversa índole que los ayuda a salir adelante en una etapa de la vida cuando las opciones laborales son casi nulas.
María de los Ángeles Acosta Flores da fe de ello. Ella cuenta con una jubilación de ¢78.000 del régimen no contributivo, por invalidez, porque tiene poca movilidad en toda la parte derecha del cuerpo.
Adicionalmente, la red de cuido –un programa que nació en la administración de Laura Chinchilla (2006-2010) para asistir a adultos mayores y a niños en pobreza– también le brinda respaldo.
Esa iniciativa le gira a doña Marielos, como le gusta que la llamen, ¢50.000 mensuales y le da un comestible.
“Los ¢78.000 de la pensión, más los ¢50.000 que me dan de la red de cuido, son los ¢125.000 que pago de alquiler. Me sobran ¢3.000 y los cojo para guardarlos para la luz, ajustarlos para el agua, o voy y compro pan, bananos, una papaya, lechuga... alguna cosita que ocupe”, relata.
Esta vecina del distrito de Tirrases de Curridabat, de 73 años, asegura que la asistencia estatal le ha abierto la oportunidad de empezar de nuevo. Tras el divorcio, quedó “sin nada”, cuenta, y a sus cuatro hijos se les complica ayudarla económicamente.
“Siempre muy agradecida con la red de cuido, porque qué bendición tiene uno con esa ayuda. Yo no sé qué hubiera hecho yo sin ellos. De ellos he recibido muchos beneficios. La cocina me la dieron, la lavadora también. Me han ayudado montones; con la compra de los lentes, para arreglarme los dientes”, comenta.
Asistencia focalizada
Teresita Aguilar de Mirambell, presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), dice que este programa beneficia a 13.500 ancianos pobres, en riesgo social o en condición de vulnerabilidad con un presupuesto de ¢7.500 millones.
La jerarca expresa que “hay una necesidad urgente de subir las cantidades de pensión” (no contributivas de la Caja), pero afirma estar consciente de la situación fiscal que atraviesa el país.
La entidad rectora de la red de cuido es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Funciona desde el ámbito local mediante organizaciones comunales que, tras una ardua valoración, escogen a los beneficiarios.
Distintas entidades –el Conapam en este caso– giran los fondos a esas instancias comunitarias para hacer efectivas las donaciones.
Según explicó Emiliana Rivera, directora ejecutiva de la misma entidad, se brinda ayuda de distintas formas y con base en las necesidades de la persona.
“Por ejemplo, si lo que la persona requiere es alimentación, se le da un paquete mensual de alimentos; si requiere suplementos nutricionales, estos se le compran. Si lo que necesita es el reacondicionamiento de la vivienda, se le acondiciona. Puede que requieran menaje para la casa, entonces se les dona”, dilucidó.
En algunos casos en que el adulto mayor convive con un familiar o allegado, incluso se le paga a esa persona para que funja como cuidador.
Según Rivera, actualmente, hay 2.800 casos en espera de personas que desean la colaboración de la red de cuido, así como 7.000 solicitudes más sin haber sido estudiadas por falta de recursos.
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Colaboró con esta información el corresponsal Carlos Hernández.