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El plan de armonización del sistema eléctrico nacional impulsado por el gobierno (expediente N.º 23.414) derogaría los topes actuales de generación máxima que pueden producir las plantas de generación privada establececidas en la Ley de Generación Autónoma o Paralela (Ley N.º 7.200, de 1990).
Sin embargo, eso no implicaría una apertura irrestricta para los generadores privados. La iniciativa de ley mantiene controles y topes que reconfiguran, más que eliminar, la intervención del Estado en el mercado energético.
Desde hace 36 años, la Ley 7.200 es la puerta de entrada del sector privado a la generación eléctrica en Costa Rica. Bajo ese marco, los proyectos privados no podían superar los 20 megavatios (20 MW) de capacidad de generación instalada por planta o concesión.
Además, los contratos de compra-venta con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tenían un plazo máximo de 20 años y, al menos, el 35% del capital social de las empresas debía pertenecer a costarricenses, de acuerdo con una reforma introducida con la Ley N.º 7.508.
El plan de armonización del sistema eléctrico plantea en su artículo 63 que esa ley se derogue 18 meses después de que la nueva legislación entre en vigencia, o bien, una vez que estén operativos los reglamentos e instrumentos del naciente Mercado Eléctrico Nacional (MEN) que sería creado con la nueva ley.
Eso sí, los contratos suscritos bajo la Ley 7.200 seguirán en vigor, según el marco jurídico que les dio origen. Es decir, que las empresas con concesiones de generación bajo esa norma o hidráulicas amparadas en la ley marco N.º 8.723, del 2009, quedan autorizadas para participar en el MEN y operar hasta que venzan sus respectivos contratos.
Mientras tanto, el artículo 7 del proyecto de armonización eléctrica dice que cualquier construcción de una planta de generación renovable mayor a 5 MW requerirá autorización previa del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
Plantas menores a ese umbral quedarán reguladas por la Ley 10.086 de Recursos Energéticos Distribuidos, vigente desde diciembre del 2021.
¿Contradicción?
Algunos analistas coinciden en que se trata de un cambio de lógica regulatoria según el cual, se abandona el tope cuantitativo fijo que imponía la norma de 1990 para sustituirlo por un control de política pública.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), que respalda el proyecto de ley, considera que el modelo actual somete a los generadores privados a una doble dependencia: del Minae y del ICE, que en el esquema vigente “es juez y parte”.
El plan, según la cámara, abre la posibilidad de avanzar con inversiones una vez que el Minae verifique el cumplimiento ambiental de las obras, sin necesidad de un contrato previo con el ICE.
La CICR apuesta por dos mecanismos de competencia que el proyecto introduce: subastas de capacidad para la selección de nuevos proyectos y un despacho económico diario que priorice las plantas de menor costo.
“Si la planificación es técnica y las subastas son operadas por un ente técnico, neutral y transparente, la regulación planteada será perfectamente compatible con una mayor eficiencia y menores costos para los consumidores”, señaló la agrupación empresarial por escrito, ante una consulta de este diario.
Salvador López Alfaro, ingeniero especialista en sistemas y mercados eléctricos que dirigió durante 22 años el Centro Nacional de Control de Energía (Cence) del ICE y participó en la redacción del proyecto, rechaza la lectura de que la autorización ministerial sea una barrera discrecional.
Él distingue entre dos tipos de planificación. La primera es la indicativa, a cargo del Minae mediante políticas nacionales de largo plazo. La segunda es la de expansión, que recaerá en un nuevo órgano denominado Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), cuyos planes deberán ser aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“Es un requisito que se debe cumplir”, sostuvo sobre la autorización del Minae a nuevas plantas privadas. “Por ejemplo, si un particular quiere venir a construir una planta térmica, el Minae no le va a dar la concesión de generación, porque solo se autorizan a los privados el desarrollo de plantas renovables”, agregó.
Servicio público y criterios claros
La exdiputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz, y quien integró la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa durante el trámite del proyecto en la legislatura pasada, ofreció una lectura política del umbral de los 5 MW.
Para Cambronero, ese tope no limitaría la capacidad de los proyectos, sino que le da al Minae la información necesaria para planificar el servicio público de electricidad.
“Evidentemente en el Minae tienen que saber cuál es la capacidad de generación instalada. Por eso se dicta que Minae sea quien dé la autorización para que tenga el control del servicio público en generación”, explicó.
La exlegisladora fue enfática en que la electricidad seguirá siendo un servicio público en Costa Rica y así lo indica el plan de ley propuesto.
Según ello, se hace inevitable la participación del Estado en calidad de controlador de cuánta capacidad de generación deberá o no irse creando en el país.
Erick Rojas, presidente de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), recordó que el umbral de 5 MW no surge de manera arbitraria.
Esa misma frontera, dijo, ya existe en la ley N.° 10.086, que distingue entre generación a pequeña escala y proyectos de mayor dimensión.
“Resulta consistente que los proyectos que superan ese umbral sean considerados de generación de mayor escala y queden sujetos a un mecanismo adicional de autorización y coordinación sectorial”, recalcó.
Para Rojas, el cambio estructural de fondo no está en la aparición del Minae dando permisos —anotó que ese ministerio ya otorga concesiones y títulos habilitantes—, sino en que se evaluaría necesidades de nueva generación sin depender del planeamiento del ICE.
Esa labora pasaría al Ecosen como operador independiente del sistema.
“Como en cualquier sector regulado, la preocupación legítima no es solo lo que dice la ley, sino cómo se implementará y ese es el verdadero reto que de este proyecto”, anotó.
La mejor garantía para evitar restricciones de facto, dijo, es que los criterios de autorización queden “claramente definidos, sean objetivos, verificables y aplicados de manera no discriminatoria para todos los participantes”.
