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La millonaria licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para implementar y modernizar su red de telecomunicaciones 4G/5G, con un presupuesto total estimado en $249 millones, sufrió un nuevo revés y otra prórroga en lo que sería la tercera al hilo.
El proceso, que busca impulsar el despliegue de la tecnología 5G en Costa Rica y facilitar una transición gradual para los usuarios de la red 4G existente, se detuvo por la interposición de un recurso de objeción por parte de la empresa Huawei Technologies Costa Rica.
El recurso de Huawei, presentado el pasado 6 de octubre de 2025, suspendió de forma automática el proceso, obligando al ICE a proyectar una nueva fecha para la recepción y apertura de ofertas para el 27 de octubre.
La previsión inicial estaba para este lunes, luego de dos aplazamientos previos: uno movió primero las previsiones para el 7 de octubre pero luego se volvió a ajustar para este 13 de octubre.
La nueva fecha del 27 de octubre la confirmó el Instituto este lunes en la documentación relativa a la última versión del concurso 2025XE−000492−0000400001 (Licitación Pública Adquisición de bienes y servicios para la implementación de redes móviles de última generación, entrega según demanda) en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La prórroga que había movido la fecha al 13 de octubre quedó sin efecto con el recurso de objeción presentado por Huawei y dirigido a la Contraloría General de la República (CGR).
El Instituto, al reconocer la interposición del recurso, aplicó supletoriamente el artículo 96 de la Ley General de Contratación Pública, que estipula la suspensión automática de la etapa de recepción y el acto de apertura.
Al 6 de octubre, fecha de interposición, restaban 5 días hábiles del plazo dispuesto. Estos días se reactivarán una vez la CGR resuelva el recurso.
En su escrito, Huawei Technologies Costa Rica S. A., que se presenta como un potencial oferente para la red 5G del ICE, argumenta que la última modificación del cartel contiene cláusulas que considera “contradictorias, restrictivas y carentes de justificación técnica”.
Entre las objeciones técnicas señala la introducción de las cláusulas 10.102 y 10.103 en el apartado de equipos de transporte backhaul, las cuales prohíben un conjunto de tarjetas para un ítem, pero a la vez permiten sustituir una funcionalidad dual con un conjunto de bahías separadas, generando inseguridad jurídica.
Otro reclamo, de tipo técnico, es la exigencia en la licitación de funcionalidades para la eventual red como el SMO (Service Management and Orchestration) y el Non-RT RIC (Radio Intelligent Controller) que considera una restricción técnica artificial al tratarse de soluciones “no plenamente desarrolladas ni estandarizadas en el mercado”. Ambas disposici eonesn el cartel se vinculan con aspectos de gestión y orquestación de la red.
Huawei también critica el uso de la “madurez” del oferente y la posibilidad de aceptar roadmaps (planes de desarrollo futuro para 5G) como criterio de cumplimiento de requisitos, lo cual, a su juicio, favorece a oferentes específicos y es contrario a los principios de contratación al basar la adjudicación en “una expectativa incierta”.
Otra objeción es la imposición de multas por daños, argumentando la imposibilidad material de reponer equipos de terceros no inventariados en un plazo de 3 horas en caso de una contingencia en la red, y lo que llamó una "desproporción" de la multa de 0,6% por hora de atraso, que podría exceder el tope legal del 25%.
El ICE, por su parte, indicó que la nueva fecha de recepción de ofertas para el 27 de octubre busca “garantizar los principios de eficiencia, eficacia, trasparencia e igualdad” una vez que la CGR resuelva.
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Participación de Huawei
A los aplazamientos previos de este concurso, se une ahora el reclamo de Huawei.
El 31 de agosto de 2023, el Gobierno emitió el decreto ejecutivo 44196-MSP-MICITT por el cual se introdujo un reglamento que obliga a Costa Rica a adquirir equipos y software 5G únicamente de empresas provenientes de países que hayan ratificado el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest en 2001.
Esta medida dejó así fuera a compañías de países como China y Rusia que no lo han suscrito. Tal disposición comprende a la multinacional china Huawei.
En la licitación actual del ICE para 5G, uno de los apartados sobre ciberseguridad indica textualmente que: “El oferente deberá presentar declaración jurada que indique que cumple con la normativa sectorial vigente en materia de ciberseguridad aplicable para el desarrollo de redes 5G. La normativa sectorial puede ser consultada en el siguiente enlace”.
Dicho enlace envía a los interesados al texto publicado del decreto Nº 44196-MSP-MICITT.
Sin embargo, ese texto al cual remite la licitación, por sí mismo, no impide directamente que una empresa acuda a las licitaciones de 5G.
Sin embargo, el reglamento establece un marco que sí restringe significativamente la capacidad de una empresa para ser contratada y para que su tecnología sea utilizada en la infraestructura crítica de las redes de telecomunicaciones.
La clave está en el concepto de “Proveedor de Red No Confiable” (PRNC).
El Reglamento sobre ciberseguridad 5G se basa en un análisis de riesgos. No prohíbe compañías por nombre, sino que establece una serie de criterios técnicos y legales para clasificar a un proveedor como no confiable.
Esto explicaría por qué Huawei está participando en esta licitación.
Aunque una empresa clasificada como PRNC puede formalmente presentarse a una licitación, en la práctica se supone que no podrá ganar ni suministrar equipos esenciales para el desarrollo del 5G en el país, lo que la deja fuera de los componentes más valiosos y estratégicos del proyecto.
