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Las municipalidades responsabilizaron este viernes a la Asamblea Legislativa por los altos costos en las patentes de venta de licor.
Randall Marín, asesor legal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), dijo que si existe algún problema por parte de diversos sectores en la normativa (reforma a la ley 9047, Ley de Regulación y Comercialización de las Bebidas Alcohólicases) es un problema nacional y no municipal.
"El tema de los licores, por ser un producto que daña la salud pública y ser un producto tan regulado, es materia del Estado y no de cada municipalidad", aseguró Marín.
Según un artículo publicado este viernes en La Nación, los empresarios aseguran que las alzas en las patentes han desatado cierres de comercios.
El asesor legal de la UNGL reiteró que si la ley es inconforme para algunos patentados es un problema legislativo y no municipal.
"El margen de acción de las municipalidades de aplicar esta ley es muy poco, por no decir que nada", dijo Marín.
Además, reconoció que los municipios están concientes de que hay quejas por parte de los empresarios como, por ejemplo, de los montos elevados y las dificultades en negocios pequeños.
"Aunque la mayoría de las posiciones en contra proviene de las cámaras, estamos claros que la forma en que se fijo el impuesto es susceptible de revisarse legislativamente", acotó el abogado.
Marín enfatizó que hasta el momento la UNGL no tiene estudios ni ha recibido de las cámaras ninguna notificación de que por la nueva fijación se hayan cerrado negocios.
Sin embargo, consideró que sería importante contar con dicha información.
"Sería importante tener estos documentos, estudiar lo que esta sucediendo y medir los estudios. Asimismo, si los patentados aseguran que la ley amerita un cambio, se debe hacer en la Asamblea Legislativa", concluyó Marín.
