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Detallistas reportan desaparición de 113 locales en el último año

Alza en patentes de licor desata cierre de comercios

Actualizado el 12 de julio de 2013 a las 12:00 am

Cobro por año pasó a ¢1,5 millones, cuando antes no superaba ¢1.200

Cada municipio reglamenta la ley de acuerdo a su propio criterio

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Alza en patentes de licor desata cierre de comercios

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Eliécer Zúñiga, dueño de Súper Licorera Tibás, ha vivido en carne propia el aumento en las patentes de venta de licor. | EYLEEN VARGAS

Los nuevos cánones municipales para la venta de licor tienen a varias cámaras del sector privado enfrentadas con los gobiernos locales y a cientos de comerciantes mirando con aprehensión su columna de gastos.

El punto de choque es la actualización de las patentes de venta de licor, basada, hasta hace menos de un año, en una ley de 1936.

Tras el cambio, el pago subió de ¢1.200 anuales a montos que pueden alcanzar ¢379.000 trimestrales para restaurantes y ¢780.000 para licoreras.

Cientos de detallistas, restaurantes y empresas turísticas han solicitado revisar la ley por considerar los cobros excesivos.

Municipios definen monto dentro de un rango Costo de licencias para vender licor

Tipo de licencia Detalle Costo de licencia
Licencia Clase A Licoreras De ¢379.400 a ¢758.800
Licencia Clase B Cantinas, bares, tabernas salones de baile, discotecas, clubes nocturnos y cabarés De ¢189.200 a ¢379.400
Licencia C Restaurantes y locales que vendan licor para consumir pero como actividad comercial secundaria De ¢189.200 a ¢379.400
Licencia D1 Minisúper De ¢379.400 a ¢758.800
Licencia D2 Supermercado De ¢758.800 a ¢1.138.200
Licencia E (1,2,3,4 y 5) Actividades y empresas declaradas de interés turístico, como hoteles, marinas o eventos De ¢379.400 a ¢1.138.200

Fuente: Ley de regulación y comercialización de bebidas alcohólicas

La Cámara de Comerciantes Detallistas (Canacodea), por ejemplo, reportó que 113 de sus afiliados habían tenido que salir del negocio y calcula que 7.000 serán afectados.

También se ha dado el caso de patentados que devuelven las licencias por docenas, como en Cartago y Paraíso

“El sistema debiera ser que el que más vende, más pague. No pueden cobrarle lo mismo a un restaurante en Los Chiles que a uno en Escazú o en Lindora”, apuntó Manuel López, de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore).

Como respuesta, Canacodea, Cacore y la Cámara de Patentados de Heredia trabajan en un proyecto de ley para que el cobro se haga proporcional a los ingresos por la venta de licor, tal como se hace con patentes comerciales.

Municipios. La nueva ley delegó en las municipalidades reglamentar la venta de licor en cada cantón, lo que ha provocado condiciones heterogéneas entre municipios.

Por ejemplo, el reglamento de Sarapiquí prohibe que un restaurante tenga una barra y el de San Pablo de Heredia no permite negocios con “dos actividades lucrativas”, como los bares-restaurantes.

Además, la ley faculta a los gobiernos locales a ajustar, dentro de un rango, cuánto cobrarán por la licencia para comercializar licor.

Mientras que Montes de Oca cobra trimestralmente ¢758.000 para minisúpers y ¢1.138.200 a supermercados, otros cantones, como Liberia, cobran ¢379.400 y ¢758.000, respectivamente.

La solución que han encontrado los negocios es apelar. Presentaron un recurso de amparo a la Sala Constitucional en octubre de 2011 y prometen “llenar las municipalidades de recursos”. Algunos municipios, como Pérez Zeledón, suspendieron temporalmente el reglamento para revisarlo.

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Cambios. Desde su aprobación, las licencias de venta de licor no se consideran activos y, por lo tanto, no se pueden alquilar o vender a terceros, tal como sucedía antes.

Un reporte del 2011 de la Contraloría General de la República (CGR) señaló que mientras estaba vigente la legislación anterior, terceros vendían patentes hasta por ¢50 millones en San José y Pavas y el alquiler anual promedio en el país para una licencia de venta de

licor rondaba los ¢4 millones.

Mientras tanto, según el ente contralor, los municipios recibían ¢1.200 anuales por el canon de estos permisos.

En el 2010, dice la CGR, el ingreso promedio de una municipalidad por este concepto era de ¢121.818. Esa suma no lograba ni siquiera cubrir los costos de administración del sistema.

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