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El alcalde de San José, Diego Miranda, anunció que la Municipalidad no aprobará el proyecto de reglamento de patentes en su versión actual. Su contenido será incorporado a las mesas de diálogo que el gobierno local mantiene con comerciantes sobre otra normativa que también ha generado polémica.
El nuevo reglamento estaba en consulta pública; su plazo venció el pasado 31 de julio. Los patentados mostraron su preocupación por ese tiempo.
Sin embargo, Miranda detalló que no será problema, porque, según dijo, ese plazo es un mínimo y tampoco hay intención de aprobarlo en su versión actual, sino que buscarán revisarlo.
La fracción oficialista de Juntos propuso extender el plazo hasta el 21 de agosto. Los regidores de oposición consideraron que era insuficiente.
“Una vez que un reglamento tiene un cambio, así sea una coma más, vuelve el mismo procedimiento a comenzar, porque no es exactamente el mismo reglamento”, explicó Miranda, quien prometió atender las preocupaciones de los patentados.
Al ser consultado sobre cuánto se podría tardar en tener un nuevo texto, el jerarca municipal no adelantó plazos: “Lo que sea necesario (de tiempo), en el marco de que tengamos un texto lo más consensuado posible”.
El alcalde adelantó que pretenden utilizar el texto actual como base para la nueva propuesta porque, según señaló, tiene elementos muy positivos.
Por ejemplo, dijo, le permitiría al municipio mapear conglomerados que habrían evadido impuestos municipales.
Según un grupo de representantes de patentados, el nuevo reglamento regula elementos que, a su criterio, están reservados a la ley.
“Una norma de patentes debe regular licencias e impuestos, no publicidad exterior, comercio en la calle, ruido, residuos o movilidad, materias que ya tienen su propio reglamento o que son competencia de otra institución.
”Disposiciones como nuevas causales para negar o cancelar una licencia, solo pueden crearse por ley, no por un reglamento municipal”, advirtieron los patentados.
Esos sectores denunciaron que, previo a la publicación del nuevo reglamento, no se les consultó sobre la nueva normativa.
En la actualidad, se desarrollan mesas de diálogo entre los comercios y el municipio josefino por otro polémico reglamento sobre espectáculos públicos que pretendía restringir a bares, cantinas y restaurantes tener música en vivo, disc-jockeys (DJ), “actividades culturales o artísticas” o bailes después de las 10 p. m.
Esa normativa fue aprobada en primer debate municipal. Sin embargo, tras duras críticas, el Concejo Municipal resolvió dejarlo sin efecto y se abrieron mesas de trabajo.
Este segundo reglamento sobre patentes tampoco será aprobado y será integrado al diálogo con los patentados. Miranda anunció que analiza asistir a las próximas citas.
Críticas de patentados
Previo al anuncio de Miranda, durante la tarde de este martes, un grupo de representantes de patentados dio una conferencia de prensa para externar sus preocupaciones sobre la nueva normativa.
En la actividad, participó la Cámara de Comercio de Costa Rica, la Asociación de Bares y Restaurantes, la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), la Asociación de Comercios de Barrio Chino, el Sector de Entretenimiento Nocturno y Cultural de San José y el Sector del Cuidado Bienestar e Imagen Personal (Secubip).
Los grupos no se oponen a la modernización de la normativa, pero tomando en cuenta la opinión de los patentados: “¿Quién, más que nosotros, sabe las necesidades”, dijo Krisnel Campos de Secubip.
Jaime Morales, representante de la Cámara de Comercio, señaló que, por ejemplo, el reglamento no establece derogatorias específicas, sino que lo hace de forma genérica a cualquier norma que se le “oponga”.
Según su criterio, esto complica aún más la armonización del ordenamiento jurídico.
“A todos los comercios se nos deja en una inseguridad jurídica grandísima si se sigue el proceso acomo está”, advirtió Mauricio Rodríguez, de la Cámara de Restaurantes (Cacore).
Según la Cámara de Comercio, a los problemas se suma “una lista larga de conceptos que el propio texto nunca define”.
“Orden público, motivos inmorales, continuidad económica, grupo de interés económico, simulación societaria, afectación al entorno urbano, convivencia social.
”Cuando ni el funcionario que aplica la norma ni el negocio que debe cumplirla pueden saber con certeza qué significan esos términos, la puerta queda abierta a la arbitrariedad”, dijo la Cámara de Comercio.
El 27 de julio, La Nación reportó que la nueva propuesta, por ejemplo, facultaría al ayuntamiento para ordenar la clausura permanente de negocios cuando exista una denuncia formal comprobada sobre motivos “inmorales” o “contra las buenas costumbres”.
Regidores de oposición denunciaron que advirtieron de los fallos del nuevo reglamento, pero no fueron escuchados cuando fue aprobado por el oficialismo y regidores afines.
