La Municipalidad de Osa inició acciones para retirar a vendedores que ocupaban la zona marítimo terrestre de playa Dominical, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional que ordenó al gobierno local atender denuncias por ocupaciones ilegales y presuntas actividades delictivas en esa zona.
En entrevista con La Nación, el alcalde de Osa, Mainor Anchía, explicó que funcionarios municipales acudieron al sitio para notificar a las personas que debían desocupar el lugar, tras el fallo que declaró con lugar un recurso de amparo presentado por vecinos de la zona.
“Los compañeros se presentaron para indicarles que tenían que desocupar la zona. Lo que me informaron es que las personas pacíficamente se retiraron y dijeron que iban a recoger sus cosas”, afirmó Anchía.
Según el alcalde, la diligencia no correspondió a un desalojo formal con maquinaria o a un operativo amplio de seguridad, sino a una visita para comunicar la obligación de abandonar el lugar y dar cumplimiento a la resolución judicial.
El fallo de la Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Osa inspeccionar la playa y adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la ley en la zona marítimo terrestre, luego de que vecinos denunciaran ocupaciones ilegales y problemas de seguridad en el área.
La sentencia no ordenó directamente el desalojo, sino atender una denuncia presentada por residentes y comerciantes formales de Dominical, quienes aseguraron que estructuras informales y actividades ilícitas habían tomado parte de la playa.
Los magistrados constitucionales ordenaron al municipio inspeccionar la playa señalada, tramitar y resolver de forma definitiva la denuncia, y adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la ley.
Soluciones
Uno de los hechos que “colmó” la paciencia de los vecinos fue el asesinato del turista alemán Arlt Dominic Knuth, de 32 años, ocurrido el 1.º de diciembre de 2023 en ese sector, hecho que los vecinos calificaron como “la gota que derramó el vaso”.
El alcalde de Osa indicó que, aunque el municipio debe cumplir con la resolución judicial, también busca alternativas para las personas que vendían en el lugar.
“Les dimos una cita para recibirlos en la alcaldía y ver si encontramos alguna alternativa en una zona donde la ley nos permita ubicarlos”, señaló.
El alcalde añadió que la municipalidad trabaja en reglamentos para regular la venta ambulante y en sitios públicos del cantón, con el fin de ofrecer opciones legales a quienes dependen de este tipo de actividad.
No obstante, algunos vendedores aseguran que el procedimiento se realizó sin previo aviso. Uno de los artesanos consultados afirmó que funcionarios municipales y oficiales de la Fuerza Pública llegaron al sitio y les dieron una hora para retirarse.
“Simplemente llegaron y nos dijeron que teníamos una hora para recoger y salirnos”, sostuvo.
Según el vendedor, alrededor de 20 familias dependen de la actividad que realizaban en ese punto de la playa y ahora buscan reunirse con la municipalidad para solicitar una reubicación que les permita continuar trabajando.
Anchía sostuvo que la administración está dispuesta a dialogar con los comerciantes y buscar soluciones dentro de los límites que establece la ley, aunque insistió en que la orden judicial debe cumplirse.