El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) descubrió una tala de bosque en una propiedad privada por la cual estaba pagando para que se conservara inalterada, a fin de proveer servicios ambientales, en La Virgen de Sarapiquí, Heredia.
Por medio de la dirección jurídica del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo), el Minae entabló procedimientos administrativos tanto al anterior dueño de la finca como al actual por la presunta tala del 81% del bosque ubicado en el terreno, el cual que estaba bajo el esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Al anterior propietario, de apellido Mejías, se le notificó en abril del 2026, mientras que al nuevo dueño, de apellido Dumas, se le abrió el proceso en mayo del 2026.
El Fonafifo investiga un aparente incumplimiento de un contrato de PSA, pues la propiedad estaba sujeta a las obligaciones de un convenio forestal suscrito por el anterior propietario.
Origen del contrato forestal
El convenio se firmó el 18 de agosto de 2023 con un plazo de vigencia de 10 años. Mejías se comprometió a proteger el bosque en un área de 11,8 hectáreas. A cambio, Fonafifo se comprometió al pago por esos servicios.
La institución realizó dos desembolsos económicos basados en informes técnicos. El primer pago se produjo el 15 de diciembre del 2023 por ¢434.510,22 y el segundo el 9 de agosto del 2024 por ¢426.819,39.
El 29 de diciembre del 2025, Dumas compró la propiedad mediante escritura pública. Según alega el Fonafifo, el nuevo dueño aceptó la venta del terreno con los gravámenes que poseía la propiedad.
Alerta por tala ilegal masiva
No obstante, la Oficina Regional del Fonafifo en el Caribe Norte recibió un informe de regencia el 24 de setiembre de 2025, en el que se alertó sobre una tala ilegal en la propiedad. El reporte técnico indicó que el área de bosque sufrió una destrucción del 75% y que hubo extracción de productos.
Una inspección de campo realizada por un funcionario de Fonafifo, al día siguiente, confirmó los daños. El informe determinó que la zona afectada por actividades de tala rasa representa el 81% del área total contratada. La pérdida de cobertura vegetal equivale a 9,6 hectáreas y se corroboró mediante imágenes satelitales del tipo Sentinel-2 tanto en octubre como en noviembre del 2025.
“Se confirma la existencia de una afectación significativa a los servicios ambientales brindados por el área sujeta a PSA, atribuible a actividades de tala rasa recientes a la fecha de inspección de campo”, dice el informe.
Cargos imputados y posibles sanciones
La Dirección Jurídica de Fonafifo, nombrada como órgano director del procedimiento por la Junta Directiva el 17 de marzo del 2026, investiga la ejecución de una tala rasa en 9,6 hectáreas de la zona protegida, así como la presunta omisión de acciones necesarias para proteger el bosque frente a daños de terceras personas.
Indaga, además, si no se presentaron las denuncias penales ante el Ministerio Público ni las administrativas ante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Finalmente, el Minae sospecha que se incumplió la obligación de informar a Fonafifo sobre la compraventa del inmueble.
De comprobarse los hechos imputadós, el caso podría derivar en el fin de la relación contractual y la exigencia del reintegro monetario de los fondos otorgados.
La Nación intentó localizar al dueño actual de la propiedad, no aparecen números telefónicos registrados a su nombre.
