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El príncipe William de Inglaterra otorgó a Costa Rica el Premio Earthshot el año pasado por los esfuerzos ambientales realizados con el programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA), el cual remunera a dueños de bosques a cambio de protegerlos. Por desgracia, en el mismo año del premio, la iniciativa sufrió su peor desempeño en generación de nueva área protegida.
La cifra de nuevas hectáreas resguardadas se redujo 83%, pues pasó de 35.463 hectáreas (has) en el 2020 a 5.997 ha al 2021. Eso implicó que mientras en 2020 hubo 555 nuevos contratos, en 2021, solo 157.
El registro del 2021 es la ampliación más pequeña del PSA desde 1997 cuando inició el programa, según revelan estadísticas del Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo) al frente del programa.
El último informe del Programa Estado de la Nación (PEN) advirtió de una reducción de fondos para estos fines lo cual ha limitado la ampliación de la superficie de bosque resguardada con el paso de los años.
Para el PEN, este registro es un escenario preocupante al elevarse la posibilidad de que ocurran cambios en el uso del suelo y, en vez de bosques, se utilicen para ganadería o agricultura con afectaciones directas a la biodiversidad.
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Entre las razones que explican la situación, dice el estudio, sobresalen una disminución en los recursos que el Ministerio de Hacienda asignó a Fonafifo provenientes del impuesto único a los combustibles durante la pandemia y, luego, la situación fiscal por la que atraviesa el país.
Según datos de Fonafifo, la pandemia produjo una caída en la recaudación del impuesto único a los combustibles que afectó el programa. Si en el 2020 el presupuesto para PSA fue de ¢25.000 millones, al 2021 bajó a ¢17.000 millones (32% menos). Para el 2022, el presupuesto inicial fue incluso menor: ¢14.000 millones.
Esto, con el tiempo, contribuyó a la baja en la capacidad de Fonafifo de captar más terrenos. Si en el 2011 fue capaz de concretar 1.224 nuevos contratos (equivalentes a casi 73.000 has), una década después apenas sumó 157 equivalentes a casi 6.000 has.
Franz Tattenbach, jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), explicó que el PSA tiene una dinámica por la cual se suscriben nuevos contratos, se renuevan otros o bien se vencen sin renovación en plazos de cinco años.
Conforme su explicación, el área protegida es en realidad mayor a lo que reflejan esas nuevas contrataciones de Fonafifo porque, insistió, dicha estadística solo hace referencia a una caída en la cantidad de nuevos contratos y de área nueva ingresada bajo algún esquema de PSA y no a la totalidad de bosques resguardados.
“Estas cifras hacen referencia al crecimiento neto de hectáreas que sí es el más bajo en toda la historia del programa, no es que se ha caído toda el área cubierta, ni mucho menos”, aseguró el ministro.
Según datos de Fonafifo, en el 2021 se gastaron ¢12.560 millones en el PSA para un total de 284.276 hectáreas al servicio de recuperación y mantenimiento de bosques, tanto en contratos nuevos como vigentes.
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Promesa de mejora en 2022
Ante la incorporación de una menor cantidad de territorios, Tattenbach prometió que el cierre del 2022 será la “estadística más alta en la historia reciente” en nuevos contratos. Según él, al final de este año se sumarían 52.000 nuevas hectáreas.
De acuerdo con sus proyecciones, al final del próximo año se agregarían 250.000 hectáreas por una combinación, dijo, de recuperación de fondos para el Programa gracias al mayor aporte previsto del impuesto único a los combustibles y de otros esfuerzos del propio Minae.
“Nuestra previsión es que cerremos el 2023 con 600.000 hectáreas bajo esquemas protegidos. Nunca se ha llegado a algo parecido porque vamos a tener un presupuesto ampliado”, afirmó.
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El Fondo y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) recibieron a inicios de año casi $24 millones en fondos no reembolsables, por parte del Fondo Verde del Clima, explicó Tattenbach al recordar el anuncio que hizo José Vicente Troya, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en enero anterior.
Troya detalló entonces que dichos fondos correspondían al primer desembolso de un total de $54,1 millones reconocidos a Costa Rica, como pago por resultados frente a la crisis climática, ligados a la retención de unas 14,7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono gracias a los árboles costarricenses entre 2014 y 2015.
Además, el ministro mencionó otros $60 millones que, en el 2020, el Banco Mundial acordó concederle al país durante cinco años, como premio por la protección forestal y reducción de emisiones, gracias al esfuerzo de miles de familias, comunidades y entidades públicas dueñas de terrenos con bosques bajo PSA.
Según Tattenbach, todos estos dineros extraordinarios equivalen a una base de $110 millones para darle sostenibilidad a mediano plazo al Programa y explicarían su previsión de más área al final del otro año.
