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La incapacidad estatal para incorporar evaluación de riesgos ante el cambio climático le pasó a Costa Rica una factura de casi ¢86.000 millones en gastos por daños en infraestructura a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre 2021 y 2025.
Para la Contraloría General de la República (CGR), es cifra ilustra el costo de mantener un modelo que concentra recursos en reconstruir carreteras dañadas luego de una emergencia, sin incorporar suficientes evaluaciones de riesgo y medidas preventivas desde las etapas iniciales de los proyectos.
Así lo expresa un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que determinó que el sector movilidad mantiene un nivel de madurez básico (37,14% en una escala de 100%) en cuanto a la evaluación de riesgos. El Conavi obtuvo 32,61% y el MOPT, 41,67% en el mismo indicador.
Esas dos entidades, detalla el documento, carecen de modelos estructurados de gobernanza de datos y operan bajo “incertidumbre técnica”, lo que les impide tomar decisiones basadas en evidencia científica, indica el reporte n.° DFOE-SOS-RF-00003-2026, “Vulnerabilidad climática en la infraestructura vial nacional del pasado 12 de agosto.
La Nación consultó el 25 de agosto a esas entidades por el monto gastado en el periodo analizado y qué acciones urgentes se tomarán para garantizar financiamiento en la etapa de preinversión y evitar seguir reparando vías que volverán a dañarse.
También, ¿cuándo se tendría un inventario basado en escenarios de cambio climático y una mejor evaluación de riesgos? Al momento de esta publicación, ambas entidades seguían sin responder.
Prevenir sigue siendo la excepción
La CGR concluyó que la evaluación de riesgos en infraestructura vial no responde a un enfoque multiamenaza ni incorpora la resiliencia durante todo el ciclo de vida de los proyectos.
Eso implica que, de manera sistemática, las instituciones no están integrando desde la preinversión hasta la puesta en operación las amenazas naturales, antropogénicas, la variabilidad climática ni los escenarios actuales y futuros de cambio climático.
Las autoridades del MOPT y el Conavi argumentaron ante la CGR, según se cita en su análisis, que “los recursos presupuestarios asignados a la fase de preinversión no son suficientes”, lo cual limita severamente la realización de estudios hidrológicos, geológicos y probabilísticos necesarios antes de construir.
Ese tipo de análisis se enmarca en la etapa de preinversión de una obra vial. La etapa comprende las fases de perfil, prefactibilidad y factibilidad, en las cuales las entidades deberían saber si una obra requiere cambios de diseño, medidas de protección, materiales específicos o intervenciones extra para resistir amenazas climáticas y de otro tipo.
Pese a esa carencia financiera reportada, la CGR detectó que ambas instituciones igual adolecen de un inventario formal de infraestructura pública etiquetada como crítica, sustentado en un análisis formal de su importancia.
En el reporte, el MOPT señaló que dispone, a nivel sectorial, de un inventario para determinar el estado físico de puentes; sin embargo, este no permite valorar integralmente la importancia estratégica de las estructuras, sus interdependencias, ni su nivel de exposición frente a amenazas.
Sin ese detalle de información, la Contraloría advierte que ambas instituciones se ven limitadas para identificar qué rutas, puentes u otros activos deben priorizarse preventivamente por el impacto que una eventual falla tendría sobre el transporte de personas, mercancías y atención de emergencias ante un fenómeno climático.
Para ejemplificar la situación, el uso de modelos probabilísticos —que permiten estimar escenarios de pérdidas y daños antes de construir— es tan limitado que Conavi reportó su uso en un único caso, el corredor vial San José-San Ramón, mientras que el MOPT ha priorizado métodos básicos de evaluación.
