Este viernes se cumple un mes y ocho días desde que llegó a Costa Rica el primer vuelo de migrantes de orígenes asiático y africano deportados por Donald Trump.
Hasta el 24 de marzo, de las 200 personas que arribaron al país en dos aviones distintos, 120 permanecen en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), en el cantón de Corredores, en la zona sur.
Las principales nacionalidades del grupo son la rusa (23 personas) y la china (21). Les siguen los nacionales de Uzbekistán (13), Armenia (12) y Turquía (10).
Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), se trata de 75 adultos, de los cuales 38 son mujeres y 37 hombres. Además, permanecen todavía 45 menores de edad: 22 hombres y 23 mujeres.
A través del la oficina de prensa, Migración aseguró que en los próximos días se prevé que 10 personas más abandonen el país; sin embargo, no se brindó detalle sobre cuándo ni cuáles son sus nacionalidades.
Migrante manifiesta interés por refugio
Desde el arribo del grupo a Costa Rica, las autoridades migratorias han insistido a este medio en que todos los migrantes desean regresar a sus respectivos países. Hasta el día de hoy, no ha sido posible para la prensa corroborar estas afirmaciones, ya que el acceso ha sido restringido. Sin embargo, aquellos que han logrado ingresar confirman que no es así.
Este jueves, más de un mes después de la llegada de los vuelos, el diputado frenteamplista Antonio Ortega y el exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, denunciaron que los migrantes estaban recibiendo presiones para tomar una decisión sobre su permanencia o no en el territorio costarricense.
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De acuerdo con Ortega y Herrera, Migración elaboró y difundió un acta de consentimiento informado en español, con la cual invitó a los migrantes a elegir entre cuatro opciones: regresar voluntariamente a sus países, desplazarse a terceras naciones, permanecer en Costa Rica bajo una categoría especial humanitaria, o quedarse en el país mediante una gestión de refugio. Esta última alternativa, aparentemente, los condenaría a quedar en la calle.
“Hay una persona (un migrante) que me explica que él está aquí con su esposa y con un niño de seis años (...) Él me dice que le interesaría pedir refugio, pero que hoy les entregaron esa hoja y junto con esa hoja les dijeron, verbalmente, que si optaban por pedir refugio tenían que salir de inmediato del Catem y quedaban en la calle”, afirmó Herrera, quien alcanzó a conversar con varios migrantes.
El pasado 18 de febrero, la Dirección de Migración y Extranjería emitió una resolución que detallaba las condiciones migratorias bajo las cuales ingresaría el grupo que el gobierno costarricense accedió a recibir. El documento les otorgaba un permiso migratorio temporal por 30 días “prorrogables”, el cual fue posteriormente prorrogado.
Tránsito restringido
La llegada de los vuelos generó cuestionamientos sobre las condiciones de tránsito que los migrantes tendrían una vez llegaran al Catem. La Nación corroboró en el sitio que el grupo tenía su libreta de tránsito restringida y que sus documentos migratorios fueron retirados por el personal de Migración. Este detalle fue confirmado por Omer Badilla, director general de la entidad.
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Hasta el 24 de marzo, la Sala Constitucional había admitido para estudio dos recursos de habeas corpus contra la DGME y Badilla, su director, por la detención de migrantes.
Según el ciudadano que interpuso el recurso, el grupo de extranjeros está privado de libertad de facto, sin una base legal que justifique la restricción de su tránsito. Esta afirmación se sustenta en reportes de la Defensoría de los Habitantes.
Este viernes, los diputados de la República se dirigirán a la zona sur a visitar el centro y corroborar la condición en la que se encuentran los migrantes. Asimismo, Migración autorizó, después de más de un mes, el ingreso a la prensa el próximo lunes 31 de marzo.