Varias emisoras de radio ya anunciaron su salida del aire, tras no presentar oferta económica para la subasta. (La Nación /La Nación )
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) criticó la subasta de frecuencias de radio y televisión, que lleva adelante la Superintendencia de Telecomunicaciones y cuyo proceso de recepción de ofertas cerró este viernes
“Sin diversidad no hay democracia: La subasta de frecuencias es un golpe a la libertad de expresión. La subasta de frecuencias impulsada por el actual gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) no fortalece el ecosistema mediático costarricense: lo debilita”, apuntó esa institución.
Para Iplex, al imponer requisitos económicos y técnicos que solo pueden cumplir los grandes operadores, el proceso amenaza con expulsar del espectro a medios pequeños, comunitarios y regionales, los cuales considera pilares “esenciales del pluralismo democrático”.
Según Iplex la medida no solo dispuso tarifas prohibitivas sino también requisitos técnicos imposibles de cumplir para algunos medios. (José Cordero /La Nación )
Los precios base fijados para concursar empiezan en $386.000 para radio FM de cobertura nacional;$1,6 millonespara televisión de cobertura nacional y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.
De acuerdo con Iplex, esos montos se combinan con exigencias técnicas desproporcionadas y poco realistas para la realidad del país.
“El resultado es excluyente: emisoras locales, culturales y comunitarias quedan fuera antes siquiera de participar”, agregó el comunicado.
Hasta ahora, emisoras y canales como Radio HIT, Radio Musical, Onda Brava, Radio Santa Clara o TV Sur ya advirtieron que no presentarían sus ofertas económicas para participar en la puja.
En paralelo ya se presentaron acciones legales y en algunos casos se anunció que permanecerán únicamente en plataformas digitales, lo cual según el Instituto de prensa no garantiza acceso en zonas rurales donde la conectividad sigue siendo limitada.
Ese organismo calificó además lo ocurrido como una restricción a los derechos fundamentales para esas comunidades, lo cual a su vez conllevaría a un empobrecimiento del debate público.
Tras el cierre de recepción de ofertas, iniciará un proceso técnico y económico que podría llevar varios meses y en el que deberán completarse otros pasos que incluyen la evaluación de requisitos, publicación de ofertas económicas recibidas, recepción de oferta en la fase de puja adicional, análisis de las ofertas económicas, así como los análisis técnicos y proyección de zonas de cobertura, para finalmente aprobar los resultados y enviarlos al Micitt. Se tiene previsto que esto ocurriría a finales de marzo o inicios de abril del próximo año.
