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Para agosto de este año, los trámites pendientes de resolver en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) supuestamente eran menos de 100. La cifra dista de una presa de 400 que acumulaban meses de espera un año atrás.
Para desatar ese nudo, se requirió una intervención de urgencia y cambios en la gestión de los permisos ambientales que todavía están en proceso.
Esos trámites históricamente han sido engorrosos y motivo de fuertes críticas de sectores productivos por la tardanza que suponen para emprender nuevos negocios. Por eso, solucionar los cuellos de botella de Setena ha sido un reclamo permanente.
La cirugía a la cual se sometió esa entidad en el 2018 algo alivió, pues de 621 solicitudes en ese entonces, la cifra cayó a 96 para la primera mitad de este año.
Por ahora, todo está bajo control y es cuando Setena lanza de nuevo la misma promesa: que cambiará para bien.
La meta ahora es asegurar que las modificaciones que dieron resultado perduren y no se olviden con la llegada de nuevos jerarcas o nuevos gobiernos. La intención es que queden “escritos en piedra” como afirma Cynthia Barzuna Gutiérrez, secretaria técnica.
Setena, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente, otorga o niega los permisos para levantar cualquier obra que pueda impactar el ambiente, sea pública o privada.
Parte de la actual agilidad se debe a que en noviembre se lanzó un portal en línea: tramites.setena.go.cr, diseñado para detectar inconsistencias y errores al presentarse solicitudes antes de dar por válida la recepción. Si hay errores o algo falta, no es posible ingresar el pedido. Solo ese filtro, le ahorra tiempo a Setena y a los usuarios, explicaron en la entidad.
En agosto, además, Setena empezó a tramitar digitalmente todas las solicitudes para obras de bajo impacto ambiental (utilizan el formulario D2). Esto simplifica el registro y seguimiento del 54% de las solicitudes.
El restante 46% (formulario D1), desarrollos de alto y mediano impacto, ahora reciben una examen más profundo pero más expedito.
Para lograr que todo siga así en el futuro, la Secretaría suscribió un convenio con una organización llamada VIVA Idea, dedicada a promover innovación y mejoras en iniciativas de desarrollo sostenible.
“Ellos nos ayudarán a mejorar nuestros criterios de referencia al evaluar el impacto ambiental de los proyectos. Pronto VIVA Idea nos dará un diagnóstico de mejores prácticas. Pero lo importante son las propuestas que vendrán de ese análisis”, explicó Barzuna.
El plan consiste en definir nuevos flujos para los procesos y asegurarse que se conviertan en la norma, para que todos los departamentos tengan claridad de cómo operar y cuáles son sus límites, pues, como admitió Barzuna, había cierta “cuota de discrecionalidad” en la revisiones.
“Nosotros tenemos ciertas verificaciones por hacer. VIVA Idea nos ayudará a afinar cuáles son los pasos únicos para esas revisiones sin generar nuevas en el camino. La idea es preservar a futuro las pautas adecuadas al margen de quién lidere Setena o si varía el personal en algún cargo”, explicó.
Desconfianza
Aunque reconocen avances, representantes empresariales no tienen el mismo optimismo.
La más crítica es Kattia Madrigal, directora de Investigación y Desarrollo Técnico de la Cámara Costarricense de la Construcción, para quien a Setena le falta transparencia, eficiencia y calidad.
“La situación real está muy lejos de esa aspiración y los trámites son burocráticos, complejos y susceptibles a la subjetividad del funcionario”, afirmó.
Además, cree que el tiempo que consume el proceso todavía eleva los costos de las empresas y les roba competitividad.
Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, sí percibe mejoras pero solicita que el cambio no sea flor de un día y por presión “debido a una crisis mediática”.
“Este cambio debe ser sostenible. ¿Funcionará esta vez la reforma anunciada? No lo sabemos pero se les da el beneficio de la duda. Si por la víspera se saca el día, ojalá en verdad funcione”, opinó.
Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica, percibe más orden y claridad de procesos lo que permitió rebajar de seis a tres meses un trámite, si se cumple con todos los requisitos y protocolos.
Sin embargo, aclaró, la Cámara espera que la transformación continúe con la digitalización de todos los procesos de expedientes para disminuir los tiempos de respuesta aún más.
"Si se le da continuidad a este proceso de transformación y ordenamiento, es probable que sea sostenible en el tiempo”, comentó.
De todos modos, Barzuna sigue optimista y dice que esta vez la transformación sí funcionará porque nunca antes se han creado este tipo de protocolos de trabajo.
Para ella no todos los cambios pasan por ajustar un reglamento porque algunos son simples ajustes de gestión administrativa.
“Lo que nuestro personal de altísimo nivel necesita es un liderazgo serio porque, cada secretario que pasa por acá, ha durado en promedio nueve meses. En este proceso de diagnóstico se ha entrevistado a todo el personal para que hagan observaciones y señalen problemas y posibles soluciones. Creo que eso nos ayudará a asimilar bien los cambios que hagamos”, concluyó.
Institución con historial de crisis
Esta no es la primera vez que Setena promete enmiendas luego de atravesar crisis. Con apenas 24 años de existir, ya acumula una historia marcada por problemas.
En octubre del 2013, Setena acudió a más de una decena de instituciones a solicitarles criterios sobre el estudio de impacto ambiental presentado por APM Terminals para la construcción de la nueva Terminal de Contenedores (TCM) de Limón.
Lo hizo al reconocer que este tipo de análisis era superior a su capacidad, dada la envergadura del gigantesco proyecto holandés. El estudio presentado por APM Terminals Ingresó a Setena en abril del 2013 año y fue hasta abril del 2014 cuando resolvió rechazarlo aduciendo que halló 110 falencias.
Poco antes, en febrero del 2013, el entonces ministro de Ambiente y Energía, René Castro, informó de que intervendría a la Setena por su incapacidad para tramitar expedientes.
Para entonces, la institución tenía su imagen empañada por errores y omisiones cuando autorizó una ampliación del proyecto minero Las Crucitas en Cutris de San Carlos (Alajuela).
En solo dos meses durante el 2008, esa ampliación recibió el permiso sin solicitarse un nuevo y completo estudio de impacto ambiental como tenía que ser.
Sobre ese caso, el Tribunal Contencioso Administrativo resumió lo sucedido como “una orquestación de voluntades” de la cual Setena formó parte. En consecuencia, varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría fueron investigados por el Ministerio Público.
Ese caso guarda similitudes con el procedimiento por el cual Setena también avaló el plan de una refinería con China.
En esa ocasión, Setena habría incumplido procedimientos legales y habría establecido términos de referencia especiales para el estudio de impacto ambiental. Por dichas actuaciones, el 2 de julio del 2013, el Organismo de Investigación Judicial allanó sus oficinas en San José.
Con su credibilidad golpeada, el 9 de setiembre del 2015, el entonces ministro de Ambiente y Energía (Minae), Édgar Gutiérrez, anunciaba la apertura de mesas de diálogo con distintos sectores para tratar de reformar la entidad que, según dijo, sufría una serie de problemas de gestión por saturación de trabajo, legislación desfasada y falta de recursos.
“No es un secreto para nadie pero Setena ha sido una de las instancias del Minae más polémica, muy cuestionada e incluso secretarios ejecutivos de esta Secretaria han sido removidos en tribunales”, dijo Gutiérrez durante una conferencia de prensa donde el entonces secretario, Freddy Bolaños, anunció su renuncia por motivos personales.
Tres mil solicitudes
La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 (13 de noviembre de 1995) creó Setena como un órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), responsable de armonizar procesos productivos y su impacto ambiental.
Por casi 24 años, ese afán de armonía ha consistido en emitir permisos para el desarrollo de obras; requisito sin el cual no se permite iniciar trabajos. En promedio ingresan unas 3.000 solicitudes al año.
De ellas, 60% son para actividades sin mayor impacto ambiental o solicitudes con errores (o ambas) que recibían el mismo tratamiento que proyectos de mayor importancia.
Al tramitarse cada solicitud sin hacer distinciones, podían pasar años antes de conseguir el visto bueno.
