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Proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán pagar un canon por los terrenos municipales donde instalen torres u otros dispositivos para ofrecer servicios de telecomunicaciones, según una disposición de la Dirección General de Tributación (DGT).
El canon consiste en el pago anual de $2.400 (¢1,3 millones al tipo de cambio) , $3.600 (¢2 millones) o $4.800 (¢2,7 millones) por cada metro cuadrado de terreno que las empresas utilicen para colocar infraestructura necesaria para brindar sus servicios de Internet, telefonía o servicios de televisión por cable.
Este monto a cobrar estará definido por el valor del terreno donde está la instalación el cual tiene rangos de avalúo de entre ¢50.000 y ¢100.000 por metro.
La Municipalidad podrá aplicar a discreción el cobro del canon anual que le corresponda a cada empresa, pero sin pasarse del monto fijado para cada rango. No obstante, también podrá reducir hasta 30% de ese valor según lo estime conveniente.
Así lo indica el llamado "Procedimiento para la Fijación del Canon de Arrendamiento por la Construcción y Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones en Bienes de Uso Público que se encuentren bajo Administración Municipal", que fue publicado en el Alcance 45 del diario oficial La Gaceta del 28 de febrero.
La DGT, adscrita al Ministerio de Hacienda, ordenó el cobro basándose en el artículo 79 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley 7593), según la cual, las municipalidades permitirán la instalación de redes públicas de telecomunicaciones en los bienes de uso público.
Sin embargo, dicho artículo también aclara que los operadores de estas redes cubrirán los costos, eventuales daños y perjuicios que puedan ocasionar la construcción y operación de redes; así como cancelar un arrendamiento, cuyo valor fijará la Dirección.
La decisión, sin embargo, indispuso a la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) para la cual esta decisión "atenta contra el desarrollo de las telecomunicaciones".
Según el grupo, Tributación habría ignorado 20 observaciones puntuales y argumentadas de manera técnica; así como una solicitud de reunión para exponerle sus inquietudes antes de que se publicara el procedimiento.
“Consideramos que, ni Hacienda ni Casa Presidencial, tienen claro el panorama y la afectación que traerá esta decisión a la industria. La resolución carece de fundamento legal y sobre todo técnico, en la determinación y regulación del cálculo del canon", expresó Oscar Emilio Barahona, presidente de Infocom, en un comunicado.
En su criterio, Hacienda omitió indicar cuáles fueron los parámetros usados para fijar los montos que implicarán un aumento en el costo para los consumidores.
Se intentó conocer el detalle de las observaciones planteadas, pero voceros de Infocom manifestaron que se limitarían a las manifestaciones incluidas en el comunicado.
