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El tajo Asunción, proyecto que tiene el material rocoso para construir el nuevo megapuerto de Limón, está paralizado por una investigación administrativa y dudas ambientales.
La pesquisa fue ordenada por el presidente Luis Guillermo Solís en mayo anterior y pretende determinar supuestas irregularidades en la entrega de la concesión a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, dueños de la cantera.
Además, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) impuso una medida cautelar, desde junio del año pasado, por petición del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya),
El AyA asegura que el tajo, ubicado en Matama de Limón, pone en riesgo la cuenca del río Banano, protegida desde 1991.
También afirma que la explotación minera afectaría la construcción del nuevo acueducto de Limón, pues ese río sería la principal toma de agua.
La entidad calcula que el río Banano podría suministrar agua potable para 94.000 personas por los próximos 200 años.
“Mi defensa de esta cuenca es porque tenemos estudios, hechos desde los años 80, que indican que esta es la cuenca que abastecerá de agua a la ciudad de Limón”, detalló Yamileth Astorga, presidenta del AyA.
Terrenos. Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente y Energía, dijo que la investigación concluyó que el concesionario no ha podido demostrar que los terrenos del tajo le pertenecen.
“Existe un elemento fundamental que no se cumplió en el proceso y, por lo tanto, el acto es nulo; ese elemento fundamental es la comprobación de la propiedad”, comentó el jerarca.
La aprobación de la concesión fue firmada por la presidenta Laura Chinchilla y publicada el 23 de diciembre de 2013 en el diario oficial La Gaceta .
“Antes de iniciar labores, se deberá contar con la información posesoria del terreno que comprende el área solicitada y ser presentado al expediente administrativo”, señalaba el decreto firmado por Chinchilla.
No obstante, en octubre de 2013, el Tribunal Agrario de San José rechazó acreditar la propiedad de las tierras a la concesionaria por falta de pruebas.
Actualmente, la compañía mantiene abierto un nuevo proceso de información posesoria para comprobar que la finca del tajo le pertenece.
Antes de entregar el permiso, el Registro Nacional Minero (RNM) recomendó suspender el procedimiento hasta que el desarrollador aclarara la titulación.
La solicitud consta en el memorando DGM-RNM-638-2013, emitido el 10 de diciembre por Rosa Ovares, jefa del RNM.
Roger Barboza, abogado de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, declaró que han demostrado, en varias oportunidades, la propiedad de los terrenos.
El jurista agregó que el Tribunal Agrario se equivocó al rechazar la información posesoria en octubre de 2013.
La última palabra sobre el futuro del tajo la tiene la Procuraduría General de la República (PGR), la cual está analizando si procede la anulación de la concesión minera.
Vivian Burban, encargada de prensa de la PGR, manifestó que el asunto está en trámite y por esta razón declinó hablar del tema para no adelantar criterio.
Pérdidas. Gerardo Arias, representante legal de la firma, aseveró que los inconvenientes les han dejado pérdidas por $6 millones.
Según Arias, desde marzo tienen un contrato con la empresa Van Oord-BAM, encargada del megapuerto, para entregar 1,5 millones de toneladas de roca.
En el negocio también está involucrada la compañía Lemon Stone S.A,
Paul Gallie, gerente general de APM Terminals en Costa Rica, expuso que no les preocupa esta situación.
“Estamos concentrados en el inicio de las obras; contratamos una empresa constructora y ellos tienen la responsabilidad de conseguir el material de relleno, de dónde salga no es problema nuestro”, expresó Gallie.
