EscucharLa Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) insiste en construir un muelle flotante de $238,5 millones para descargar gas frente a puerto Caldera, Puntarenas, pese a alertas de la Contraloría General de la República de su impacto el precio de los combustibles.
Su insistencia se refleja en el estudio ordinario de precios ET-082-2022 que la Refinadora presentó el 22 de octubre a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en el cual solicitó costear con tarifas de hidrocarburos los ingresos para levantar la infraestructura.
Recope se aferra al proyecto aunque su propio estudio de preinversión señaló que el muelle es innecesario, pues con solo aumentar en cuatro el número de tanques o esferas de almacenamiento de gas (una inversión de $72 millones) en sus instalaciones en Moín, Limón, cumpliría el mismo objetivo sin afectar los precios que pagan los consumidores.
Cuando Recope habló de la obra, en enero de 2020, la estimó en $170 millones, pero cuando oficializó el plan en mayo, proyectó $234 millones. En ese momento, calculaba que gastaría $98 millones (¢61.000 millones) de recursos propios y pediría prestado $136 millones (¢84.000 millones).
Pasados seis meses su previsión subió $4,5 millones como refleja en su petición a Aresep.
Ya la Contraloría General de la República (CGR) había ordenado en julio frenar el millonario plan al argumentar que elevaría tarifas de los hidrocarburos y por la existencia de “vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta” como, por ejemplo, que en Recope se olvidaron de presentar la evaluación del costo-beneficio de esta obra.
Según la CGR, Recope promovió una licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) en busca de un contratista para el plan sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad por falencias en el estudio de prefactibilidad de un proyecto que hasta el ministro de Hacienda juzga inconveniente.
Para Alejandro Muñoz Villalobos, presidente de Recope, la insistencia en la estructura es una “actuación responsable”. Alega que “generará muchos beneficios fiscales, ambientales y de ahorro para los hogares y en general para todos los sectores que utilizan el GLP como fuente de energía”.
La terminal flotante consiste en un atracadero tipo monoboya del cual saldrían dos líneas de 5,6 kilómetros encapsuladas en concreto bajo el lecho marino que conectarían a una estación de bombeo que se ubicaría en los antiguos terrenos de Fertica en puerto Caldera, en el Pacífico.
Muñoz dijo que luego de la llamada de atención de la Contraloría, supuestamente se replanteó el estudio de factibilidad y además se impuso a Recope la obligación de amarrar el visto bueno del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) para la ejecución de los trabajos mediante un fideicomiso.
Anunció que la próxima semana se iniciaría la etapa de gestiones ante Mideplán, la cual espera concretar en el 2022, lo mismo que el proceso licitatorio para adjudicar al fiduciario quien se ocuparía de desarrollar la terminal.
Los contratos de ejecución, agregó, los prevé para el 2023 cuando se iniciaría la etapa constructiva la cual tomaría tres años, según él.
Su intención es tener el muelle en operación para el 2026 pues aduce que este ampliaría la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos y en particular gas licuado de petróleo (GLP) o de cocina.
“Este es un proyecto que generará muchos beneficios fiscales, ambientales y de ahorro para los hogares y en general para todos los sectores que utilizan el GLP como fuente de energía. La obra pública dinamiza la actividad económica y en el caso del proyecto Terminal Pacífico, aparte de los beneficios que traerá al país, durante su proceso constructivo generará unos 400 empleos directos e indirectos en una de las zonas más deprimidas”, sostuvo.
El optimismo de Muñoz no lo comparte el ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde.
“En mi criterio sería inconveniente llevar adelante este proyecto, si tiene como consecuencia un incremento en el costo final de los combustibles al consumidor o un aumento en las obligaciones o contingencias fiscales del estado costarricense”, respondió ante consulta de La Nación.
Otra opción
La Refinadora le aseguró a la Aresep que la obra evitaría un desabastecimiento de hidrocarburos “ante un evento natural que inutilice” sus instalaciones en Moín (en el Caribe).
Además que, en el caso del GLP, la terminal desconcentraría inventarios en Moín para atender de forma regular desde Caldera el 30% de la demanda interna de importaciones y ventas mientras el 70% se seguiría atendiendo en Moín.
Como parte de la idea, se necesitan al menos cuatro esferas más de almacenamiento en Caldera o de lo contrario, aseguraba el estudio de factibilidad anterior, la importación del GLP será más frecuente y ello afectaría su precio por el aumento en la frecuencia de fletes.
Según aquel análisis de Recope, de construirse en Moín y en donde están otras siete esferas de GLP, existe la ventaja de que todos los sistemas de importación y demás equipos requeridos ya existen. Además, se abaratan los gastos.
Levantar en Moín las cuatro esferas presurizadas de 4.000 metros cúbicos (25.000 barriles) rondaría los $72 millones (unos ¢46.000 millones). En el Pacífico, serían $98 millones (unos ¢63.000 millones).
“De no construirse este proyecto, los efectos adversos a la economía podrían ser mucho mayores en el mediano plazo y como consecuencia, un mayor impacto en las finanzas públicas”, advirtió Muñoz en defensa de su plan.
