Infraestructura

Proyectos del AyA para tratar aguas costaron casi el doble de lo planeado

Contraloría señala que algunos costos adicionales obedecen a situaciones que eran previsibles; achaca falta de planificación y gestión a jerarca de institución y a sus subordinados

Tres obras para el tratamiento de aguas residuales en la Gran Área Metropolitana (GAM) le costaron casi el doble de lo planificado al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La entidad tuvo que presupuestar unos ¢4.500 millones de más. Casi una tercera parte de las justificaciones del aumento del presupuesto fueron “situaciones previsibles”, que debieron considerarse desde su etapa de planeación.

Así lo señaló una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República (CGR).

Se trata de las líneas 2, 4 y 5, ubicadas en Coronado, que captan aguas negras para transportarlas hasta la Planta de Tratamiento Los Tajos. Allí, después de cumplir el proceso de saneamiento, se vierten en la cuenca del río Grande de Tárcoles.

“Los proyectos presentaron en promedio una variación entre el monto adjudicado y el costo final cercano al 95,3%, es decir, los proyectos tuvieron un costo final casi del doble respecto a lo adjudicado”, señala el informe.

El servicio de saneamiento de aguas residuales consiste en recolectar, transportar y tratar las aguas negras de viviendas, comercios e industria, con el propósito de devolverlas a los ríos en condiciones que reduzcan la contaminación ambiental, en comparación con el uso de tanques sépticos con infiltración o con la descarga directa a los cuerpos de agua.

La entidad ha invertido cerca de $490 millones desde el año 2008, para tratar este problema, principalmente en el centro del país.

No obstante, según evidenció la Contraloría, el Instituto falla en los procesos de planificación previo a la adjudicación y construcción.

“Esta diferencia significa que durante la planeación era necesario considerar aproximadamente ¢1.482 millones adicionales para completar cada una de las obras.

“En detalle, en la línea 2 Sector Coronado A no se consideró un monto próximo a ¢1.520 millones (77,3%), en la línea 4 Sector Coronado C ¢1.435 millones (109,1%) y en la línea 5 Sector Coronado D alrededor de ¢1.491 millones (99,4%)”, señala el informe.

Al revisar las causas, la Contraloría determinó que 27 de las 38 modificaciones tramitadas en los tres proyectos eran “razonablemente justificadas.

No obstante, en 11 de ellas evidenció que los motivos estuvieron relacionados con “situaciones previsibles” que se pudieron contemplar en la etapa de planificación.

La autoridad de acueductos y alcantarillados confirmó que tuvo que acudir a cambios en las obras para solventar eventualidades durante el proceso constructivo, lo que provocó que los trabajos terminaran costando más de lo planeado.

“Las obras a las que se refiere el informe son de una licitación del 2014, para construir redes sanitarias de recolección que se conectarán, a futuro, con los colectores , para transportar las aguas residuales a la Planta Los Tajos, que el AyA opera exitosamente en La Uruca desde el 2015.

“Esos tres contratos fue necesario rediseñarlos y modificarlos ante imprevistos identificados, con el consiguiente efecto en plazos y costos que reporta la Contraloría General de la República.

“Tras la ejecución de esos contratos de construcción de redes, se emprendió la reconstrucción y rehabilitación del sistema de colectores existente. Los colectores son el conjunto de tuberías principales para conectar las redes y los domicilios con la Planta Los Tajos”, señaló el Instituto a través de un comunicado de prensa.

Por esos hechos, la Contraloría reprochó a la Presidencia Ejecutiva del AyA, ocupada por Yamileth Astorga, así como a los directivos del Instituto, por no ejercer un control adecuado de estos temas.

“Se contrapone a lo señalado en las Normas de Control Interno para el Sector Público, en cuanto al deber del jerarca y de los titulares subordinados de ejercer la vigilancia y perfeccionamiento de las actividades de control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de las inversiones que la Administración emprenda”.

Las obras, agrega el ente contralor, presentaron atrasos promedios de poco más de un semestre.

Para la línea 2 se tardó 80 días de más. Mientras que para las líneas 4 y 5, alrededor de 258 días adicionales cada una.

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.