Operadora de puerto Caldera se opone a terminar concesión antes de tiempo

Mientras Costa Rica busca una empresa que modernice y gestione el nuevo puerto de Caldera, la operadora actual de la terminal puntarenense se opone a la posibilidad de que le pongan fin a la concesión de manera anticipada.

La empresa Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) obtuvo el derecho de explotar la terminal hasta el año 2026 y ahora pide a las autoridades nacionales respetar la vigencia de ese contrato.

Dada la posición, el gerente general de la compañía portuaria, Ricardo Ospina, adelantó que de momento descartan cobrar una indemnización para devolver la administración del puerto.

Si el Estado no logra finiquitar el contrato de concesión con esa empresa antes de 2026, la necesaria modernización de la terminal de Caldera se atrasaría más de lo previsto.

A inicios de octubre, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) desechó la opción de ampliar la concesión en manos de SPC, para que fuera esa misma empresa la que asumiera los trabajos de mejora.

Por el contrario, acordó recurrir a un concurso internacional para elegir a la firma portuaria y conformar una nueva concesión de obra pública.

"La decisión de llamar a licitación para modernizar puerto Caldera es exclusiva del Gobierno, que respetamos en el entendido de que se cumplirá con las obligaciones establecidas en los contratos de concesión vigentes hasta el 2026.

“Confiamos en la seguridad jurídica y el Estado de derecho que impera en este país, por lo que hoy no evaluamos la posibilidad de indemnizaciones”, afirmó Ospina.

De acuerdo con Incop, la decisión de descartar la ampliación del contrato no se debe a disconformidades con la operadora actual.

Incluso esa fue la primera opción de la administración de Carlos Alvarado desde el inicio, en el entendido de que si buscaban una nueva empresa debían indemnizar a SPC.

No obstante, el Instituto alegó que esa vía generaba incertidumbre técnica, jurídica y financiera que podría poner en peligro el proceso de modernización del puerto.

La autoridad portuaria todavía tenía pendiente presentar varios procesos ante la Contraloría General de la República (CGR), para que ese órgano valorara su legalidad.

Por esa razón, según el Instituto, se optó por “el camino más largo, pero más seguro”, para garantizar la ejecución de las necesarias obras.

Pese a este desencuentro en torno al posible finiquito del contrato de concesión, Sociedad Portuaria del Pacífico (SPC) participará en el concurso internacional para ofrecer su propuesta al Gobierno.

En el pasado, esa compañía había alertado a Incop sobre el rezago de infraestructura que sufre Caldera. También había presentado un proyecto inicial para su remodelación.

“Sabemos la urgencia de modernizar el puerto, pues el rezago y saturación que presenta hoy tiene un alto costo para la competitividad del país, que afecta directamente todos los sectores involucrados en el comercio exterior”, afirmó Ospina.

Ese puerto quedó obsoleto desde hace más de una década. La operadora, Incop y exportadores nacionales urgen al Gobierno la remodelación de esa infraestructura.

El problema es que en Caldera no pueden atracar embarcaciones de gran calado, como las que se manejan actualmente en el transporte marítimo internacional.

En la actualidad solo entran embarcaciones comerciales fabricadas antes de 1980.

El calado máximo (profundidad) del puerto es de 13 metros y su estructura actual impide ampliarlo. Además, el puesto más importante, apenas mide 250 metros de eslora (largo).

Ese rezago le genera sobrecostos a los exportadores nacionales, quienes deben embarcar sus productos en naves más pequeñas que viajan hasta Colombia, México o Panamá para ser descargados en otros puertos, y luego ser nuevamente cargados en los barcos grandes rumbo a sus principales mercados.

Eso no solo aumenta los costos y reduce la competitividad nacional, sino que también imposibilita la exportación de algunas frutas por ese punto rumbo a Asia, debido a que los productores tropicales no llegarían en buen estado a su destino, por el aumento en los días de viaje, debido a la complicada logística.

Los consumidores nacionales también pagan más por esta situación, debido a que los importadores también deben hacer trasbordo de sus mercancías en otros puertos, para traer sus productos en barcos pequeños.