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Limón
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) carece de un plan concreto para liquidar a los 900 funcionarios que deberán dejar la entidad luego de la apertura del megapuerto en Moín.
Japdeva está obligada a reestructurarse debido a que la nueva terminal, dada en concesión a la empresa APM Terminals, asumirá a partir del 2018 la carga de contenedores que estuvo en sus manos.
El número de 900 trabajadores fue revelado por Ann McKinley, presidenta ejecutiva de la Junta, durante una sesión del Consejo de Gobierno de marzo.
No obstante, la institución aún no precisa cuánto costará la liquidación de empleados, cuáles departamentos se verían más afectados, cuántos podrá reubicar en otros entes públicos o si podrá asumir nuevos negocios para generar ingresos.
Desde octubre, las autoridades portuarias expresaron interés en trasladar trabajadores, pero aún no se define cuáles instituciones podrían recibir personal, cuántas plazas hay disponibles, ni en qué puestos.
En la actualidad, Japdeva tiene una planilla de 1.468 empleados, quienes consumen ¢32.000 millones en salarios al año.
McKinley dijo, la semana anterior, en una entrevista con La Nación , que saldrán 900 personas solo si la entidad no logra amarrar otros negocios.
En la mesa hay ideas relacionadas con una marina, plantas procesadoras de atún o importación de gas natural. Sin embargo, ninguno de los proyectos tiene estudios de prefactibilidad o estimaciones de costos.
José Luis Castillo, empleado de Japdeva y líder del sindicato hace algunos años, comentó que existe gran incertidumbre entre los trabajadores, pues ignoran qué va a pasar con ellos.
Por su parte, Kenneth Waugh, gerente de APM Terminals, declaró que el nuevo puerto creará entre 600 y 650 nuevos empleos directos y 14.000 indirectos durante los primeros tres años de operación.
Sin dinero
Japdeva ya tiene cálculos de cuánto costaría el pago de prestaciones de los colaboradores que deban salir, pero prefiere reservarse el monto para no crear falsas expectativas.
No obstante, la jerarca de la Junta sostuvo que los fondos para cubrir las liquidaciones deberán salir de una partida presupuestaria porque la entidad no cuenta con fondos.
El personal de Japdeva tiene derecho al pago de cesantía con un tope de 20 años, pues así lo establece la convención colectiva.
Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República, afirmó que la situación fiscal del país no permite ofrecer planes de pensiones anticipadas a los trabajadores que estén a pocos años de jubilarse.
Pese a que quedan aspectos sin definir y se acerca la apertura del megapuerto, el Gobierno niega que se le haya hecho tarde para buscar soluciones.
“Hemos estado atentos a este asunto. Aún no tenemos la fecha exacta de apertura del megapuerto y, por lo tanto, aún no podemos decir cuándo vamos a cesar gente. La idea es que cuando el puerto abra, podamos tener este tema resuelto”, señaló la vicepresidenta.
Chacón lidera un equipo interinstitucional que pretende instalar una zona económica especial en el Caribe para atraer inversiones y asistir a los trabajadores que sean cesados.
