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Cuando en unos meses los aguaceros bañen el Valle Central, volverán los desbordamientos e inundaciones de los ríos asfixiados por miles de casas y comercios.
Las emergencias que ponen a correr a las autoridades y angustian a los vecinos, no son más que la consecuencia de las invasiones al área de protección de los cauces, que son los 10 o 15 metros a ambos lados en los cuales está prohibido construir, sembrar o talar árboles.
Sin embargo, la prohibición que establece la Ley Forestal, número 7575, de 1995, es constantemente burlada.
Del 2011 al 2017, se registraron 7.545 quejas por invasión a las áreas de protección según estadísticas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Esto equivale a 29% de las 25.800 denuncias recibidas por la entidad en esos años.
Una vez concluidos estudios preliminares y trabajos de campo, 2.297 (30%) fueron remitidas a tribunales.
Para Juan Carlos Villareal del Área de Prevención, Protección y Control del Sinac, esa cifra constituye un grave problema.
El confinamiento de ríos, explicó Villareal, se concentra en la Gran Área Metropolitana (GAM) donde se registraron 932 de las 2.297 denuncias que el Sinac elevó a la vía judicial en los últimos siete años.
Un estudio elaborado por la Contraloría General de la República para 2014 advirtió de que la ocupación humana en las áreas de protección alcanzaba el equivalente a 6,22 hectáreas, principalmente a lo largo de los ríos Torres, Cañas y Toyogres en su recorrido por 10 de cantones de San José, Cartago y Alajuela. De esas 4,58 hectáreas estaban ocupadas por edificaciones y 1,64 tenían cultivos.
El ente contralor examinó la situación de los 31 cantones metropolitanos de San José,Alajuela, Heredia y Cartago. Entre todos, suman 196.700 hectáreas de territorio por donde pasan 56 ríos (unos 700 kilómetros de cauces) precisa el informe DFOE-AE-IF-14-2014 de diciembre de 2014.
Tres años después de aquel estudio, las problemática es aún mayor.
Demolición, casi imposible
Édgar Mora, alcalde de Curridabat, afirma que solo en ese cantón, las áreas invadidas ya superan las seis hectáreas, según estudios que ha realizado la Municipalidad.
Ahí, dice, han recibido denuncias por piscinas, ranchos, edificios comerciales y precarios metidos en las zonas de protección.
También José Manuel Ulate, alcalde de Heredia, estima que la invasión en áreas de protección se multiplica y con el problema aumentan las inundaciones.
“Ya hemos venido sacando a personas con obras que bloquean los cauces pero es un trámite lento y no todos los casos corresponden a la Municipalidad; la obligación es de otra entidad pública”, aclaró Ulate.
El jerarca municipal puso como ejemplo la barriada de Guararí, del distrito San Francisco.
Según el último informe Estado de la Nación, esa comunidad está en una zona con riesgo de inundación por el desbordamiento del río Pirro. Al menos 1.000 personas deben ser reubicadas, según ese análisis, porque sus casas resultaron de un proyecto de vivienda que se levantó sin considerar este riesgo.
La Municipalidad de Heredia tiene pendiente el desalojo de 28 familias por la invasión de 500 metros de zona de protección en el sector del Centro Civico Escuela de Guararí.
Además, tiene en proceso otro que afecta a 22 personas también en San Francisco de Heredia, en el sector de Calle Avelina, por invasión privada de la zona de protección forestal del Pirro.
“Todo mundo se mete y es frustrante. Mientras al río sigan llegando miles de intereses privados dispersos, nunca habrá control”, dijo.
Mora también se quejó de la dificultad y lentitud para ejecutar las demoliciones, al que calificó de "tragedia" e "inconsecuencia".
“Posiblemente el trámite más lento en el planeta; algo inexplicable en una país que cree de sí mismo que protegela naturaleza”, afirmó.
Un ejemplo es el pleito que tiene esa municipalidad con una agencia de carros ubicada junyo al ríoMaría Aguilar en Cipreses, el cual se tramita en los tribunales contencioso-administrativos. Ese conflicto lleva ya tres años y medio.
Seguirán las emergencias
Bajos estas condiciones, serán inevitables las emergencias con cada estación lluviosa.
La ocupación de los terrenos, explican las inundaciones del Valle Central, confirma Maricé Navarro, presidenta del Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
“Al final, la naturaleza le pasa la factura a la falta de previsión. Cuando ocurren inundaciones, los afectados dicen que el río se les metió a la casa pero en ocasiones, lamentablemente, fueron las casas las que se metieron al río”, señaló Navarro.
Por esa razón, la prevención en estas franjas es la única forma de asegurar que al subir las aguas del río cuando llueva, el torrente dispodrá de espacios por dónde pasar sin desbordarse y provocar las consabidas emergencias
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