Juan Diego Córdoba. 29 abril
La carretera a San Carlos es un ejemplo del rezago que tiene el país en materia vial, a tal punto que el Estado tuvo que romper el contrato con la empresa Sánchez Carvajal. Foto Alonso Tenorio
La carretera a San Carlos es un ejemplo del rezago que tiene el país en materia vial, a tal punto que el Estado tuvo que romper el contrato con la empresa Sánchez Carvajal. Foto Alonso Tenorio

Las empresas constructoras que incumplan un contrato con el Estado quedarán inhabilitadas por hasta 10 años para hacer nuevos negocios con cualquier entidad pública.

Así lo aprobaron en primer debate los diputados con 41 votos a favor y nueve en contra, al reformar el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el independiente Erick Rodríguez se opusieron a la iniciativa.

La propuesta original, presentada por el exdiputado liberacionista Michael Arce, establecía una inhabilitación de cinco años para todas las compañías que incumplieran con sus labores.

No obstante, luego de evaluar recomendaciones de las autoridades del ramo, los legisladores de esa comisión acordaron establecer penas de entre tres y diez años, dependiendo de la gravedad de la afectación.

Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la legislación actual ha impedido inhabilitar a empresas que incumplen contratos con el Estado pues establece que, para hacerlo, la firma debe fallar en tres proyectos de forma continua.

La iniciativa dictaminada permite a las instituciones públicas apercibir a las constructoras para que corrijan su incumplimiento y, de no hacerlo, la entidad deberá comunicarlo a la Contraloría General de la República, la cual ordenará la inhabilitación.

La entidad afectada será la encargada de cuantificar los daños ocasionados y a partir de ese información se establece la cantidad de años en que la constructora no podrá concursar por contratos estatales.

“Esta iniciativa busca corregir una problemática de años en el país, por ejemplo, en el caso de infraestructura vial el país se encuentra en un rezago terrible, a tal punto que ostentamos la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de competitividad por concepto de infraestructura de caminos, según el Índice de Competitividad Global 2017-2018”, afirmó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karine Niño, quien retomó la iniciativa de ley.

El proyecto deberá recibir su segundo debate, para que posteriormente sea firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, con el objetivo de que se publique y quede en firme.

La carretera a San Carlos es un ejemplo del rezago que tiene el país en materia vial, a tal punto que el Estado tuvo que romper el contrato con la empresa Sánchez Carvajal.

La empresa constructora, después de 13 años de labores y $300 millones de inversión, dejó la vía con un avance de apenas 60%.

En la actualidad, la Ley de Contratación Administrativa permite que aquellas empresas que no estén de acuerdo con una inhabilitación, puedan acudir a un tribunal contencioso administrativo a impugnar la medida.

Sin embargo, las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad no registran ninguna suspensión a empresas que incumplen con los contratos, a pesar de que se han presentado varios casos.

Este proyecto de ley brindaría un procedimiento más expedito y claro para inhabilitar a las constructoras.