El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pagó casi $24 millones de más en compras de energía a generadores privados en los últimos tres años, por una mala estimación de la tarifa por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Así lo determinó un informe de auditoría elaborado por el Área de Fiscalización de Ambientales y Energía de la Contraloría General de la República (CGR), según el cual la Autoridad Reguladora puso una tarifa única a la energía hidroeléctrica y a la eólica, cuando cada una debe tener un costo diferenciado.

“Entre 2017 y 2019 Aresep aplicó mal la metodología para fijar tarifas de compra de energía eléctrica a privados con contratos renovados, pues sobreestimó costos de explotación y utilizó datos de plantas eólicas aunque correspondía utilizar solo de hidroeléctricas”, señala el informe.

El estudio, además, llama la atención al ICE por considerar que no fundamentó las decisiones de compra de energía en 23 contratos por más $2.000 millones, suscritos entre 2010 y 2018.

“No consta la evidencia documental con la fundamentación técnica, económica y de oportunidad con base en la cual el Instituto tomó la decisión de contratar la compra de energía eléctrica”, dijo.

Asimismo, criticó el “débil seguimiento” que le da a siete plantas construidas que le serían transferidas al concluir el contrato.

Mientras Aresep rechazó cualquier irregularidad, el ICE asegura que siguió los procedimientos adecuados para hacer las compras.

Ante los hallazgos, la Contraloría decidió abrir una investigación administrativa sobre las actuaciones de las dos entidades, sin que por el momento figuren funcionarios específicos.

Igual que las entidades aludidas, la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), también rechazó el informe y calificó de “ligeras” las afirmaciones del ente contralor en relación con el modelo tarifario.

“La ligereza de sus conclusiones atenta contra la seguridad jurídica de un sector que ha cumplido con la legislación y la normativa costarricense, aportando energía renovable y limpia a precios razonables, siempre establecidos por la Aresep”, señalaron en un comunicado.

¿Estarían dispuestos a devolver el dinero pagado de más?, consultó La Nación.

Acope se limitó a recordar que según la legislación, las tarifas fijadas por la Aresep no pueden ser retroactivas. Así lo establece el artículo 34 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.

Método tarifario

Según el informe, la Aresep estimó para el presente año que el ICE debía pagar 7 centavos de dólar por cada kilovatio hora sea de plantas hidroeléctricas o eólicas, cuando según la estimación de la Contraloría, el costo de la energía eólica debía ser de 5,8 centavos de dólar.

El órgano contralor también llamó la atención a la Aresep, porque en su cálculo de tarifa estima, en algunos de los casos, que las plantas privadas operan en su capacidad máxima instalada y durante todo el año, cuando no siempre ocurre de esa forma.

“Se trata de generación con diferencias en cuanto a tecnología, costos de inversión, costos de operación y vida útil”, señala el órgano.

El hecho de no tomar en cuenta tales diferencias habrían propiciado que el ICE pagara de más casi $24 millones en los últimos tres años.

Defensa

La Aresep confirmó que este jueves presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el informe, para que, en caso de que el área encargada mantenga los resultados, estos sean revisados por la contralora general, Marta Acosta.

Para la entidad, la Contraloría cometió fallas en la estimaciones que hace de las tarifas. Además, recordó que el modelo tarifario señalado, únicamente se aplica a las generadoras privadas que tenían contrato previo al 2015, mientras que a las empresas nuevas o las que renovaron contrato sí se les aplica una tarifa según el tipo de planta.

Alegó que, en todo caso, esa tarifa general había sido sometida a consultas públicas en 2010.

“Lo que nosotros hemos identificado en el informe es que ellos han utilizado criterios propios y subjetivos haciendo algunos cambios y, por supuesto, dependiendo de la información que se utilice y de esos criterios, pueden dar resultados distintos, pero eso no invalida que lo actuado por la Intendencia de Energía en su momento, con las fuentes de información que se tenían, fuera válido”, señaló Mario Mora, intendente de Energía de la Aresep.

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La Contraloría le ordenó a la Autoridad Reguladora corregir la metodología para siguientes ajustes, que precisamente deben realizarse el 1.° de octubre.

Asimismo, debe tomar acciones para que los generadores privados le devuelvan al ICE el monto pagado de más.

Ante consultas de La Nación, el intendente advirtió que el tema tarifario es competencia única y exclusiva de la Aresep y no del órgano contralor.

“Nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico, pero eso significa que también somos fieles defensores de las competencias que tiene la Autoridad Reguladora (...) Podemos retomar algunas preocupaciones y oportunidades de mejora, pero quien define en última instancia la manera en que esas oportunidades de mejora se pueden traducir en una metodología es la Autoridad Reguladora,", sentenció Mora.

Por su parte, el ICE, en un comunicado, defendió sus actuaciones e igual que la Aresep, recordó sus potestades.

Según dijo, al ser el responsable de administrar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para satisfacer la demanda nacional, “es la figura que decide la tecnología, la fuente y la capacidad instalada que debe incorporarse al parque nacional de generación”, según su plan de expansión.

“El ICE realiza pagos mensuales a los generadores privados sobre la base de la electricidad entregada, según contrato y de conformidad con las tarifas establecidas por la Aresep”, concluyó.

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