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El ICE ocultó información ligada a compras de electricidad a generadores privados amparado en una ley que establece la confidencialidad pero solo para datos vinculados a telecomunicaciones.
Así consta según la Sala Constitucional en el voto Nº 02688-2018, en el cual esta recordó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que la información confidencial concierne solo a temas vinculados con el sector en que compite: telecomunicaciones; no energía.
La resolución vino por un reclamo del exdiputado Jorge Arguedas Mora quien el 28 de noviembre del 2017 solicitó al Instituto información relativa a una licitación pública para la compra de bloques de energía hidroeléctrica a generadores privados.
El ICE entregó datos pero escondió doce folios de un estudio de impacto ambiental que realizaba entonces para el hoy descartado Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, en Buenos Aires de Puntarenas.
Cuando Arguedas preguntó por los folios faltantes, la Dirección de Contratación Administrativa de la Dirección Jurídica Corporativa del ICE respondió que, según el artículo 35 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones (8660), no era posible facilitárselos.
Los altos jueces, sin embargo, concluyeron que las razones expuestas por el Instituto no eran de recibo.
“No es información que el ICE y sus empresas obtuvieron de sus usuarios y clientes. Tampoco estamos en presencia de un secreto industrial, comercial o económico, amén de que en materia hidroeléctrica, el ICE y sus empresas no actúan en un régimen de competencia”, precisa la resolución.
El fallo constitucional explica que la información requerida por el excongresista “no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 35 de la Ley 8.660, ya que al tratarse de datos relativos a una licitación pública en materia hidroeléctrica, no se está ante materia dentro de un régimen de competencia que justificara declarar como confidencial lo solicitado”.
Los magistrados constitucionales añadieron que, por un principio de transparencia ligado a procedimientos de contratación administrativa, y dado que está de por medio el uso de fondos públicos, la información de la licitación en cuestión debe ser catalogada por regla como pública.
Sobre este tema se refirió este jueves la contralora general de República, Marta Acosta Zúñiga, ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Acosta afirmó ante ese foro que el Instituto ha abusado “absolutamente” de la potestad que le otorga la ley para declarar confidencial información pública; específicamente la que le da la Ley 8.660.
En su comparecencia, la funcionaria resumió hallazgos de fiscalizaciones que la Contraloría General de la República (CGR) ha hecho sobre el Instituto, al cual calificó de “institución compleja y reacia al control”.
“Hoy ustedes no pueden ver el presupuesto del ICE en detalle; existe, pero sin desagregarse las cifras, con esto nunca hemos estado de acuerdo”, añadió Acosta.
Acosta recalcó a los diputados en que la confidencialidad en materia financiera y presupuestaria del esa empresa pública “ha generado un velo de opacidad no conveniente a una institución pública relevante en el quehacer nacional”.
La información
Convencidos de que no se trataba de información secreta, los magistrados constitucionales ordenaron al Instituto entregar la información al exdiputado.
La licitación se refería a un contrato adjudicado en el 2008 al Consorcio ENEL-IELESA a cargo del Proyecto Hidroeléctrico Chucás. El exdiputado aseguró en su recurso de amparo de febrero del 2018 que sintió interés en revisar el documento después de una publicación en la prensa nacional.
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Específicamente, hizo referencia a una nota de este diario del 27 de noviembre del 2017 cuando se divulgó que el ICE fue condenado a pagar al menos $112 millones luego de perder una demanda interpuesta por el adjudicatario de PH Chucás ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA).
