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El 14 de junio de 2021 los costarricenses despertaron con la noticia de allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de Vialidad, las oficinas de las constructoras más grandes del país y las viviendas de importantes funcionarios públicos y empresarios. Ese mismo día la ciudadanía conoció que la investigación judicial se llamaba Cochinilla y que entre las principales personas señaladas por aparentes pagos de dádivas en contratos de obras públicas estaban Mélida Solís, dueña de H Solís, y su esposo, Roberto Acosta.
Las acciones judiciales llevaron a Solís, una de las empresarias más importantes de Costa Rica, a prisión preventiva desde julio del 2021 y hasta marzo del 2022, mes en que el Juzgado Penal de Hacienda rechazó extender la medida cautelar por seis meses más, como lo solicitó el Ministerio Público. Para salir de la cárcel, la empresaria tuvo que depositar una fianza de $5 millones.
Desde que estalló el escándalo, la pareja evitó referirse al Caso Cochinilla. Sin embargo, este viernes, en una entrevista con La Nación, su esposo, Roberto Acosta, de 63 años, habló de manera general sobre el caso. Sostuvo que su familia sufrió ataques emocionales, comerciales y judiciales.
“Nosotros somos gente creyente, la verdad. Recibimos las cosas que nos da la vida y tratamos de superarnos en todo momento y entendemos que será para fortalecernos cualquier cosa que suceda, pero sí, efectivamente, es muy duro cuando la empresa o uno, en lo personal, es atacado emocionalmente; es atacado comercialmente; es atacado judicialmente sin derecho, siquiera, a exponer su punto de vista”, declaró Acosta, ingeniero civil de profesión.
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El 16 de setiembre, Mélida Solís tuvo que asistir a una audiencia judicial en los Tribunales de Justicia de Goicoechea, en San José. (Jose Cordero)
De acuerdo con el expediente judicial, alrededor de las instituciones públicas encargadas de desarrollar infraestructura como carreteras y conservación de vías se tejió, en los últimos 20 años, una red de crimen organizado que involucra a funcionarios públicos y privados.
“Hace aproximadamente 20 años, funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) (...) han operado en una red de corrupción asociada a las grandes empresas constructoras como MECO, a cargo de Carlos Cerdas Araya, y H Solís, a cargo de Mélida Solís Vargas y Roberto Acosta Mora”.
“Esta organización criminal se encarga de conducir los procesos licitatorios en materia de conservación vial en favor de estas empresas constructoras, a cambio de dádivas o ventajas, logrando con ello adjudicaciones, beneficios indebidos en la ejecución de pagos de los contratos, omisiones en las supervisiones de las obras de infraestructura vial adjudicadas y, en consecuencia, incrementos patrimoniales indebidos en detrimento de la hacienda pública”, expresó la fiscala auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Johanna Rodríguez Acosta, ante el Juzgado Penal de Hacienda, para que el Caso Cochinilla se declarara procedimiento especial de delincuencia organizada en agosto de 2019.
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Para Acosta, ese tipo de acusaciones son inventos. Aunque fue indagado por esta causa, sobre él no pesa ninguna medida cautelar.
“Estos son procesos que, como ya lo ha dicho la misma Corte, duran 15 años para resolverse, ya hemos visto casos de hasta 22 años sin resolverse. Es una barbaridad. Al final de cuentas lo que hacen es un aspaviento de la investigación y, al final, resulta que no había tal, como es lo que se está viendo. Usted ha escuchado hablar de los ¢77.000 millones (supuestamente desviados de las arcas públicas) ¿Dónde están esos ¢77.000 millones? ¡Por Dios! Y esa fue la razón que dieron para darle prisión preventiva a mi esposa; eso no existe, son inventos”, aseveró el empresario.
En la actualidad, H Solís mantiene un pulso con el Estado por el desarrollo de tres importantes proyectos viales: la intersección a desnivel Taras-La Lima, en Cartago, la ampliación a cuatro carriles de 50 kilómetros entre Barranca, en Puntarenas y Limonal, en Guanacaste y la nueva sección de Circunvalación norte, en todas las obras reclaman supuestos atrasos en el pago de facturas por $24 millones. Esas carreteras representan inversiones por $450 millones.
La semana anterior, la constructora presentó una nota al ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en la que indicó que si no se efectuaba el pago de manera inmediata se paralizarían las construcciones. El reclamo provocó el pago de $4 millones correspondientes a facturas de Barranca-Limonal.
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Sobre los retrasos en los pagos de obras, la pareja de Solís descartó que sea un efecto colateral del Caso Cochinilla.
“Creo que es por la gente nueva que entró, les toca un proceso de un desembolso, una solicitud con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que eso se hace una vez al año y eso los haya atrasado por desconocimiento”, concluyó.
Producto de la pesquisa tampoco se prorrogaron varios de los contratos de conservación vial, que son indispensables para mantener la red de carreteras en asfalto. Según precisó, de 12 contratos que tenían, solo hay 3 vigentes. Pese a esta situación, según la constructora, en la actualidad mantienen una planilla de 1.200 personas.
