Esos montos representan el mínimo y el máximo incluidos en la propuesta de la constructora, en la que se calcularon 11 posibles escenarios de cobro. Entre más dinero invierta el Estado, más baja será la tarifa.

Esta primera iniciativa privada para construir una carretera en el país plantea ampliar la vía a seis carriles desde El Guarco hasta plaza González Víquez. Incluye dos estaciones de cobro. La primera donde está la actual, cerca de Terramall, en San Diego de La Unión.

La segunda en la entrada al viaducto de $100 millones y 3,2 km que se pretende construir en el cruce de residencial Hacienda Vieja, en Curridabat, hasta la rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote.

Por la ubicación de esta caseta, los conductores tendrán la posibilidad de elegir si realizan el pago o no, pues podrían salirse de la pista y tomar la ruta por La Galera antes de llegar a ese punto, o bien, otras rutas alternas, antes de ingresar al paso elevado.

José Alfredo Sánchez, vicepresidente de MECO, explicó que el valor de los peajes dependerá del aporte que el Estado esté dispuesto a realizar en esta vía que lleva años en planeamiento y que se hace necesaria ante el congestionamiento que sufren los 40.000 conductores que pasan a diario.

La opción con las tarifas más bajas requeriría que el Estado haga un aporte anual fijo de $35 millones, durante los 25 años que duraría la concesión, aunque el Gobierno anunció que no está en posibilidad de hacer aportes adicionales a esta iniciativa.

El secretario del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), José Manuel Sáenz, declaró que estudian alternativas para evitar que el impacto del costo de peajes en los conductores resulte insostenible.

Esas medidas podrían incluir la eliminación de algunas obras inicialmente propuestas, a fin de abaratar la construcción.

“Es muy temprano en el proceso para establecer el peaje, esas cosas solo terminan haciendo ruido (...). En estos momentos, si con los costos que ellos manejan creen que va a llegar a eso, yo le digo que seguramente va a ser inferior. Pero yo esperaría. Para eso son los estudios; ahí es donde va a quedar establecido cuál va a ser el nivel de peaje”, dijo Sáenz.

Agregó que al final se haría un estudio para determinar una tarifa socialmente aceptable y hacer los ajustes necesarios para bajar costos.

“Uno puede tomar la decisión de recortar un poco el proyecto, no hacer alguna obra o hacer alguna cosa por etapas, pero eso lo vamos a ver ahora, casualmente para eso son los estudios”, añadió.

Por su parte, el representante de MECO afirmó que su pretensión es que sea el Estado el que decida el monto de los peajes.

Además del aporte estatal, Sánchez dijo que hay otras variables que también pesarán a la hora del cálculo definitivo.

Entre estas se encuentran el alcance del proyecto, es decir las obras adicionales que se quieran ejecutar o hasta dónde llegaría la vía, así como el volumen de tráfico, que también será medido en la fase que está por iniciar.

“Si uno piensa que el Conavi (Consejo Nacional de Vialidad) gasta $150 millones al año (en obras), pensar en $5 millones, $6 millones a $8 millones anuales (que aporte) y con eso hacer que las tarifas bajen a ¢500 vale la pena quitarle el golpe a los usuarios”, declaró Sánchez.

El alcalde de Cartago, Rolando Rodríguez, dijo que aún no han recibido información oficial sobre los posibles cobros.

LEA MÁS: Constructora ofrece reducir a 30 minutos el viaje entre Cartago y San José

Sin embargo, aseguró que cuando conocieron de la iniciativa hicieron dos observaciones.

“Lo importante que le dijimos es que los costos no fueran elevados, debe existir una distribución equilibrada, y deben tomarse las precauciones para que el cartaginés pueda tener rutas alternas buenas, arreglar las rutas alternas (en este caso, la principal es por Tres Ríos, en La Unión)”, afirmó.

Aval con condiciones

La iniciativa privada de MECO, recibiría la próxima semana el aval para iniciar los estudios.

LEA MÁS: Constructora MECO cerca del aval para ampliar vía a Cartago

Una vez que cuenten con la aprobación del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la firma tendría nueve meses para realizar los estudios de factibilidad, financieros, técnicos y ambientales para luego elaborar un anteproyecto que definirá en detalle el alcance de la obra, los costos y tarifas de peaje necesarias para mantener la concesión.

Para dichos estudios la empresa deberá invertir alrededor de $4 millones, confirmó el vicepresidente.

Una vez que se entregue el borrador de cartel al CNC, este deberá elaborar la licitación de toda la obra en la que podrán participar las empresas que cumplan los requisitos.

En caso de resultar adjudicada una constructora distinta a MECO, esta debería reconocer lo invertido en esa fase previa.

Sáenz aseguró que que en la resolución de unas 50 páginas que debe ser votada por los miembros del CNC, se establecen condiciones a la empresa para que inicie la etapa de estudios .

Una de estas cláusulas incluye la solicitud de evaluar un trazado alternativo para el trayecto entre Hacienda Vieja y la rotonda de las Garantías Sociales en Zapote.

La intención de la firma centroamericana es levantar un viaducto de 3,2 kilómetros y seis carriles (el más largo del país) con el que evitarían realizar decenas de expropiaciones. Solo esa obra se llevaría $100 millones.

Adicionalmente, la empresa debe dar una garantía de cumplimiento, es decir, dejar recursos que respondan. En caso de no cumplir con la elaboración de los estudios y lo dispuesto en esta fase en el tiempo mencionado, el CNC ejecutaría dicha garantía.

Además del viaducto, la propuesta contempla pasos a nivel y rotondas en intersecciones como la de Walmart, en Pinares de Curridabat, y en los accesos al centro comercial Multiplaza, en Zapote.

La estimación de MECO es que completar la etapa de estudios y posteriormente los procesos de adjudicación y preconstrucción podrían tomar al menos dos años. Una vez recibida la orden de inicio, el plazo de construcción (sino se deben realizar expropiaciones u otros trámites externos) tomaría otros dos años.

Paralelamente, se desarrollarían los trabajos en los intercambios de Taras y La Lima, donde se invertirán $65 millones, a modo de aporte estatal para abaratar los peajes.