Director de Presupuesto Nacional: Hacienda desconoce cómo se generó hueco de recursos en Conavi

El director de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, José Luis Araya Alpízar, aseguró este jueves que esa institución desconoce las razones que habrían provocado un hueco de más de ¢78.000 millones en las finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), como indica el expediente judicial del llamado Caso Cochinilla.

El funcionario hizo esta manifestación durante su comparecencia ante los diputados de la comisión especial que investiga supuestos hechos de corrupción relacionados con obras viales.

Araya alegó que en el pasado y hasta este año, los presupuestos de los órganos desconcentrados, como el Conavi, eran aprobados únicamente por la Contraloría General de la República.

Además, alegó que los jerarcas de cada ministerio son los responsables de la asignación de las partidas de sus presupuestos.

No obstante, durante su exposición, el director de Presupuesto narró detalles de la aprobación del traslado de recursos para el Consejo debido a un faltante para obras.

Según dijo, en 2019 estuvo presente en una reunión efectuada en Casa Presidencial, en la que participaron el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar, el entonces asesor presidencial, Camilo Saldarriaga, y el gerente de adquisiciones del Conavi de aquel momento, Carlos Solís, uno de los investigados judicialmente.

En ese encuentro, relató, Méndez Mata planteó la necesidad de recursos por ¢70.000 millones para la construcción de obras. Ese faltante era, en gran medida, producto del atraso en el giro de fondos que ocurrió en el 2018 por un problema en el cobro del impuesto a la propiedad de vehículos, uno de los componentes del marchamo.

“Cuando el Ministerio de Obras Públicas señala que hay una necesidad de recursos para ejecución de obra, es cuando el Ministerio de Hacienda, a través de la jerarca, toma la decisión de buscar de dónde darle financiamiento y es donde se encuentra que por gestión de deuda hay un sobrante en la partida de amortización y se hace el traslado”, explicó Araya.

Según precisó, ese traslado se hizo días después de dicha reunión, por orden de la ministra de Hacienda.

El funcionario fue cuestionado por el diputado frenteamplista José María Villalta sobre la elaboración de un presupuesto extraordinario para trasladar ¢22.500 millones al Conavi, que también consta en el expediente judicial.

Sobre este caso, el director de Presupuesto manifestó que ese giro se hizo mediante una moción aprobada por la Asamblea Legislativa y, posteriormente, insistió en que desconocía la existencia de dicha partida.

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Los diputados también consultaron sobre la labor de Hacienda en el control de los recursos, por ejemplo, cuando se modifican los destinos de los recursos asignados, como ocurrió en el caso de los ¢3.500 millones aprobados de manera extraordinaria para la carretera San José-San Ramón y por los que luego se pidió autorización para trasladarlos a otros proyectos.

Asimismo, se hizo referencia a los fondos de la contrapartida estatal para las expropiaciones del proyecto de ampliación de la ruta 32, que al final fueron utilizados, el año pasado, para cubrir faltantes en los fondos del Conavi y que actualmente hacen falta para el avance de la obra.

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La comisión especial creada en la Asamblea Legislativa para investigar los hechos que mediaron en el escándalo de corrupción, ya ha llamado a comparecer a los auditores del MOPT y Conavi, así como al director del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y se tiene previsto que en las próximas semanas acuda la contralora general de la República, Marta Acosta, y el viceministro de Hacienda.

El Caso Cochinilla involucra a dueños y empleados de empresas constructoras, además de empleados de Conavi, que habrían recibido dádivas por agilizar pagos o contratos.