Los auditores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se enfrentaron este martes al comparecer ante la comisión que investiga la presunta corrupción en obras viales.
Irma Gómez y Reynaldo Vargas fueron llamados a un careo para aclarar posiciones sobre el lento avance de las pesquisas dentro de la institución, luego de que estallara el escándalo del llamado Caso Cochinilla, con allanamientos y capturas, el 14 de junio.
Tal como lo expresó dos semanas atrás, Gómez, auditora del MOPT, alegó que a pesar de la orden dada por el ministro, Rodolfo Méndez, de colaborar con la Auditoría del Conavi para agilizar la investigación, su ayuda no ha sido requerida y más bien ha tenido dificultades para obtener información.
Vargas, auditor del Conavi, aseguró que en “ningún momento” rechazó la ayuda.
“Respondí que las líneas de coordinación para ambas auditorías estaban abiertas”, afirmó Vargas ante la consulta del diputado independiente Jonathan Prendas, sobre la negativa al trabajo conjunto.
“La información que pedimos no la suministró para preparar el caso conjunto (...) En una reunión virtual él indicó tener todo cubierto y que no requería la colaboración de la Auditoría y que de requerirla podía acudir a la Auditoría del MOPT o cualquier otra”, insistió Gómez.
El auditor del Conavi, por su parte, aseveró que sí han acudido al MOPT, pero para pedir colaboración sobre unas relaciones de hechos, denuncias penales y procedimientos administrativos.
“Le indiqué que en la parte de contrataciones, en esa parte la teníamos cubierta”, se defendió.
Al consultársele si ha pedido asistencia, el auditor del Conavi contestó negativamente, según él, porque están en la etapa de planificación.
Vargas manifestó que será hasta que se desarrolle el caso que determinarán si las 15 personas que trabajan en ese departamento del Conavi darán abasto o requerirían asistencia del MOPT.
“Le pedí a don Reynaldo, en un oficio, hacer un plan de trabajo conjunto. Le requerí la coordinación en la reunión que fuera para establecer un plan conjunto, pero la batuta la tiene que llevar Reynaldo porque él es el auditor a cargo del Conavi.
“Estoy muy clara en lo que insistí y tengo la documentación (...) mantengo que ofrecí la ayuda, estoy esperando que Reynaldo me pida colaboración para atender el Caso Cochinilla”, puntualizó Gómez.
Vargas reiteró que tiene correos donde ha indicado que las líneas de colaboración están abiertas y que en el momento que lo requieran la solicitarán.
A pesar de la diferencia de criterios, ambos funcionarios, dijeron ante los diputados que nada les impide coordinar para realizar labores conjuntas y que ya lo han hecho en otras oportunidades.
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Asimismo, en varias ocasiones, la auditora del MOPT recalcó que a su departamento no le corresponde estar al tanto de los hechos que fueron denunciados en el expediente judicial, a pesar de que el Conavi es un órgano que pertenece al ministerio.
“No me corresponde como auditora del MOPT estar monitoreando los auditores de los consejos”, afirmó.
Mientras que su colega insistió en evidenciar las falencias en los procesos que impiden que, a pesar de las denuncias e investigaciones internas, se logren sentar responsabilidades.
De acuerdo con Vargas, desde el 2019 a la fecha ha presentado al menos 13 informes sobre anomalías ante el despacho del ministro, pero solo conoce de tres casos donde se hayan llevado a cabo sanciones.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, señaló una vez más que esa fragmentación entre ambas auditorías deja en evidencia una “zona gris, donde ninguna de las dos auditorías hace nada porque dice que le toca a la otra”.
Esto con relación a las dificultades que enfrentan las denuncias para avanzar a posibles sanciones, pues según el auditor del Conavi muchas quedan sin atender en el Ministerio, hasta que prescriben.
Villalta añadió que esa separación entre ambas entidades es “caldo de cultivo para la corrupción”.
La comparecencia de los auditores estaba prevista inicialmente para el 29 de julio, pero no se realizó por la ausencia de diputados.
La intención de los legisladores de tenerlos a ambos en una audiencia era comprender las acciones realizadas en cada una de las dependencias en relación con los hechos denunciados por el Ministerio Público, sobre presuntas dádivas pagadas por empresas constructoras a funcionarios del Conavi.