La Contraloría General de la República (CGR) rechazó cualquier responsabilidad por la paralización de los trabajos de construcción del tramo norte de la carretera de Circunvalación.
La Nación publicó, este martes 6 de abril, que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) suspendió las obras por tiempo indefinido debido al vencimiento del contrato que tenía con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para la supervisión de los trabajos.
De acuerdo con UNOPS, ese acuerdo venció el 27 de marzo. La normativa costarricense establece que no se puede continuar con la carretera, valorada en $163 millones, sin un fiscalizador.
Por medio de un comunicado de prensa, la Contraloría subrayó que la decisión y consecuencias de frenar el proyecto son competencia del Conavi.
“La suspensión unilateral del Conavi no es de resorte de la CGR (...). Las acciones de la Administración son las que marcan los resultados de los procesos de autorizaciones”, manifestó el órgano contralor.
Según un documento enviado al mediodía de este martes por el órgano contralor, la solicitud de Conavi para extender el contrato con UNOPS por $1,3 millones y nueve meses ingresó el 6 de enero anterior.
No obstante, según la Contraloría, esa gestión fue rechazada porque el Consejo no demostró tener el contenido presupuestario para cubrir tal contratación.
Rosaura Garro, fiscalizadora de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría recalcó que el Conavi no demostró tener el dinero para la adenda solicitada.
El 4 de febrero, el Conavi envió una nueva petición para prorrogar el ligamen con UNOPS, pero la Contraloría solicitó mayor información para determinar si aprueba o rechaza la adenda.
“La Administración conoce sobradamente los plazos establecidos en la legislación y los trámites que deben cumplirse en un Estado de Derecho como el nuestro.
“La decisión de suspender un contrato conlleva riesgos y genera responsabilidades para quien lo decide. De este modo, debe asumir el Conavi sus decisiones como responsable de ello y debe dejar constancia de su fundamentación que eso implique”, añadió la CGR.
Por último, subrayó que no se referirá más a este tema hasta emitir un criterio sobre el futuro del contrato de supervisión con UNOPS.
El costo de dicha agencia como supervisor de Circunvalación norte, hasta ahora, asciende a $6,1 millones.
En una entrevista realizada este lunes 5 de abril, Mario Rodríguez, director ejecutivo del Conavi, expresó a La Nación que la reactivación de la obra dependería del pronunciamiento de la Contraloría.
“Dependemos de que la Contraloría nos resuelva. La Contraloría tiene un plazo que podría variar y que se vence el próximo viernes, pero ellos podrían pedir ampliaciones de criterios o comentarios. Entonces, tendríamos que responder, haremos lo que la Contraloría nos vaya pidiendo”, señaló Rodríguez.
Paralizadas obras
Se frena actividad en las cuatro etapas en construcción
FUENTE: MOPT || / LA NACIÓN.
Para el consorcio Estrella-H. Solís, encargado del proyecto, la suspensión de trabajos implicaría despedir trabajadores.
“Al momento nos encontramos valorando los panoramas que nos presenta esta notificación, pero por la magnitud de la misma (sic), sí habrá despidos”, manifestó Carlos Carmiol, vocero de la compañía.
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Las autoridades estiman que 100.000 vehículos diarios utilizarían la carretera de Circunvalación, cuya construcción comenzó hace 40 años, pero tiene pendiente el tramo norte.
Esta última sección está dividida en cinco partes, cuatro de las cuales se encontraban en ejecución entre La Uruca y la ruta 32.
El plan del Gobierno es abrir los 4,1 kilómetros de esas cuatro etapas antes de que finalice el año, pero la suspensión de labores amenaza esa intención.
La última sección espera el visto bueno de la Contraloría a una adenda al contrato con el consorcio Estrella-H. Solís; esta irá desde el paso a desnivel que se construye en la ruta 32 hasta Calle Blancos de Goicoechea.
Pagos a la CCSS
Una de las objeciones de la Contraloría con respecto a UNOPS es que esa organización no está inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como patrono; por lo tanto no paga cargas sociales por los empleados costarricenses que contrata.
Esa pugna lleva meses sin resolverse, pues ese ente argumenta que por su condición de agencia de las Naciones Unidas no debe cancelar ese tipo de obligaciones. La diferencia es tan profunda que, desde meses atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto intervino en el conflicto para tratar de llegar un acuerdo.
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“(...) Dicho organismo internacional no se encontraba inscrito como patrono. Lo anterior a pesar de que la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-100-2003 del 08 de abril de 2003 indicó que el ‘el funcionario diplomático que emplee a personas de nacionalidad costarricense habrá de cumplir con las obligaciones que las disposiciones sobre trabajo y seguridad social de Costa Rica impongan a los patronos’”, enfatizó la CGR.
Ante esa situación, pidieron al Conavi comprobar que UNOPS cumpla con la seguridad social.
“Así las cosas, con sustento en la normativa vigente y el criterio de la entidad competente, el Conavi deberá aportar la información que acredite que el estado de UNOPS, con las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, resulta conforme al ordenamiento jurídico”.