Juan Diego Córdoba. 19 junio
El muelle estatal de Japdeva perdió el 70% de la carga comercial desde que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) arrancó operaciones. Fotografía: Jorge Castillo
El muelle estatal de Japdeva perdió el 70% de la carga comercial desde que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) arrancó operaciones. Fotografía: Jorge Castillo

Los diputados deben tomar en cuenta la situación fiscal del país y el debilitamiento de los regímenes de pensiones, antes de aprobar las jubilaciones anticipadas de empleados de Japdeva.

Esa es la recomendación que la Contraloría General de la República hace a la Asamblea Legislativa, tras revisar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno para recortar hasta en un 80% la planilla de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

“Este órgano contralor ha reiterado en diferentes foros su preocupación por la sostenibilidad de los diferentes regímenes de pensiones y la afectación sobre el incremento del déficit fiscal por la apropiación de recursos vía Presupuesto de la República, aspecto que se reitera en esta ocasión”, menciona el documento de la Contraloría.

El Poder Ejecutivo presentó el 28 de mayo anterior, el proyecto de ley que ofrece prejubilaciones a los trabajadores de Japdeva de más de 55 años con 20 de cotizar, y bonos de hasta ocho salarios a quienes sean cesados de sus funciones.

Ese plan, desarrollado por el Gobierno con el acuerdo inicial del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), le permitiría a la entidad portuaria desprenderse de hasta un 80% del personal que dejó de necesitar desde febrero, cuando entró en operaciones la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Aunque este medio solicitó la información sobre la cantidad de trabajadores que pueden adherirse al plan de pensiones anticipadas y cuántos otros podrían recibir las bonificaciones de ocho o seis salarios, Japdeva no suministró los datos.

En el criterio sobre el proyecto de ley, la Contraloría pide a los diputados preguntarse si esa es la mejor salida para atender a los trabajadores que se quedarían sin empleo por el cambio en el modelo portuario.

“Es recomendable que los legisladores consideren analizar si este es el mecanismo idóneo para dar respuesta por parte del Estado a la problemática expuesta, o bien considerar otras posibilidades de asistencia ya contempladas en el ordenamiento, bajo un enfoque país y, para lo cual es también importante contar con el criterio técnico especializado de los organismos correspondientes”, concluyó el informe.

La entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín provocó que el muelle de la entidad portuaria estatal perdiera el 70% de la carga comercial y por ende los ingresos financieros.

La institución, venida a menos en los últimos cuatro años, acumuló pérdidas por más de ¢9.000 millones en ese periodo, según los estados financieros de Japdeva.

Para el diputado de Restauración Nacional Eduardo Cruickshank pareciera injusto que ahora se pongan trabas a un eventual apoyo a Japdeva.

“Ahora que hay que inyectarle recursos a Japdeva mucha gente ve eso de mala manera, pero durante los 56 años de la institución, cuando le quitaban recursos para traerlos a la caja única del Estado nadie veía eso”, manifestó el diputado por Limón de Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank.

Yorleny León, liberacionista que preside la Comisión de Limón, por el contrario, considera que las observaciones “son de recibo” y conviene estudiarlas, sobre todo, para buscar equilibrios.

"Espero que en el trámite de las iniciativas se pueda depurar cuál es el mejor camino e inclusive explorar otras opciones como puede ser la movilidad laboral”, afirmó.

David Gourzong, otro verdiblanco, prefirió no pronunciarse.

Precisamente, ante la comisión que ellos integran, la contralora general de la República, recordó este lunes que la entidad portuaria no ejecutó las obras y acciones para evitar la crisis, a pesar de que estaban descritas en el plan maestro para el desarrollo portuario de Limón desde 2008.

“Pasaron muchos años desde que se entregó la concesión. Japdeva no se preparó, no se preparó el país y ahora tenemos la situación que tenemos”, manifestó Acosta.

Presupuesto extraordinario

Japdeva había reservado ¢15.000 millones en 2010 para liquidar a los empleados que no necesitaría una vez comenzara a operar el megapuerto.

No obstante, en la administración de Luis Guillermo Solís, bajo la presidencia ejecutiva de Ann Mckinley, las autoridades decidieron consumir ese dinero en dos grúas pórticas chinas que hoy están subutilizadas en el muelle estatal de Moín.

Por ello, Mckinley deberá comparecer ante los diputados de la Comisión de Limón, quienes reclaman que esa administración no tomó las medidas necesarias para crear nuevos negocios y evitar el caos en Japdeva.

Sin fondos para pagar prestaciones, el Gobierno se vio obligado a presentar un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa para mantener a flote la entidad portuaria por tres meses, mientras ejecuta la reestructuración de hasta el 80% de su planilla, es decir, unas 950 plazas.

Ese presupuesto por ¢23.000 millones fue presentado la tarde de este lunes a la Asamblea Legislativa. Esos fondos, según el Poder Ejecutivo, se obtendrían trasladando recursos obtenidos de un ahorro en el canje de títulos de deuda.

Además del pago de salarios durante tres meses, el dinero alcanzaría para pagar las prestaciones de los trabajadores despedidos, así como para crear el régimen de prejubilaciones.

No obstante, a futuro, esas pensiones quedarán con cargo al presupuesto nacional.