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El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no renuncia al proyecto de ampliación de la radial de Lindora, en Santa Ana, aunque sigue sin tener los recursos necesarios.
Como no está el dinero tampoco tiene el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR) para la modificación de contrato con la empresa Hernán Solís, luego de que el proyecto vial se encareciera $8,5 millones, al pasar de $10,5 millones a $19 millones por modificaciones en los diseños.
Este 7 de febrero se cumplirá un año desde que la obra fue adjudicada a esa constructora; sin embargo, ahora el Conavi estima, o espera, que los trabajos puedan iniciar antes de finalizar el 2021.
Mario Rodríguez, director del Consejo, dice que el plan es financiar la obra con los recursos propios de la institución mediante el reacomodo de partidas en los presupuestos de este y el próximo año.
“(Lo haremos) igual que hemos financiado, como Conavi, obras importantes como las Obis... con contrapartidas locales, hemos hecho ahorros y hemos movido recursos y hemos sido eficientes en el uso de los recursos (...) ese mismo tipo de cosas lo podremos hacer para dotar entre este y el otro recursos para la radial Lindora”, afirmó.
De acuerdo con el jerarca, al tener presupuestos que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, ahí se asignarían los recursos específicos para esta obra, por lo que espera que no habrá un nuevo rechazo por parte del órgano contralor.
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“Iniciaría con una parte de los recursos disponibles, pero ya ahí no se le puede exigir al Conavi que haga algo que es distinto a lo que la legislación actual ha establecido sobre manejo presupuestario.
“A Conavi no podría hacérsele una exigencia distinta a la que se hace con todos los entes estatales, que debe tener claridad de cuáles son los recursos que va a emplear este año y tiene que tenerlos disponibles y tiene que tener presupuestados en los trámites anuales los recursos que vaya a ocupar en los años siguientes” , afirmó.
En el pasado, la CGR había denegado la solicitud de adenda del contrato de la radial Lindora, porque el Conavi tenía la intención de completar los fondos necesarios con un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que no había sido aprobado.
Por esa vía, circulan unos 35.000 vehículos diariamente, según estimaciones de la Policía de Tránsito.
Sin reclamo
El director del Conavi aseguró que “en el hipotético caso” de que no se llegara a ejecutar la obra, ni el Estado ni UNOPS tendrían que asumir algún pago a la empresa constructora, pues aunque se adjudicó la obra, no se ha firmado contrato.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) es el encargado de gerenciar este proyecto vial, como ocurre con otras obras como las radiales de Circunvalación.
Ante consultas de La Nación, Alejandro Rossi, representante de esa oficina de la ONU, aseguró que no han recibido ningún reclamo por parte de la constructora, pues no existe un plazo límite para dar la orden de inicio.
¿Se formularía un plan B?
“Toda obra puede ser replanteada a solicitud de quien la requiere. Se deberá evaluar, llegado el caso, cuáles serían los términos de ese eventual replanteo en términos de la funcionalidad del proyecto y de la relación costo-beneficio desde la perspectiva del MOPT-Conavi”, respondió.
El proyecto para ampliar la radial de 2,2 km fue encargado en agosto del 2016 a UNOPS con la intención de que se encargara de la administración y así agilizar el proceso. Debía revisar los diseños que existían en ese momento y encargarse de la contratación de las empresas constructora y supervisora.
Dicho contrato con la agencia se firmó por 23 meses, que empezaron a correr en mayo del 2017.
Tras esa revisión de los diseños que habían sido donados por un grupo de empresarios de la zona, tanto el Conavi como la agencia determinaron que no eran los adecuados y, por lo tanto, debían mejorarse.
Esa situación provocó una prolongación de 59 meses para las fases de diseño, construcción y supervisión, y otros 13 meses para la revisión de defectos posteriores a la entrega de la obra.
Todo esto dio como resultado el aumento en el costo.
En el camino, el proyecto pasó por un extenso proceso de adjudicación debido a la resolución de apelaciones.
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El plan, cuya fase constructiva fue encargada a H. Solís por $13,3 millones, incluye la ampliación y reconstrucción de los 2,2 km entre el puente sobre el río Corrogres (cerca de la ruta 27) y el puente sobre el río Virilla, además la sustitución de cuatro pasos transversales, aceras, pasos peatonales, cordones y caños, así como rampas y guías táctiles para personas no videntes.
El plazo de ejecución es de 15 meses a partir de la orden de inicio.
