EscucharEl Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) asumirá la operación de los peajes de Río Segundo y Naranjo con pérdidas de al menos ¢394 millones mensuales a partir del próximo 1.° de noviembre.
Ese día, las estaciones ubicadas en las autopistas General Cañas y Bernardo Soto, que actualmente son gestionadas por el fideicomiso del Banco de Costa Rica, pasarán nuevamente a manos del Estado. Ese traslado obliga a ajustar las tarifas a los montos previos a la creación del fideicomiso, cuyo propósito era operar el corredor vial y gestionar el plan de ampliación de la vía.
Las tarifas de los peajes se reducirían entre un 70% y un 84% en Río Segundo y hasta un 91% en Naranjo, de acuerdo con los montos vigentes para diferentes tipos de vehículos.
Actualmente, el peaje de la General Cañas registra un tránsito mensual promedio de 621.500 vehículos, mientras que en la Bernardo Soto circulan 309.900 que, de acuerdo con las tarifas vigentes, generan ingresos de ¢226 millones mensuales en el caso de la estación de Río Segundo y ¢286 millones mensuales en Naranjo. Esa misma cantidad de vehículos, con las tarifas del Conavi, generarían ingresos de ¢55,3 millones en el primer peaje y ¢62,8 millones en el segundo, es decir ¢394,3 millones menos que lo que se recauda actualmente.
La reducción de tarifas responde a que la ley 9.292 autorizó el cobro de peajes a través de un fideicomiso para financiar expropiaciones, la relocalización de servicios públicos y el reasentamiento humano necesario para la ampliación de la ruta a San Ramón. Tras la decisión del gobierno de romper con el BCR, que administraba el fideicomiso, Conavi debe contratar un nuevo fiduciario para la administración de esos recursos.
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El Acuerdo de Terminación Anticipada firmado en agosto del año pasado entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Banco establecía que, en una primera fase, el fideicomiso finalizaría la administración de los peajes y trasladaría al Conavi la operación de los contratos relacionados el 30 de junio. Sin embargo, como el proceso de contratación del nuevo fideicomiso no se había concretado para esa fecha, el Consejo de Administración aprobó una adenda que extendió el plazo al 31 de octubre.
En este momento, el proceso de contratación se encuentra en la etapa de recepción de ofertas en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y, según el cronograma del expediente, el nuevo administrador se designaría hasta abril del próximo año.
Juan José Madriz, gerente de la Unidad Ejecutora del proyecto San José-San Ramón, indicó que, una vez vencido el plazo de administración de los peajes por parte del fideicomiso, la operación será asumida por el departamento de Conavi encargado de los peajes en rutas nacionales.
Madriz reconoció que una vez extinto el fideicomiso, se deberá reactivar la estructura tarifaria que existía antes de su creación. Además, afirmó que el nuevo fideicomiso de administración pública, que está en proceso de contratación, no requerirá reformas legales, ya que se enfocará exclusivamente en la operación y mantenimiento de los peajes de la Ruta 1.
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BCR no ve más prórrogas en administración de peajes de ruta 1
Por su parte, el BCR aclaró que no ve posibilidades de nuevas prórrogas. En un comunicado enviado esta semana, informaron que a partir del 1.° de noviembre trasladarán al Conavi la operación, cobro y mantenimiento de las estaciones de peaje, el cobro electrónico mediante dispositivo TAG, las plantas de respaldo eléctrico y la supervisión de la operación de los peajes.
Germán Brenes Roselló, gerente jurídico de Fideicomisos del BCR, aseguró que aunque en julio se aprobó una prórroga para trasladar a octubre la entrega de los procesos por la falta de una nueva contratación, hasta el momento no se ha discutido con Conavi la posibilidad de extender nuevamente el plazo.
“El banco se ha venido preparando con los inventarios, con todo lo que implica contractualmente, la coordinación para terminar nuestra labor de recaudación al 31 de octubre (...) A hoy, todo el equipo está trabajando para entregar los contratos y todo lo que implica la recaudación al 31 de octubre”, declaró.
Brenes afirmó que más allá de esa fecha no visualizan la continuar con la administración porque esto conlleva una serie de ajustes y tampoco ven el cierre definitivo del contrato más allá del 31 de diciembre, porque son fechas que ya habían sido debidamente acordadas y justificadas.
El funcionario mencionó que como parte del acuerdo se determinó el traslado de los contratos de las empresas de recaudación de peajes, los cuales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. No obstante, será responsabilidad de Conavi evaluar si es rentable continuar contratando a esas empresas, dado que la recaudación será significativamente menor.
La segunda fase del proceso de finalización corresponde al cierre técnico, financiero y contable, que incluye el traslado a los fideicomitentes de los activos, el fondo de capitalización y los montos remanentes de los aportes recibidos. Estas actividades se llevarán a cabo en noviembre y diciembre de 2024, según la solicitud de los fideicomitentes y los términos de la Adenda No. 1 al ATA.
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A la fecha el monto recaudado por parte del BCR en ambos peajes es de ¢15.850 millones. Esos recursos serán trasladados al Conavi entre noviembre y diciembre.
Solicitud de aumento en peajes
La semana pasada, el Conavi presentó una solicitud de aumento en las tarifas de peaje para las rutas que administra: la ruta 2 (Florencio del Castillo), la ruta 32 (Braulio Carrillo), así como las estaciones en la General Cañas y Bernardo Soto que pronto volverán a estar bajo su control. La gestión fue comunicada a los miembros del Consejo de Administración durante la sesión del pasado 26 de agosto, según consta en el acta CACONAVI-041-2024.
Los miembros de la Junta Directiva aprobaron el informe presentado por el encargado de la Unidad Ejecutora San José-San Ramón, que recomendaba, además del ajuste tarifario, la actualización de las categorías vehiculares para unificarlas sin importar si son administradas por privados o por el Estado. También valorarán la factibilidad de mejorar las estaciones existentes para establecer el cobro en ambos sentidos de las vías citadas.
El aumento solicitado contempla que, en el caso de Cartago, la tarifa para automóviles pase de ¢75 a ¢180 para vehículos livianos y de ¢50 a ¢180 para motocicletas. En la ruta 32, las motos pasarían de ¢50 a ¢550 y los vehículos livianos de ¢250 a ¢555.
En los peajes de Río Segundo y Naranjo, los ajustes se plantearon de acuerdo con las tarifas actuales del fideicomiso. En la General Cañas, los automóviles pasarían de ¢275 a ¢320, mientras que en la Bernardo Soto habría una rebaja de ¢125 para vehículos livianos, pasando de ¢550 a ¢425.
