La decisión del Gobierno de acabar con el fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) para ampliar la carretera entre San José y San Ramón dejará al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), a partir del año entrante, sin un ingreso mensual promedio de ¢579 millones por concepto de peajes para mejoras en la ruta 1.
Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), una vez que se finiquite el convenio con el BCR, suscrito desde 2017 para la ampliación de los 53,7 kilómetros de vía, las tarifas de peaje deberán regresar al valor que tenían en noviembre de 2020, mes en que fueron modificadas para financiar las expropiaciones y otros rubros de la obra.
Lo anterior significa, por ejemplo, que un vehículo liviano o una motocicleta pasarán de pagar ¢275 a ¢75 en las casetas ubicadas en Río Segundo de Alajuela, mientras que en las estaciones de Naranjo la tarifa para ambos tipos de automotores bajará de ¢525 a ¢150. Dichos cambios regirán a partir del 1.° de enero de 2025, pues el acuerdo de terminación anticipada del fideicomiso con el BCR concluye el 31 de diciembre de 2024.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) explicó que las rebajas obedecen a que la ley 9.292 autorizó el cobro de peajes a través de un fideicomiso con el objetivo de financiar expropiaciones, relocalización de servicios públicos y reasentamientos humanos necesarios para la ampliación de la vía a San Ramón.
“Así las cosas, cerrado el fideicomiso se deberá regresar a los peajes establecidos anteriormente”, indicó Aresep ante una consulta de La Nación.
Perder la tarifa actual representa un traspié financiero para el Conavi y la ampliación de la ruta 1. Entre el 9 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2024, el fideicomiso recaudó ¢23.184 millones por concepto de peajes. La legislación establece que esos recursos solo se pueden utilizar en la carretera a Occidente.
Edward Araya, intendente de Transportes de Aresep, detalló que entre mayo y diciembre del 2023 sostuvieron tres reuniones con funcionarios del Conavi para dejarles en claro lo que dispone la ley con respecto al cobro de peajes.
Este diario solicitó, desde la semana pasada, una entrevista con Efraím Zeledón, director ejecutivo de Consejo, para consultarle qué planes tiene la entidad para continuar con la ampliación de la ruta 1 y cuál es su posición con respecto a la rebaja que se aplicará en el monto de los peajes. Por medio de un mensaje de texto, Zeledón pidió que se le enviaran las preguntas por escrito. También se planteó la petición de entrevista a través de la oficina de prensa del Conavi, pero al cierre de esta información no se había recibido una respuesta.
Roy Benamburg, gerente de Negocios del BCR, explicó que en la actualidad están en un proceso de finiquito del fideicomiso. “El próximo 31 de diciembre las empresas que realizan el cobro de peaje recogen sus cosas y se van. El 1.° de enero del 2025 debe estar el Conavi operando las estaciones de peaje cobrando la tarifa que corresponda”, enfatizó.
La decisión de romper con el fideicomiso se remonta a junio del 2022, cuando la administración de Rodrigo Chaves Robles anunció que buscaría un finiquito. Luego de meses de discusión, el BCR y el Conavi firmaron un acuerdo de terminación anticipada en el que se señalan una lista de acciones para poner fin a la relación.
Uno de los argumentos expuestos por el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, para acabar con el fideicomiso fue que era un mecanismo de ejecución costoso y que los salarios de los funcionarios del BCR a cargo de la unidad ejecutora eran muy altos.
Incluso, indicó que las remuneraciones oscilaban entre ¢1 millón y ¢11 millones. Sin embargo, esas cifras fueron desmentidas. “La información que se dio sobre los salarios es incorrecta. Los salarios brutos (sin deducciones de ley) oscilan, en números cerrados, entre los ¢500.000 y los ¢6 millones”, detalló la entidad financiera.
Desde la firma del fideicomiso en 2017, se avanzó en la definición de los alcances del proyecto, la ejecución de obras impostergables para mejorar el flujo vehicular y la estructuración de las actuales tarifas de peaje con las que se cancelarían la relocalización de servicios públicos, expropiaciones, reasentamientos, análisis de prefactibilidad y estudios de factibilidad. Además, los importes actuales también permiten pagar los gastos operativos y administrativos del fideicomiso.
Las obras impostergables (conocidas como OBIS) fueron definidas en 2020 como una idea para eliminar cuellos de botella, avanzar con la ampliación del corredor vial en puntos claves y, al mismo tiempo, reducir el costo final del proyecto. Esas mejoras fueron financiadas con aportes del Conavi y ejecutadas por el fideicomiso.
En total, se definieron 17 OBIS, pero se ejecutaron solo cinco. Se trata de la ampliación y mejoramiento de los puentes sobre río Alajuela, río Ciruelas y río Segundo, todos en Alajuela; el paso a desnivel junto a la empresa Firestone, en Belén; y el nuevo conector entre la ruta 1 y la ruta 106, en las cercanías del Colegio de Castella, en Heredia.
El 23 de abril de 2024 se cumplieron 11 años desde que Laura Chinchilla, expresidenta de la República, anunció la cancelación del contrato de concesión con la firma OAS para la ampliación de la carretera.
El argumento para poner fin a ese acuerdo fue la presión de los vecinos de los cantones de San Ramón, Naranjo, Palmares, Zarcero, Valverde Vega, quienes se oponían al costo de los eventuales peajes. Desde entonces, han pasado tres gobiernos diferentes sin que se concrete la construcción o se tenga claridad sobre el valor de los futuros peajes.
Un nuevo fideicomiso
Edward Araya, intendente de Transportes de Aresep, declaró que funcionarios de Conavi les han comunicado la intención de firmar un nuevo fideicomiso para ampliar la ruta a San Ramón, pero advirtió que además de la selección de un nuevo fiduciario se requeriría una nueva estructuración financiera para definir la fórmula para el cálculo de peajes.
Araya subrayó que la fórmula vigente se elaboró con las condiciones del fideicomiso actual y bajo una serie de supuestos vinculados al proyecto planteado entre el BCR y el Conavi. “Nosotros tenemos que aprobar esa estructura tarifaria para los ajustes ordinarios y extraordinarios y verificar la forma en que se va a fiscalizar la calidad del servicio”, comentó.
Roy Benamburg, gerente de Negocios del BCR, aseveró que la estructuración para el fideicomiso actual tardó más de seis meses. Agregó que los parámetros utilizados por el Banco en 2020 ya no sirven para un nuevo fideicomiso: “si alguien pretende hacer un nuevo modelo de negocio para construir el corredor vial, tiene que hacer un nuevo modelo tarifario”.
En la actualidad, las motocicletas y vehículos livianos deben pagar ¢275 en la estación de peaje de Río Segundo, los buses ¢675, los camiones de dos ejes ¢800, los camiones de tres ejes y cuatro ¢900 y los camiones de cinco ejes ¢1.200. Mientras, en los puestos de cobro de Naranjo, los precios oscilan entre ¢525 y ¢3.850, dependiendo del tipo de unidad.
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Imposible frenar cobro actual
A pesar de que el proyecto de ampliación se encuentra en el aire y el fideicomiso está en una etapa de cierre, el Banco de Costa Rica indicó que no era posible suspender el cobro de las tarifas de peaje al momento de firmar el acuerdo terminación anticipada, debido a la existencia de contratos para el cobro manual, automático y de supervisión.
El intendente de Transportes de Aresep también señaló que no correspondía suspender el cobro, aunque la ampliación esté en una etapa incierta. Pese a que el acuerdo de terminación anticipado fue firmado en agosto de 2023, Araya admitió que no ha leído ese documento para saber en qué consiste y cómo se efectuará el finiquito.
De los ¢23.184 millones recaudados desde 2020 a través de peajes, ¢5.000 se destinaron al pago de los servicios necesarios para operar el peaje, es decir, cobradores, sistemas informáticos, seguridad, acondicionamiento de las estaciones y otros. La operación del peaje consumió un 21% de lo recaudado.
Benamburg dijo que la selección de las empresas que operan los peajes se hizo a través de contrataciones públicas, procurando las mejores condiciones para el interés público.