Patricia Recio. 15 octubre, 2018
Parte de las obras pendientes en el tramo Sifón-La Abundancia. Foto Jeffrey Zamora
Parte de las obras pendientes en el tramo Sifón-La Abundancia. Foto Jeffrey Zamora

A partir del próximo 17 de noviembre, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) iniciará una carrera contra el tiempo con la meta de contratar, cuanto antes, una nueva empresa que termine el tramo de 30 kilómetros de carretera entre Sifón de San Ramón y la Abundancia de San Carlos.

Ese día, el Conavi concretará el finiquito del contrato con la constructora Sánchez Carvajal, la cual no pudo completar la carretera luego de 14 años de labores y de $300 millones invertidos

De acuerdo con el director de ese consejo, Mario Rodríguez, una vez que se concluya la ruptura del contrato, anunciada por el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata el pasado 24 de agosto, iniciarán una serie de reuniones con la Contraloría General de la República en busca de definir el procedimiento de contratación más expedito.

“Precisamente parte de lo que queremos hablar con la Contraloría, es cuáles son los procedimientos que podemos aplicar dada la situación y en aras del interés público (...), hay alternativa en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa que requieren una aprobación de la Contraloría”, explicó.

Según dijo, el ente contralor les solicitó de previo presentar varias opciones, así como sus ventajas y desventajas y el porqué recomendarían una en especial.

Rodríguez reconoció que, pese a esa intención, “habrá algún tiempo” desde que se inicie el proceso hasta que vuelva a verse una empresa trabajando en la vía.

“Si todos los procedimientos se hicieran en el menor tiempo posible, podríamos tardar seis meses en tener una empresa trabajando, desde que se inicia el proceso de contratación, pero a esos seis meses hay que agregar una serie de imprevistos. El primero son la objeciones al cartel una vez que se publica, al adjudicar pueden haber apelaciones (...) si yo por ejemplo puedo hacer procesos abreviados, eso permitirá que sea más eficiente y eso sería lo que debemos intentar”, dijo.

El vencimiento del plazo con la constructora el próximo 17 de noviembre, también le permitirá a la administración contar con un “inventario detallado” de lo que se hizo y lo que quedará pendiente para volver a elaborar un cartel de licitación.

“Ese inventario tiene dos finalidades, una es planificar con el contratista que existió en el proyecto, en qué nivel quedó la obra y a la vez ese inventario, si lo comparo lo que se hizo contra lo que se debía hacer, me permite preparar carteles de licitación con detalles de cuál es la obra que debo hacer para completar el proyecto”, agregó el funcionario.

Rodríguez aseguró que, desde ya, tienen identificadas cinco áreas puntuales en las que se debe trabajar.

La estabilización de los puntos geológicos con fallas probables, el tema del impacto ambiental, el nuevo puente sobre el río Laguna, donde problema geológicos obligan a hacer un nuevo diseño, la construcción del resto de puentes que quedaron inconclusos y el asfaltado de la carretera.

Una vez superado el tema de la contratación, el siguiente reto del Conavi será conseguir el financiamiento de la obra, estimado en otros $300, para los cuales el jerarca del MOPT ya anunció que destinaría $200 del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esa decisión requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Los restantes $100 deberán salir de los recursos propios del Conavi.

La carretera de 30 kilómetros se ideó desde hace 50 años y la construcción comenzó en el 2005, sin que a la fecha se haya podido habilitar.

Durante su visita a la zona, Méndez Mata había estimado que la obra no estaría lista antes de tres años.

Mantenimiento pendiente

Otro de los tema que tendrá que definir el Conavi en noviembre es el mantenimiento de la carretera que, desde hace más de tres meses, se encuentra abandonada.

Según el director del Conavi, para esos trabajos estudian dos figura posibles.

La primera sería añadir esa ruta a alguno de los contratos de mantenimiento existentes que mantienen con empresas privadas.

Para esto, requerirían de la autorización de la Contraloría.

La otra alternativa implicaría suscribir un convenio con el Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT) para que los apoye con el mantenimiento.