EscucharDeficiencias en la planificación y gestión para la conservación de carreteras por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) son el principal señalamiento que hizo la Contraloría General de la República, en una auditoría dada a conocer este lunes.
De acuerdo con el informe de auditoría DFOE-CIU-IF-00009-2022, las labores de conservación vial que ejecuta el Conavi no están orientadas a una gestión por resultados. La situación se evidencia en rezagos en la fase de planificación y la ausencia de un plan estratégico institucional que permita administrar, financiar y controlar la conservación.
Según la Contraloría, la gestión de presupuestos del Conavi presenta debilidades en el proceso de valoración integral de variables técnicas, sociales y financieras en la asignación de los recursos así como la determinación de los costos y cantidades, situación que incide en la inequidad que percibe el usuario entre las diferentes zonas del país.
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En relación con la gestión financiera y de adquisiciones, la Auditoría halló que el Conavi no ha tomado las previsiones oportunas y suficientes con respecto a la Ley de Contratación Pública, que le permita actuar de forma proactiva y realizar los ajustes necesarios en la institución.
Entre esas acciones, la Contraloría cita a modo de ejemplo la elaboración de estudios de mercado, la preinversión y las previsiones en materia de expropiaciones y relocalización de servicios públicos.
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Asimismo, no se implementan tareas de seguimiento y evaluación de manera sistematizada en las labores de conservación, la cual es considerada imprescindible en el ciclo de vida los proyectos, pues a través de indicadores de calidad, desempeño, costo y plazo, entre otros se puede medir los logros alcanzados, retroalimentar la planificación, observar los cambios vinculados de las intervenciones y/o analizar los resultados del programa.
En repetidas ocasiones la Contraloría ha advertido al Conavi sobre la necesidad de implementar un sistema de gestión de carreteras que permita direccionar más eficientemente los recursos, mantener en buenas condiciones los tramos que están buenos, y reconstruir y “sostener” en buen estado los que están más afectados.
Situación actual
El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, ha indicado en varias ocasiones que esa sería una de las prioridades de su administración, no obstante, actualmente uno de los principales problemas que enfrenta esa cartera tiene que ver con limitados recursos para el mantenimiento y los atrasos que han sufrido las contrataciones para la atención de la red vial, entre otras cosas por los hechos derivados del escándalo por corrupción del Caso Cochinilla.
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A finales del año pasado, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) advirtió de que si no se reanudaba pronto el mantenimiento de las vías, la recuperación de la red le costaría al Estado unos ¢235.000 millones.
Según la última estimación del Conavi, la intención es que para finales de noviembre se encuentren adjudicadas al menos ocho líneas pertenecientes a 16 zonas de conservación. Costa Rica se divide en 22 zonas.
Esas labores serán encargadas mediante contrataciones directas concursadas. Requieren de una inversión de $70 millones, que se destinarían a tareas como bacheo, corta de zacate, limpieza de drenajes, reconstrucción de cunetas y recolección de desechos en las rutas nacionales.
De lograrse la adjudicación en la fecha prometida, las labores estarían retomándose en las primeras semanas del 2023, lo cual significa que las condiciones de la ruta continuarán deteriorándose en las siguientes semanas.
