Infraestructura

Experto en infraestructura: Falta un sistema que informe cuando una obra está parada y por qué

Gerente de iniciativa de transparencia COST explica las ventajas que tiene Costa Rica pero también las mejoras necesarias, sobre todo en acceso a la información, que es un aliado contra la corrupción

Falta transparencia y un sistema de gestión que permita a la gente llevarle el puso a las obras del país. Esa es una de las falencias más importantes que apunta el experto en infraestructura Manuel González Caballero, gerente regional de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST, por sus siglas en inglés).

Para González, Costa Rica padece las consecuencias de un complejo entramado institucional, tramitomanía, escándalos de corrupción, un índice de transparencia poco favorable, además de atrasos en ejecución de proyectos que se inician sin planificación y con contratos no estandarizados.

No obstante, pese a esas y otras desventajas, el país se ubica en segundo lugar en clima de inversión en Latinoamérica, solo superado por Uruguay, y recientemente también avanzó a esa segunda casilla en cuanto a combate a la corrupción.

¿Cuál es la clave? ¿Será que los demás están peor? Aunque suene a modo de broma, la respuesta puede ser afirmativa, al menos parcialmente, pero eso no es todo. El destaca “la certeza de castigo” y la seguridad jurídica que posee el país, entre otros tantos beneficios ambientales y de talento humano.

En entrevista con La Nación, González exaltó las bondades que ubican a Costa Rica en esos lugares privilegiados en la región, pero también llamó la atención sobre una lista de procesos, prácticas y mecanismos que el país debe mejorar para asegurar el éxito en sus proyectos.

—¿Qué encontraron en el Índice de Transparencia en Infraestructura en el país?

—El año pasado evaluamos 30 instituciones del sector centralizado y descentralizado. En este índice se evalúan 94 indicadores que van desde el inicio del proyecto hasta su evaluación.

“En Costa Rica solo tres instituciones sacaron más de 70 puntos de 100. Fueron el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Municipalidad de Pérez Zeledón y el Instituto Nacional de Seguros. Pero el promedio país entre municipalidades y entidades fue de 47,5; o sea, si lo vieras en una calificación, estarían reprobados”.

—Pese a eso, Costa Rica está entre los primeros lugares de la región en atracción de inversión. ¿A qué se debe esto?

—Costa Rica, puntualmente, en nuestra experiencia regional, siempre ha sido un país con alta percepción de cómo el Estado maneja la corrupción. Siempre comparamos Costa Rica y Uruguay, por un lado, y el resto de América Latina por el otro. Costa Rica tiene una mayor percepción de certeza de castigo, a pesar de no tener una ley de acceso a la información.

“El ciudadano costarricense, antes de Cochinilla (escándalo de corrupción en obras viales), lo que pensaba era que se hacía mal uso de los recursos, no estaba orientado a pensar que se estaban robando el dinero; en el resto de América Latina, la percepción ciudadana es que se están robando el dinero. Después de Cochinilla, esa percepción empezó a cambiar y ahora hay muchos ciudadanos que piensan que sí se están robando el dinero”.

—En materia de infraestructura, ¿por qué es necesaria una ley de acceso a la información?

—Normalmente, cuando tienes una ley de acceso a la información y tienes mecanismos de transparencia, van a surgir escándalos de corrupción.

“Que el MOPT haya salido tan bien en cuanto a divulgación respalda un poco la teoría de que cuando hay más regulación salen escándalos, porque cuando tienes acceso a la información puedes hacer la investigación, y Cochinilla, puntualmente, tiene una particularidad que en otros países no se ve tanto, que fueron los mecanismos de control del país los que reaccionaron.

“Costa Rica sale evaluado como uno de los países con mejor clima de inversión en la región, subió de tercero a segundo. A pesar del escándalo de Cochinilla, la percepción internacional es positiva, está mejorando. Cuanto más se divulgue y más se transparente, el país genera más confianza”.

—¿Qué nos hace atractivos, entonces, para tener ese buen clima de inversión, a pesar de complicaciones como la burocracia y la lentitud en los proyectos?

—Dentro de las evaluaciones que tiene Costa Rica, uno de los temas es la burocracia, pero a nivel general tiene muy buena imagen para inversión. Después de Uruguay, es segundo en la región.

“No solo es que los demás están peor, una cosa muy buena que Costa Rica es que tiene certeza de castigo; que las entidades públicas investiguen y metan presas a las personas da seguridad jurídica. Eso, por un lado, es muy positivo y, por otro lado, la imagen país es muy buena en general. Es líder en sostenibilidad y medio ambiente, y eso da muy buena imagen para inversión. Dentro del índice de desarrollo humano, eso es muy alto.

“Una empresa que se va a instalar en Costa Rica tiene muchos profesionales. Muchas empresas van en busca de capital y recurso humano local porque tienen academias muy reconocidas, como el Instituto Tecnológico, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el INCAE, entonces tiene un recurso humano capacitado, muy competitivo, a nivel regional”.

―¿Qué hace falta mejorar para ser más exitosos?

—A pesar de eso, el país no tiene una ley de acceso a la información, tampoco tiene una ley de divulgación de datos. No existe un solo sitio donde el ciudadano, periodistas, sector privado puedan acceder a información completa de los proyectos de infraestructura.

“Tienen el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde está el procedimiento de compra y el mapa de inversiones de Mideplán (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), que es solamente una cartera de proyectos hasta una etapa, pero no tienes un solo lugar donde le puedas dar seguimiento a todo el ciclo de vida.

“En materia de infraestructura, (no se tiene) una ley que exija divulgar el ciclo de vida de los proyectos y tampoco ha implementado de forma exitosa una ley de alianzas público-privadas (APP), que no estoy muy a favor de esa figura porque considero que existen muchos niveles de endeudamiento.

“También existe un plan, que es un sistema de gestión de datos de los proyectos de infraestructura, el cual también va a permitir mayor eficiencia en la ejecución porque todos los actores van a saber cuando algo está parado y por qué está parado”.

―¿Por qué las APP no son, según su criterio, la figura “salvadora” que nos han promovido como única opción en medio de la crisis fiscal y la poca capacidad de endeudamiento que enfrenta el país?

—Costa Rica, a nivel técnico, está casi contra la espada y la pared, entre su afán por desarrollar más infraestructura y la baja liquidez que tiene por el alto déficit fiscal.

“Una de las opciones son las APP, pero estoy completamente abocado en que el remedio puede ser peor que quedarse como está. Ese mecanismo no le va a dejar más que endeudamiento a futuro o una situación más compleja.

“Lo que hay que medir es si la infraestructura que vas a construir es productiva; por ejemplo, una mejor autopista para que los agricultores puedan exportar sus productos, o puertos que signifiquen mayor riqueza a una carretera que ya existe y únicamente vas a cobrar peajes para mantenimiento.

“Una APP le va a conllevar al país pagar un precio mucho más alto por el desarrollo más alto. Con una ley de concesiones o de licitación pública, te cuesta $4 millones el kilómetro de carretera, y en una APP vale $10 millones”.

¿Cuál es el mejor mecanismo para blindar las contrataciones públicas?

—No hay un mecanismo infalible, se van a conjugar diferentes aspectos según cada país. La clave es que el Estado esté en la mayor capacidad de negociación con el (sector) privado. La apuesta de contratación pública de los mejores mecanismos se da en la formación del comprador público.

“En el ciclo de vida puede haber otros riesgos de corrupción asociados al pago del proveedor y la demora en la ejecución y mantenimiento.

“Nosotros apostamos por que el proceso, a como esté regulado, esté plenamente divulgado desde el inicio hasta su final; solamente de esa forma las entidades de control, tanto gubernamentales como ciudadanas o los periodistas, pueden acceder y hacer recomendaciones en tiempo oportuno. Mientras el beneficiario tenga acceso a los datos, menos riesgo de corrupción hay”.

—¿Cómo puede complicar la transparencia la existencia de distintos entes, unidades ejecutoras, mecanismos de financiamiento que se encarguen de la infraestructura pública? ¿Es más sano que esté todo concentrado en un solo ente ejecutor?

—En la parte de ejecución, la recomendación internacional más sana es que esté diversificado porque disminuyes el riesgo, pero a nivel de divulgación sí se puede tener controles, como se tienen controles administrativos.

“Lo mismo pasó cuando se implementaron los procesos de compras públicas. Cuando tú pones requisitos para continuar con el proceso administrativo de publicar en algún lugar, lo que estamos logrando es que todo esté centralizado a nivel de transparencia y divulgación. Costa Rica no tiene una unidad de compras autónoma; el Sicop no es autónomo, ni presupuestaria ni administrativamente, como sí existe en otros países. Lo que está pasando en el resto de la región es que los países empiezan a darle mayor institucionalidad a la dirección de compras”.

—En cuanto al asunto de carteles y contratos, ¿es necesario estandarizarlos?

—La tendencia internacional es utilizar los contratos Fidic, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Esta tiene un modelo contractual estandarizado, es una buena práctica, cubre riesgos, y todos los países estandarizaron no solo los contratos, sino los sistemas de compras.

“No solo los contratos deben ser estándar, también actas de aceptación, para todos los proyectos y para todas las compras públicas. Ya eso está avanzado en otros países”.

—¿Cuáles son los riesgos más recurrentes que encontraron en los proyectos que se ejecutan aquí?

—Lo principal que evidenciamos es que tienen muchos retrasos en dos etapas: en la planificación del proyecto, que es donde se dan los estudios de impacto ambiental, lo cual es una buena práctica porque tiene mucha normativa, pero eso genera un retraso que se puede mejorar; y en la etapa de ejecución, que presumimos se da por la falta de liquidez del sector público para realizar los pagos.

“También ha pasado que lo que se planifica cambió; cuando lo fuiste a ejecutar, el ambiente en el lugar cambió, es parecido a lo que pasó en San Carlos”.

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