Costa Rica asciende a segundo lugar en índice de combate a corrupción
Informe regional señala que, si bien Costa Rica avanzó en el índice en el último año, existe preocupación por las críticas del gobierno de Chaves a los medios de comunicación y al Poder Judicial
14/06/2021/ Oficiales del OIJ durante allanamiento CONAVI / Fotografía: John Durán JOHN DURAN
Durante el último año, Costa Rica superó a Chile y alcanzó el segundo lugar en una medición que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener la corrupción.
Mejoras en la capacidad legal del Estado para perseguir la corrupción, así como en la solidez de la democracia y las instituciones públicas le permitieron a Costa Rica subir su nota de 6,45 en junio del 2021, a 7,11 —para una mejora del 10%—, en la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), realizado por el foro AmericasSociety/Council of the Americas y la empresa Control Risks.
El país desplazó a Chile, que bajó a la tercera posición con un puntaje global de 6,88. En la primera posición se mantiene Uruguay, con una nota de 7,42. Según esta medición, cuanto más alta sea la calificación de un país, hay más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. El informe incluye a 15 países.
El informe 2022 del CCC, dado a conocer este miércoles, detalla que en la calificación general se ponderan tres categorías de medición: capacidad legal del Estado, democracia e instituciones públicas y sociedad civil y medios de comunicación.
Los dos primeros evalúan aspectos como la independencia y la eficiencia judicial, la transparencia y el acceso a la información del Gobierno, la calidad de las leyes sobre financiamiento de campañas y la calidad de la democracia.
En ambas categorías, el índice 2022 encontró “mejoras moderadas”, entre las cuales destacan el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2021-2030, y las diligencias judiciales de los casos Cochinilla, Diamante y el cemento chino.
Los otros países que evalúa el CCC son, según el orden de las calificaciones obtenidas: Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, México, Guatemala, Bolivia y Venezuela.
Retroceso en social civil y comunicaciones
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Pese a la mejora en la nota global, el CCC alerta de un retroceso de casi un 7% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, con una nota de 6,14.
Específicamente, hubo una desmejora en la variable sobre movilización de la sociedad civil contra la corrupción (4,33), así como en la de comunicaciones digitales y redes sociales (5,55). En ambas categorías, la calificación costarricense quedó por debajo de la media regional. En el rubro de mejoras en la educación, el país apenas superó el promedio, con un 5,74.
El informe dice que, en el declive en dichas áreas, probablemente contribuyó “la desilusión popular con la clase política”.
Allanamiento CONAVI El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2022 destaca que durante el 2021, las autoridades judiciales anunciaron investogaciones "sobre presuntas esquemas de corrupción entre empresas constructoras
y funcionarios públicos", conocidas en el país como los casos Cochinilla y Diamante. (JOHN DURAN)
La puntuación fue más alta en la variable sobre calidad de la prensa y del periodismo de investigación, en la que Costa Rica alcanzó un 8,34.
Preocupación por afirmaciones de Chaves
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En el apartado de “temas críticos para monitorear”, el CCC menciona que el presidente Rodrigo Chaves lanzó mensajes antisistema y anticorrupción durante la campaña electoral. Y, aunque catalogó como “probable” que el nuevo Gobierno le dé prioridad a las reformas anticorrupción, impulsarlas supondrá una ardua tarea, por carecer el oficialismo de mayoría en el Congreso.
Por otro lado, el informe señala que existe “preocupación” por declaraciones que ha dado el mandatario sobre la prensa y la labor de los otros dos poderes de la República.
“Los observadores han expresado su preocupación por las críticas de Chaves a los medios de comunicación y al Poder Judicial, así como por las promesas que hizo en la campaña de promulgar reformas por referéndum o por decreto para eludir la Asamblea Legislativa”, dice el documento.
