La carretera inconclusa entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos, lleva más de 22 meses sin mantenimiento y los daños en las obras que se ejecutaron durante más de una década son cada vez más visibles.
La construcción de los 29,7 km del llamado tramo central, quedó a medias luego de que en agosto del 2018, el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, rompiera el contrato con la empresa que tenía a cargo la construcción de la vía, debido al poco avance. Desde entonces, la atención que ha recibido ha sido mínima.
En el 2019, el Consejo Nacional de Vialidad realizó algunas labores de mantenimiento para evitar la pérdida de la inversión. Sin embargo, estos trabajos se detuvieron tras denuncias por supuesto uso de fondos públicos para la construcción de accesos privados y rutas cantonales, como parte de las labores de mantenimiento. También influyeron otras irregularidades que incluso fueron señaladas en un informe reciente del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
Ahora, el MOPT descarta realizar nuevos contratos de conservación para atender esa sección y más bien anunció que la recuperación de los tramos dañados se hará como parte de la licitación para finalizar la vía.
Así lo explicó el viceministro de Infraestructura, Tomás Figueroa Malavassi, quien es el encargado de la unidad ejecutora del nuevo proyecto.
“En relación con el mantenimiento, en general lo que hay ahí es una obra suspendida, con problemas principalmente en lo que se refiere a escombreras (...) Son problemáticas que se arrastran del contrato antiguo y que habrá que solucionar en cada sección, conforme se vaya contando con recursos y contratos para ir finalizando cada una.
“Ahí no aplica mantenimiento, eso es un proyecto en construcción, ahí no se pueden aplicar los contratos de conservación. Conforme se vaya construyendo cada sección de la vía se van a ir solucionando los problemas”, dijo.
Víctor Lizano, presidente de la Asociación Pro-Carretera, lamentó que se continúe perdiendo parte de la inversión de $88 millones que se canceló a la empresa Sánchez Carvajal, la cual dejó la obra con un 60% de avance.
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“Una carretera que no se usa, se daña. Reparar de nuevo todo es una lástima, porque se perdió mucha cosa por falta de mantenimiento”, afirmó Lizano.
Según dijo los daños más visibles tienen que ver con los deslizamientos que afectan cunetas y el pavimento, así como pasos secundarios que se han aterrado.
El temor de los vecinos es que con la época lluviosa, que está por entrar en la etapa más fuerte, el deterioro se intensifique.
Tras una visita a la zona el jueves anterior, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez, explicó que el proyecto ya cuenta con el visto bueno de la Contraloría General de la República para avanzar en la etapa de planificación y licitación.
Para esto fue necesario contratar una empresa consultora que se encargará de realizar los estudios de factibilidad técnica, ambiental, social, económica y financiera del proyecto. Este abarcará desde la carretera Bernardo Soto en San Miguel de Naranjo (inicio de la punta sur) hasta la Abundancia de Ciudad Quesada. Paralelamente, se avanza en las expropiaciones y la gestión social.
De acuerdo con el cronograma que el MOPT presentó a los vecinos, la carretera estaría lista en el 2025.
Para completar todo el proyecto (incluida la punta sur) el Gobierno dispone de $225 millones provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sin vigilancia
Además de carecer de mantenimiento, el tramo central tampoco cuenta actualmente con vigilancia y los piques y actos de vandalismo siguen siendo la tónica.
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A inicios de año, el Conavi había anunciado la contratación temporal de un servicio de seguridad, sin embargo esa actividad se vio afectada por la falta de presupuesto, por lo que fue suspendido a los pocos meses.
De acuerdo con Lizano, actualmente los vecinos de la zona se organizaron mediante alianzas con las autoridades locales, para realizar vigilancia preventiva, de modo que alertan a Fuerza Pública cuando se tienen reportes de actos irregulares, aunque según reconoce no es igual de efectivo como si la vía estuviera completamente cerrada.
Incluso dijo, días atrás un accidente dejó una víctima fatal, mientras se realizaban piques sobre el trayecto asfaltado que es de más de 20 km.
“Nosotros deseáramos que nadie se metiera a la carretera que no está terminada, pero el daño ya lo hicieron, se robaron materiales, hierros para venderlos como chatarra y otras cosas que habían quedado y que las pagamos todos los costarricenses”, dijo Lizano.
La reanudación de esa actividad se realizaría una vez que se apruebe el presupuesto extraordinario del MOPT, que sufrió atrasos tras los acontecimientos relacionados con el Caso Cochinilla.