La promesa de vientos de cambio y progreso pareciera no haber calado en todos los limonenses, pues un grupo que ve con desconfianza y preocupación la puesta en funcionamiento de la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM), de la empresa APM Terminals.

Trabajadores relacionados con la carga y descarga de mercancías o transporte están entre los más inquietos.

A ellos se les suman un número aún sin definir de trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), cuyas operaciones se verían reducidas a menos de la mitad con la entrada en operación del megapuerto.

Entre estos grupos se encuentran los estibadores, quienes se encargan de acomodar las mercancías de los barcos.

La moderna operación con la que cuenta la nueva terminal, permite prescindir de esa mano de obra.

Muchos ya han visto como los “llamados” para atender barco se redujeron drásticamente desde octubre, cuando empezó a operar el primer puesto de atraque.

Se estima que en Limón hay más de 3.000 estibadores y la APM solo daría trabajo a unos 350.

El presidente Carlos Alvarado no niega el problema.

“El empleo privado nos preocupa, porque ciertamente hubo un cambio de operación, lo que tenemos que hacer es acelerar los proyectos de inversión. Por ejemplo, conforme avance la ruta 32, la contratación va a pasar de 1.000 a 1800 trabajadores. ¿Por qué insistimos tanto en los planes de ordenamiento? Hay inversiones que quieren venir a Limón pero que no tienen seguridad jurídica”, expresó.

Tras el cierre de parte de las operaciones de la empresa Dole, que implicó el despido de unos 240 trabajadores, el Gobierno anunció la creación de una mesa de diálogo, para atender, entre otros tema, el empleo en la provincia.

Hasta este momento, no se han dado a conocer los avances sobre esta iniciativa.

Sus razones

Martín Rojas, quien labora para la empresa Servináutica contó semanas atrás a La Nación que desde hace meses la zozobra acompaña a él y otros colegas, pues a diario se acercan a revisar la pizarra para ver si son convocados a descargar. Casi siempre se encuentran con malas noticias.

Esvin Torres, quien trabaja con la empresa Anfo contó que pasaron de atender hasta ocho barcos por semana a solo dos.

La ley estipula que los estibadores deben recibir unos ¢355 por cada contenedor movilizado.

Carlos Castañeda, gerente administrativo de Cadesa, otra de las estibadoras de Limón dijo a La Nación a finales de enero que con la entrada en operación del nuevo puerto se verían obligados a recortar el personal.

Para entonces, habían calculado cuántos de los más de 348 trabajadores que tienen, deberían liquidar. Sus operaciones habían disminuido en un 40%.

“Todavía no hemos tenido que reducir, porque hay líneas que todavía se mantienen con nosotros, pero el salario de los trabajadores sí porque hay menos barco, menos carga.

“Nosotros mismos nos preguntamos a veces qué es lo que va a pasar porque hay personas que llevamos cierto tiempo aquí y cambiar de trabajo así ... y ahorita en Limón no hay trabajo, y hay gente aquí que solo sabe hacer eso, entonces se les complica un poco más”, añadió.

A la preocupación de los estibadores se suma la de los transportistas que trabajan bajo la modalidad llamada carrusel.

Estos camioneros son los que trasladan las cargas desde los predios hasta el muelle de Moín.

Sin embargo, muchos aseguran que esta actividad también desaparecería pues la carga no requerirá ser almacenada en predios, sino que podría llegar directamente a la isla de la TCM para ser embarcada, debido a las facilidades que la empresa ofrece.

“Nosotros trabajamos en la modalidad de carrusel, que es cuando los contenedores que vienen de las fincas y llegan a conectarse a tomas de refrigeración. Ahora, con la nueva terminal, eso ya no va a existir porque los contenedores van directo hacia los clientes.

"Es algo que nos preocupa a todos, pero creemos que esto va a ser una etapa que vemos como un colador, tenemos que ponernos las pilas e ir buscando nuevos rumbos a ver qué es lo que va a quedar del transporte”, aseguró Rodrigo Chacón quien trabaja en ese sector.

Él calculó que sus viajes se redujeron en un 50%.

Precisamente en los predios, la preocupación también radica en ese pase directo que ahora harían las mercaderías hacia el nuevo puerto.

Gino Renzi, director general de la empresa Grupo Renzi, donde se prestan servicios de almacenamiento, reparación y refrigeración de contenedores

“Hemos tenido una valoración de los servicios que vamos a dejar de prestar con el ingreso de APM, como es la reconexión de contenedores que vienen de fincas en las tomas eléctricas, eso es como un 40% de la operación de nosotros”, aseguró.

Según dijo, estiman que deberían prescindir de al menos 10 de sus trabajadores.

“Todo el mundo está preocupado de qué puede suceder (...) estamos tratando de abrir otro abanico de servicios para tratar de no eliminar a nadie, lo que pasa es que es muy difícil porque nadie sabe qué va a pasar,aquí todos estamos aprendiendo”, agregó.

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