La licitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para modernizar su red 4G e implementar la tecnología 5G —con un presupuesto estimado de $249 millones— acumuló esta semana su segunda prórroga y empujó la adjudicación para finales de mayo, cuando la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles ya habrá concluido.
La decisión, confirmada este 24 de marzo, concede 30 días hábiles adicionales para que los administradores del contrato completen verificaciones internas tras la etapa de mejora de precios, a fin de que luego eleven la recomendación de adjudicación a la Junta de Adquisiciones.
El retraso golpea una de las promesas más tempranas del presidente Chaves Robles, quien al asumir el poder en mayo de 2022 declaró la red 5G como prioridad de su agenda de conectividad.
Cuatro años después, el ICE sigue sin adjudicar el contrato, mientras operadores privados ya ofrecen servicios de esa tecnología en el país.
El expediente 2025XE-000492-0000400001 en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) arrastra complicaciones desde el inicio del proceso, en julio de 2025.
El primer obstáculo llegó el 6 de octubre de ese año, cuando Huawei Technologies presentó un recurso de objeción que suspendió automáticamente el concurso y retrasó la recepción de ofertas hasta finales de ese mes.
En febrero pasado, los administradores del contrato debieron emitir 41 solicitudes de subsanación a las empresas participantes para verificar el cumplimiento técnico y legal de sus propuestas, así como para justificar las diferencias de precio entre las ofertas.
Ese trámite agotó el cronograma original: la adjudicación prevista para el 17 de febrero se postergó al 7 de abril, y ahora se corre para finales de mayo.
En la justificación oficial consignada en el expediente, el Instituto califica el plazo adicional de “indispensable” para garantizar “la adecuada calidad técnica y administrativa de los bienes y servicios por adquirir”, en observancia de los principios de eficiencia, eficacia y legalidad de la contratación administrativa.
Presión por garantías
Mientras el reloj corre, el ICE enfrenta la presión de las fechas de expiración de las garantías de participación de los gigantes tecnológicos interesados en este concurso.
Las garantías de participación son instrumentos financieros o documentos de certificación bancarios que aseguran la seriedad de una oferta en una licitación pública. Su función es certificar que el oferente mantendrá su propuesta y cumplirá con el contrato si resulta adjudicado.
Huawei Technologies cuenta con vigencia hasta el 22 de mayo, apenas dos días después de la nueva fecha de adjudicación, mientras que otras firmas como Samsung Electronics y el consorcio Datasys-Ciberc-ITC tienen sus límites fijados para mediados de abril.
Solo Ericsson y Nokia poseen márgenes más amplios que llegan hasta junio y julio respectivamente.
De no concretarse el acto final en este nuevo plazo, la institución se arriesga a que las ofertas pierdan vigencia, lo que podría obligar a un reinicio del proceso o a nuevas gestiones extraordinarias para mantener a los competidores en la mesa.