
El Gobierno de Costa Rica, por medio del Poder Ejecutivo, emitió este martes el Decreto Ejecutivo N.° 45195-MICITT, que define qué pasará con las concesiones de radio y televisión, cuya prórroga de 15 meses vence el próximo domingo.
Con la emisión del decreto, el gobierno de Rodrigo Chaves dejó sin efecto hoy su advertencia de un “apagón” de medios si la Asamblea Legislativa no aprobaba la reforma al impuesto de radiodifusión, como lo expresó el pasado 2 de abril.
Según el decreto, la prórroga regirá hasta el día hábil siguiente a la declaratoria oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tras los comicios del 2026, indica el documento publicado este martes en el diario oficial La Gaceta.
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Chaves y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora, firmaron la nueva norma que modifica un decreto previo que había extendido los permisos por 15 meses, hasta el 28 de setiembre próximo.
El decreto justifica la prórroga en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio de radiodifusión y de proteger el interés público durante el proceso electoral.
También resalta la importancia de que la ciudadanía cuente con información suficiente y veraz para ejercer su derecho al voto informado.
El texto añade que el Micitt mantiene abierto el concurso público para nuevas concesiones, actualmente en fase de instrucción por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
No obstante, la entrada en operación de esas concesiones se proyecta para mayo de 2026, en concordancia con el calendario electoral.
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Antecedentes del conflicto
La decisión se produce tras varios meses de tensión entre el Ejecutivo, los medios de comunicación y el TSE.
El 2 de abril anterior, Chaves advirtió que no prorrogaría las concesiones si el Congreso no aprobaba el proyecto de ley 24.461, que busca reformar el cálculo del canon anual que pagan las empresas de radio y televisión.
La propuesta fija un impuesto del 7,73% sobre los ingresos brutos para televisoras y del 3,13% para radiodifusoras.
Un día después de esa advertencia, el TSE intervino.
El 3 de abril pasado, el Tribunal ordenó al Micitt abstenerse de realizar cambios en el modelo o en la asignación de frecuencias de radiodifusión hasta que concluya el proceso electoral del próximo año.
La resolución del TSE, que sobrevino luego de una consulta de la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara), señaló que cualquier modificación podía poner en riesgo el derecho de la ciudadanía a un sufragio informado, al limitar el acceso a la información político-electoral.
El Tribunal recalcó que el ejercicio del voto requiere acceso plural a la información y aclaró luego que la medida abarcaba tanto la radiodifusión sonora como la televisiva.
