Las personas que quieran un puesto en alguna institución pública tendrán que pasar pruebas técnicas que certifiquen sus conocimientos y habilidades para el puesto que pretenden ocupar.

Este es uno de los principales cambios en temas de reclutamiento y selección de personal que incorpora la reforma al empleo público, impulsada por el Poder Ejecutivo.

La propuesta pretende mejorar la calidad de los funcionarios públicos y por consiguiente, de los servicios que ofrecen, explicó la ministra Pilar Garrido, durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración.

“Hay un proceso diferenciado para acceder al sector público que parte de pruebas técnicas en la medida de cada uno de los puestos”, manifestó Garrido.

Un fallo de la Sala Constitucional exigió a la Dirección General de Servicio Civil incorporar pruebas de este tipo para contratar a trabajadores públicos, sin embargo todavía no lo ha hecho.

Actualmente, solo se realiza una prueba psicométrica de personalidad, además de la verificación de los perfiles académicos requeridos para las vacantes.

Según explicó la ministra de Planificación, la Ley Marco de Empleo Público actualizaría las reglas para cumplir esa orden de la Sala, no obstante no las aplicaría Servicio Civil, sino las oficinas de recursos humanos de las instituciones.

Esas dependencias asumirían los procesos de reclutamiento, selección e incorporación de personal para cada una de las entidades, mientras que Servicio Civil realizaría un acompañamiento técnico para que se implementen las nuevas reglas.

Todas las entidades públicas, entre ellas municipalidades y universidades públicas, deberán preparar las pruebas técnicas para la aplicación de los concursos en un plazo máximo de 12 meses, luego de que entre a regir la ley.

Algunas institucines como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ya implementan dichas pruebas técnicas en sus procesos de selección de personal.

Sin pluses

Los nuevos funcionarios del Estado tendrán un salario global, eliminándose el esquema remunerativo compuesto por salario base más incentivos o pluses.

Los actuales trabajadores tendrán la posibilidad de cambiar a ese nuevo esquema o mantenerse con los pluses salariales.

Según Garrido, el salario global debe ser atractivo y no puede ir en detrimento del trabajador público, por lo que estiman que algunos trabajadores actuales del Estado quieran optar por el nuevo modelo de pago.

“Las disparidades entre salarios de trabajadores públicos son abismales. Lo que pretendemos es abordarlas con el salario global, remuneración que debe ser lo suficientemente atractiva y justa para que posibilite la reducción de esas brechas entre personas haciendo el mismo trabajo, cumpliendo con el espíritu constitucional: a igual trabajo igual salario en iguales condiciones de eficiencia”, manifestó Garrido.

Los nuevos trabajadores y los servidores bajo este nuevo modelo de pago tendrán acceso a un único plus salarial que sería entregado únicamente a los funcionarios calificados como excelente, en junio de cada año.

Los funcionarios serán sometidos a un método de evaluación, vinculados con el cumplimiento de metas de cada departamento, con el objetivo de valorar si merecen o no ese incentivo, el cual será de 10% sobre su salario global.

Ese incentivo, únicamente se podrá entregar a un máximo del 30% de los servidores públicos de cada institución.

Además, se incorporan los incentivos no monetarios, es decir, premios no económicos para los funcionarios que obtengan un buen desempeño laboral.

Una vez aprobada la iniciativa, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) emitiría una lista general de incentivos no monetarios de referencia, para que las dependencias públicas seleccionen aquellos que les resulten oportunos y convenientes.

Aplica para todos

La ministra de Planificación sostuvo ante los diputados que la reforma de empleo público cubre a casi todo el aparato estatal, pese a la oposición anunciada por diversos sectores, como las universidades estatales.

“La autonomía existe cuando se refiere a temas de la propia materia especializada de lo que ellas son responsables, es decir, en materia de régimen municipal u otros, pero (las entidades) no están disociadas de la responsabilidad que tienen en relación con otras áreas como gestión y empleo público”, manifestó Garrido.

Las únicas entidades exentas de aplicar las medidas impulsadas en la reforma son las de banca pública, los colegios profesionales y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), que no reciben transferencias estatales.

“Las condiciones que se establecen en la reforma no van en perjuicio ni le restan flexibilidad a las propias instituciones, porque son políticas lo suficientemente generales que lo que hacen es atender un modelo de gestión pública que no afecta el corazón de la operación de las mismas”, concluyó la ministra.