EscucharLa Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) lamentó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar parcialmente la ley de cáñamo y cannabis medicinal, ya que a su criterio esto responde a “temores infundados” de parte de otros sectores, los cuales impiden que esta iniciativa legal contribuya al desarrollo de compañías, la generación de empleo y la reactivación económica del país.
Este jueves el presidente Carlos Alvarado informó de que vetó el plan por razones de oportunidad y conveniencia, de acuerdo con la potestad que le otorga la Constitución Política. El mandatario objetó los artículos 5, 25 y 26 relacionados con el autocultivo y autoconsumo de la planta, así como con la producción de cáñamo industrial, alegando que se debe armonizar el texto con los instrumentos internacionales sobre sustancias psicotrópicas.
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Su decisión correspondió con el pedido que hicieron distintos sectores que urgieron modificar el proyecto, entre ellos el Partido Restauración Nacional, la Iglesia católica, la Federación Alianza Evangélica Costarricense, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Asociación Pro Desarrollo Saludable de la Adolescencia de la Clínica de Adolescentes Hospital Nacional de Niños (HNN).
Sin embargo, también desatendió a otros, como su propia fracción oficialista y diferentes cámaras empresariales tales como Uccaep, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), que argumentaron que este mercado proyecta un crecimiento exponencial a nivel mundial para los próximos años, con una industria de más de $14.000 millones.
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“Esta ley permitiría generar fuentes de trabajo en zonas rurales donde el desempleo afecta a 114.000 personas de las cuales un alto porcentaje es no calificado. El veto es injustificado dado que es el propio Poder Ejecutivo el que mediante la reglamentación a la ley, le daría viabilidad a la misma en un plazo de seis meses contados a partir de su publicación”, expresó la Unión de Cámaras en su comunicado de este viernes.
Para los empresarios, la decisión del Gobierno frena una de las herramientas más valiosas que tendría el país para recuperar la economía, atraer inversiones y crear más puestos de trabajo. “El sector empresarial recuerda que este fue un compromiso del mandatario Alvarado, durante su discurso del pasado 2 de mayo, donde se comprometió a impulsar esta iniciativa, lo cual ofrece la oportunidad de poner a Costa Rica a la vanguardia de esta industria”, concluyó la organización.
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En días pasado el ministro de Salud, Daniel Salas, dijo a La Nación que que su cartera no estaría lista para afrontar este tema si se firmaba la iniciativa que aprobaron los diputados en segundo debate. “Si esta ley al final procede como está (el texto) tendríamos que aplicar justamente el bateo. Eso es horrible. Un ministerio que siempre trata de buscar fundamentos técnicos para hacer los reglamentos, en este caso se queda completamente atado de manos”, declaró.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Michael Soto, también manifestó a este diario que legalizar el cannabis no puede ayudar a reducir el narcotráfico porque el crimen organizado siempre va a encontrar alternativas para dominar este mercado. Esto luego de que el Ejecutivo señalara que la normativa aprobada por el Congreso abre la posibilidad de que las personas utilicen el autocultivo para uso medicinal como una mampara para la siembra y comercialización de marihuana.
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