EscucharEl gobierno incumplirá el plazo de 18 meses prometido para ejecutar los 502 proyectos del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), que se financia con un crédito de $700 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Así lo advierte el Informe de Seguimiento del II Semestre 2024 sobre los créditos externos elaborado por el Ministerio de Hacienda, el cual señala además que un 75% de los procesos de contratación de ese programa fueron declarados infructuosos debido a los requisitos de experiencia solicitados en los términos de referencia para las diferentes licitaciones.
“Dada la magnitud y complejidad del programa, y del estado actual del mismo, no se considera posible lograr el desafío de ejecutar 502 proyectos en un plazo de 18 meses, periodo propuesto por el Gobierno para finalizar este programa”, concluye el documento.
Ese informe fue citado por la contralora general, Marta Acosta, durante una audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios este miércoles, donde también advirtió que ante esos atrasos los proyectos podrían quedar sin contratos de administración y supervisión, debido a que el acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) para realizar esas labores se firmó por un monto de $18 millones y con un plazo de ejecución de 21 meses.
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-”¿Si llegamos al mes 21 y hay obras sin terminar, cosa que parece evidente que puede ocurrir, quedan solo $2 millones para contratar de nuevo?”, consultó el diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña.
La contralora respondió que en la parte de administración esto podría ocurrir, porque esa es la partida disponible para asesorías, “se quedarían sin asesorías” enfatizó.
El documento de Hacienda, también señala que debido al vencimiento del contrato con UNOPS, “podría existir un riesgo de pérdida de la capacidad operativa para administrar el programa si dicho plazo no se prorroga, lo cual generaría descontrol e incertidumbre en la coordinación, ejecución, y supervisión de los proyectos”.
En relación al incumplimiento del plazo ofrecido por el gobierno, el informe menciona que este podría obedecer al tiempo que conllevan los procesos de contratación y atención del régimen recursivo por parte de la CGR, además de las dificultades de organización entre los organismos ejecutores (Consejo Nacional de Vialidad, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Vivienda, Comisión Nacional de Emergencias y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles) y la firma de implementación (UNOPS).
Los hallazgos citados por Hacienda, también contemplan deficiencias en la estructuración del programa, y falta de claridad respecto a las responsabilidades a nivel de planificación y administración de los proyectos por parte de los entidades ejecutoras, además de dificultades para medir el avance de los proyectos y precisar programas de actividades, desembolsos y ejecución del crédito, así como problemas de comunicación entre todos los actores involucrados en el programa.
“Lo anterior, dada la tipología diversa de las obras incluidas dentro del programa y la cantidad y particularidad de los diferentes organismos ejecutores involucrados”, explica el documento.
El mes anterior, la Contraloría reveló en un informe que el gobierno concentró en UNOPS la supervisión de las obras de Proeri, a pesar de que la ley del crédito con el que se financian esas obras, señala que se debían contratar empresas distintas.
Ese informe señala además, que esa selección se hizo sin contar con un estudio de mercado que comparara alternativas nacionales o internacionales que ofrecieran servicios equivalentes a unidades ejecutoras. Este martes, Acosta reiteró que las mismas normas del BCIE señalan que se debe seguir la oferta más conveniente.
Según la contralora, pese a las advertencias las entidades ejecutoras solo centraron en justificar la contratación directa a UNOPS, con base en los criterios de duración de los procedimientos de contratación que se podían aplicar.
Además se cuestionó que UNOPS fuera contratada tanto como implementadora general del programa y como implementadora específica, cuando se señalaba que la primera firma debía ejercer control sobre las segundas. La diputada liberacionista Paulina Ramírez calificó esta situación como la designación de ese organismo como “juez y parte” en la supervisión y control de los proyectos.
Mínimo avance
El detalle incluido en el reporte de Hacienda, señala que al cierre del 2024, cuando ya se habían consumido 10 meses de ejecución del crédito se había realizado un único desembolso por $74,6 millones, de los cuales se han ejecutado $11,5 millones.
Según ese recuento para esa fecha se registraban 62 proyectos sin avance, 233 proyectos en fase de preinversión (estudios preliminares), 144 proyectos en fase de diseños, (de estos 113 estaban en proceso de contratación y 31 en elaboración). Otros 63 proyectos estaban en fase de construcción, de estos 42 estaban en proceso de contratación, 16 en construcción y 5 en etapa de cierre (con la construcción finalizada).
“El cumplimiento de las responsabilidades asignadas a la Firma Implementadora General es fundamental para alcanzar el éxito del programa. Al respecto, UNOPS fue contratada para cumplir este rol y apoyar a la CNE como Organismo Ejecutor Coordinador en la ejecución e implementación de la totalidad del programa, además, tiene el rol de Firma de Implementación dentro de cada Organismo Ejecutor; es decir, que dicha oficina tiene el encargo de coordinar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar todos los proyectos del programa”, indica el documento.
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Por esta razón, Hacienda considera indispensable que la CNE “efectúe un seguimiento continuo y detallado de los entregables de UNOPS conforme al cronograma de trabajo acordado”; además sugiere asegurar el “estricto apego” de su gestión según lo establecido en el contrato de préstamo.
A pesar de que se tiene conocimiento que algunos de los 62 proyectos que no tienen avances serán excluidos del programa, para el cierre del análisis del crédito no se había formalizado la lista de proyectos que se sacarían del plan y el uso que se dará a los recursos correspondientes a dichas obras.
En la misma audiencia de este martes, la legisladora oficialista, Pilar Cisneros aseguró que para final de este año el 100% de las obras del programa estarán licitadas.
El Programa de Riesgo Inminente contempla la intervención de 502 obras públicas en estado de emergencia o riesgo, muchas de las cuales fueron afectadas por fenómenos naturales como la tormenta tropical Bonnie en el 2017, la zona de convergencia intertropical del Pacífico y el huracán Julia en el 2022. Entre estas obras se incluyen la rehabilitación de puentes y estabilización de taludes en carreteras que pasan por montañas, así como la reconstrucción de centros educativos, viviendas e infraestructura ferroviaria.
